En noviembre de 2021 termina el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y regulada por el Decreto 588 del mismo año; en cumplimiento del punto 5 sobre víctimas del conflicto del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC -EP. Se trata de un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El señor Edgar Enrique Bermúdez de Ávila y otros, presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 (parciales) del Decreto 588 de 2017, considerando que, dentro de los tres años de duración del mandato de la Comisión, no se cuenta el período en el cual la pandemia afectó el debido funcionamiento del organismo y que, una interpretación literal de la disposición, desconoce la Constitución y viola el derecho fundamental a la verdad de las víctimas del conflicto armado. Varias intervenciones ciudadanas, entre ellas, la de la Universidad Libre, respaldaron la mencionada demanda; el Gobierno y el Ministerio de Justicia señalaron que estaba llamada a no prosperar.
La pandemia de Covid-19, condujo a que durante varios meses la CEV suspendiera la atención al público; se generó la imposibilidad de realizar actividades fundamentales como encuentros en territorios, recolección de testimonios, entrevistas presenciales y eventos públicos, entre otros; lo que alteró el cronograma y la metodología que se pretendía emplear, en detrimento de un proceso de participación amplio. En cumplimiento de los cometidos de la CEV resulta imprescindible la apropiación social del contenido del informe final; afianzar el esclarecimiento de la verdad mediante los procesos misionales; lograr un diálogo social, plural y permanente con las comunidades, buscando la convivencia pacífica en los territorios.
Las limitaciones técnicas y personales para acceder a la virtualidad, así como la carencia de espacios confiables y seguros, ha impedido acceder a la información y que la población entre en contacto con la CEV. Las personas requieren compresión y empatía al momento de ser escuchadas, confidencialidad, tranquilidad y protección a su intimidad cuando cuenten y relaten su verdad. La exaltación de la dignidad aunada al contacto humano no se suple con las tecnologías.
Le corresponde a la Corte Constitucional analizar el plazo inicial de tres años acordado para el mandato de la CEV, conforme a las condiciones generadas por la pandemia, teniendo en cuenta el carácter transitorio de la Comisión. El plazo puede ser ampliado por el Congreso de la República a favor de las víctimas. En varios países se ha extendido significativamente el mandato inicial de las Comisiones de la Verdad, dada la importancia de su función de esclarecimiento; igualmente en Colombia resulta necesario para la articulación con los otros componentes de la justicia transicional.
La CEV, a pesar de las dificultades, viene adelantando un valioso trabajo a favor de las víctimas en cumplimiento de su cometido institucional. Como contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades, se reunieron en la Comisión, el excomandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño y el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso; en un encuentro que contó con la presencia de víctimas, quienes pidieron la verdad sobre los crímenes cometidos, los ataques a la población civil, las masacres y los desplazamientos. En diferentes momentos también acudieron a la Comisión los expresidentes Ernesto Samper, Cesar Gaviria y Juan Manuel Santos, quienes resaltaron la importancia de este mecanismo no judicial. Recientemente fue escuchado el expresidente Álvaro Uribe, quien no reconoce la legitimidad de la CEV ni de las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz, que son de orden constitucional. Lo dicho por los mandatarios no ofrece novedad, parece más una defensa de sus gobiernos que contribuciones a la verdad; pero de eso se trata, de escuchar en medio de las diferencias e inclusive de la descalificación. Finalmente, la CEV recibe esos aportes y realizará su análisis y contraste. Como lo dijo el padre Francisco de Roux, “vamos a buscar la verdad sin importar quién sea el presidente”, refrendando, además, que lo que se diga será tratado con respeto. Que persista la Comisión de la Verdad.
En noviembre de 2021 termina el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y regulada por el Decreto 588 del mismo año; en cumplimiento del punto 5 sobre víctimas del conflicto del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC -EP. Se trata de un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El señor Edgar Enrique Bermúdez de Ávila y otros, presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 (parciales) del Decreto 588 de 2017, considerando que, dentro de los tres años de duración del mandato de la Comisión, no se cuenta el período en el cual la pandemia afectó el debido funcionamiento del organismo y que, una interpretación literal de la disposición, desconoce la Constitución y viola el derecho fundamental a la verdad de las víctimas del conflicto armado. Varias intervenciones ciudadanas, entre ellas, la de la Universidad Libre, respaldaron la mencionada demanda; el Gobierno y el Ministerio de Justicia señalaron que estaba llamada a no prosperar.
La pandemia de Covid-19, condujo a que durante varios meses la CEV suspendiera la atención al público; se generó la imposibilidad de realizar actividades fundamentales como encuentros en territorios, recolección de testimonios, entrevistas presenciales y eventos públicos, entre otros; lo que alteró el cronograma y la metodología que se pretendía emplear, en detrimento de un proceso de participación amplio. En cumplimiento de los cometidos de la CEV resulta imprescindible la apropiación social del contenido del informe final; afianzar el esclarecimiento de la verdad mediante los procesos misionales; lograr un diálogo social, plural y permanente con las comunidades, buscando la convivencia pacífica en los territorios.
Las limitaciones técnicas y personales para acceder a la virtualidad, así como la carencia de espacios confiables y seguros, ha impedido acceder a la información y que la población entre en contacto con la CEV. Las personas requieren compresión y empatía al momento de ser escuchadas, confidencialidad, tranquilidad y protección a su intimidad cuando cuenten y relaten su verdad. La exaltación de la dignidad aunada al contacto humano no se suple con las tecnologías.
Le corresponde a la Corte Constitucional analizar el plazo inicial de tres años acordado para el mandato de la CEV, conforme a las condiciones generadas por la pandemia, teniendo en cuenta el carácter transitorio de la Comisión. El plazo puede ser ampliado por el Congreso de la República a favor de las víctimas. En varios países se ha extendido significativamente el mandato inicial de las Comisiones de la Verdad, dada la importancia de su función de esclarecimiento; igualmente en Colombia resulta necesario para la articulación con los otros componentes de la justicia transicional.
La CEV, a pesar de las dificultades, viene adelantando un valioso trabajo a favor de las víctimas en cumplimiento de su cometido institucional. Como contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades, se reunieron en la Comisión, el excomandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño y el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso; en un encuentro que contó con la presencia de víctimas, quienes pidieron la verdad sobre los crímenes cometidos, los ataques a la población civil, las masacres y los desplazamientos. En diferentes momentos también acudieron a la Comisión los expresidentes Ernesto Samper, Cesar Gaviria y Juan Manuel Santos, quienes resaltaron la importancia de este mecanismo no judicial. Recientemente fue escuchado el expresidente Álvaro Uribe, quien no reconoce la legitimidad de la CEV ni de las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz, que son de orden constitucional. Lo dicho por los mandatarios no ofrece novedad, parece más una defensa de sus gobiernos que contribuciones a la verdad; pero de eso se trata, de escuchar en medio de las diferencias e inclusive de la descalificación. Finalmente, la CEV recibe esos aportes y realizará su análisis y contraste. Como lo dijo el padre Francisco de Roux, “vamos a buscar la verdad sin importar quién sea el presidente”, refrendando, además, que lo que se diga será tratado con respeto. Que persista la Comisión de la Verdad.