El caso 11, un compromiso con las víctimas de violencia de sexual y de género

Han pasado dos años desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Macrocaso 11 sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual y la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. Hasta la fecha, la JEP ha acreditado a más de 700 víctimas en los tres subcasos y avanza en el llamado y la recepción de versiones voluntarias por parte de comparecientes que deben realizar aportes significativos a la verdad sobre estas violencias.

Cinco Claves es una alianza conformada por la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide y Colombia Diversa. Desde el proceso de negociación entre las FARC-EP y el Gobierno nacional hemos insistido en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de violencias sexuales, reproductivas o motivadas por prejuicio. Varias de nuestras recomendaciones fueron incorporadas en el Acuerdo Final de Paz y hoy hacen parte de las normas que rigen el actual proceso de justicia transicional.

Desde septiembre de 2023 celebramos la apertura de la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas en este caso. En 2025, reconocemos el valioso avance logrado en la investigación de los crímenes.

Consideramos que el Caso 11 representa una oportunidad histórica para que la JEP dé un salto significativo en el abordaje y juzgamiento de violencias basadas en género. Esto implica crear metodologías de investigación, estrategias probatorias y herramientas de análisis sólidas sobre la responsabilidad penal de los actores del conflicto armado y sobre el uso de la violencia sexual como parte de políticas, patrones y planes comunes de las organizaciones armadas, tanto en la confrontación contra el Estado como en la lucha contrainsurgente o en la política de connivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo.

La JEP cuenta con un mandato legal de hasta 15 años, de los cuales ya han transcurrido un poco más de siete —la JEP inició labores en marzo de 2018—. El tiempo disponible para el Caso 11 es considerablemente menor al destinado a los otros diez casos, lo que exige a la magistratura la máxima rigurosidad.

Esto implica recoger aprendizajes, consolidar hallazgos de verdad, valorar los reconocimientos o negativas de reconocimiento por parte de los comparecientes e incorporar, de manera ineludible, el enfoque de género y una perspectiva interseccional, contextual y situada de las estructuras sociales que permitieron hechos que, por su carácter generalizado o sistemático, deben ser juzgados como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no amnistiables.

Los desafíos son numerosos y complejos, pero plenamente alcanzables desde una perspectiva de justicia reparadora que brinde al país herramientas para reparar a las víctimas y adoptar medidas efectivas para evitar la repetición de los crímenes.

A partir de la experiencia acumulada en estos dos años del Caso 11, consideramos necesario respaldar a la JEP para que logre sus fines y garantice plenamente los derechos de las víctimas. Por ello recomendamos:

• Reconocer y caracterizar el contexto discriminatorio en el que ocurrieron los hechos.
• Adoptar metodologías de investigación robustas, innovadoras y coherentes con las particularidades del crimen.
• Privilegiar el testimonio de las víctimas en la valoración probatoria, otorgándole plena credibilidad.
• Adoptar el principio de carga dinámica de la prueba.
• Reconocer la coautoría de comandantes en crímenes de VBG.
• Adoptar una ruta de protección integral para las víctimas.

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