Reconocer los derechos, defenderlos y vivir en paz
El sábado, 10 de diciembre, se cumplieron 68 años desde que las Naciones Unidas adoptasen en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo introduce esta columna. Parece un buen momento para dedicar unos minutos de reflexión a esos principios, tomar impulso y seguir avanzando con decisión hacia el deseado horizonte de una paz con derechos humanos.
A menudo, no sabemos cómo definir los derechos, pero sí sabemos reconocerlos cuando se nos arrebatan: libertad para expresar opiniones; igualdad para acceder a un trabajo sin que importe el dinero, el sexo o el color de la piel... En Colombia, muchos sectores de la población aprendieron a identificar los derechos porque, con frecuencia, se vieron privados de ellos. Por eso, la labor de los defensores de derechos humanos es vital día tras día, en todas las regiones, en infinitud de temas.
Los defensores y defensoras contribuyeron a definir la actual política pública de derechos humanos del país, en la que participaron más de 19.000 personas; defienden una salud de calidad para todos; fomentan que niños y niñas tengan las mismas oportunidades; reivindican el bienestar social de sus vecinos; demandan la conservación del entorno natural en que vivimos; buscan condiciones dignas en sus entornos laborales; reclaman igual acceso a elegir y ser elegidos en elecciones democráticas; aspiran a difundir información sin miedo a represalias. En definitiva, se vuelven defensores de todo aquello que, en lo cotidiano, mejora nuestra calidad de vida y nos brinda herramientas para el progreso.
En el conflicto armado, muchos de ellos fueron estigmatizados y asesinados por alzar voces críticas contra lo que consideraban injusticias; señalados por uno u otro bando y, en ocasiones, por el mismo Estado que debía protegerlos. Algunas de esas organizaciones están hoy inmersas en un proceso de reparación colectiva.
En este 2016, el año en que nos acercamos definitivamente al final del conflicto armado, se han dado aún amenazas y asesinatos contra estos líderes, en lugares como Cauca, Nariño y Norte de Santander. Esto es absolutamente inaceptable y, por eso, el Presidente Juan Manuel Santos instó a que la Unidad Nacional de Protección examinase la situación de seguridad y la priorización de dispositivos de protección, y planteó reuniones de trabajo con las autoridades regionales, por ser quienes mejor conocen estas zonas. Por su parte, la Fiscalía General está acelerando los procesos investigativos y estudiando los posibles patrones detrás de estas agresiones.
En mi opinión, es importantísimo reducir los niveles de impunidad, pero también ser cada vez más firmes al expresar nuestra indignación por estos hechos de violencia. El rechazo debe venir de toda la sociedad: a ella en conjunto le afecta. Cuando atacan a un defensor de derechos humanos, no solo sufren esa persona y sus seres queridos, hacen daño a una comunidad que deja de beneficiarse de su labor y a una sociedad entera, cada vez más temerosa y reprimida.
Porque queremos una Colombia sin miedo, moderna, sostenible en su desarrollo, es urgente poner en marcha el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el pasado noviembre y las medidas que incluye relacionadas con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Como bien dice el punto 5.2, “el fin del conflicto constituye la mejor oportunidad para materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y en general asegurar la satisfacción plena de los derechos humanos”. Específicamente, el Gobierno Nacional “se compromete a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, en particular las que trabajan en contextos rurales”, donde mayoritariamente ocurren las agresiones a las que nos referimos.
Como dice el mismo Acuerdo, se trata de promover que todos los colombianos tengamos “conciencia de los derechos de los otros y las otras, y nos comprometamos con su respeto y con la promoción de relaciones de convivencia y coexistencia social, sobre la base de la tolerancia y del respeto”. No es solo proteger a los defensores de derechos humanos, es arroparnos como ciudadanos.
Desde años circula un texto atribuido al alemán Martin Niemöller, que dice: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, y no había nadie más que pudiera protestar”.
Como apuntaba al comienzo, tratemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros para que, por fin, sin reservas, convivamos en paz.
Nota: Este texto es una adaptación de la presentación del documento Colombia más allá del conflicto: derechos humanos y tránsito hacia la paz, que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicará en las próximas semanas.
*Paula Gaviria Betancur es Consejera Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia.
El sábado, 10 de diciembre, se cumplieron 68 años desde que las Naciones Unidas adoptasen en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo introduce esta columna. Parece un buen momento para dedicar unos minutos de reflexión a esos principios, tomar impulso y seguir avanzando con decisión hacia el deseado horizonte de una paz con derechos humanos.
A menudo, no sabemos cómo definir los derechos, pero sí sabemos reconocerlos cuando se nos arrebatan: libertad para expresar opiniones; igualdad para acceder a un trabajo sin que importe el dinero, el sexo o el color de la piel... En Colombia, muchos sectores de la población aprendieron a identificar los derechos porque, con frecuencia, se vieron privados de ellos. Por eso, la labor de los defensores de derechos humanos es vital día tras día, en todas las regiones, en infinitud de temas.
Los defensores y defensoras contribuyeron a definir la actual política pública de derechos humanos del país, en la que participaron más de 19.000 personas; defienden una salud de calidad para todos; fomentan que niños y niñas tengan las mismas oportunidades; reivindican el bienestar social de sus vecinos; demandan la conservación del entorno natural en que vivimos; buscan condiciones dignas en sus entornos laborales; reclaman igual acceso a elegir y ser elegidos en elecciones democráticas; aspiran a difundir información sin miedo a represalias. En definitiva, se vuelven defensores de todo aquello que, en lo cotidiano, mejora nuestra calidad de vida y nos brinda herramientas para el progreso.
En el conflicto armado, muchos de ellos fueron estigmatizados y asesinados por alzar voces críticas contra lo que consideraban injusticias; señalados por uno u otro bando y, en ocasiones, por el mismo Estado que debía protegerlos. Algunas de esas organizaciones están hoy inmersas en un proceso de reparación colectiva.
En este 2016, el año en que nos acercamos definitivamente al final del conflicto armado, se han dado aún amenazas y asesinatos contra estos líderes, en lugares como Cauca, Nariño y Norte de Santander. Esto es absolutamente inaceptable y, por eso, el Presidente Juan Manuel Santos instó a que la Unidad Nacional de Protección examinase la situación de seguridad y la priorización de dispositivos de protección, y planteó reuniones de trabajo con las autoridades regionales, por ser quienes mejor conocen estas zonas. Por su parte, la Fiscalía General está acelerando los procesos investigativos y estudiando los posibles patrones detrás de estas agresiones.
En mi opinión, es importantísimo reducir los niveles de impunidad, pero también ser cada vez más firmes al expresar nuestra indignación por estos hechos de violencia. El rechazo debe venir de toda la sociedad: a ella en conjunto le afecta. Cuando atacan a un defensor de derechos humanos, no solo sufren esa persona y sus seres queridos, hacen daño a una comunidad que deja de beneficiarse de su labor y a una sociedad entera, cada vez más temerosa y reprimida.
Porque queremos una Colombia sin miedo, moderna, sostenible en su desarrollo, es urgente poner en marcha el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el pasado noviembre y las medidas que incluye relacionadas con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Como bien dice el punto 5.2, “el fin del conflicto constituye la mejor oportunidad para materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y en general asegurar la satisfacción plena de los derechos humanos”. Específicamente, el Gobierno Nacional “se compromete a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, en particular las que trabajan en contextos rurales”, donde mayoritariamente ocurren las agresiones a las que nos referimos.
Como dice el mismo Acuerdo, se trata de promover que todos los colombianos tengamos “conciencia de los derechos de los otros y las otras, y nos comprometamos con su respeto y con la promoción de relaciones de convivencia y coexistencia social, sobre la base de la tolerancia y del respeto”. No es solo proteger a los defensores de derechos humanos, es arroparnos como ciudadanos.
Desde años circula un texto atribuido al alemán Martin Niemöller, que dice: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, y no había nadie más que pudiera protestar”.
Como apuntaba al comienzo, tratemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros para que, por fin, sin reservas, convivamos en paz.
Nota: Este texto es una adaptación de la presentación del documento Colombia más allá del conflicto: derechos humanos y tránsito hacia la paz, que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicará en las próximas semanas.
*Paula Gaviria Betancur es Consejera Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia.