Relaciones, ayudas y negocios

A un mes de las elecciones parlamentarias y en medio de la campaña presidencial Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos llega a Bogotá este martes. El dignatario, quien fue Vicepresidente de la petrolera Exxon Mobil y quien no cree en el cambio climático, según una declaración que dio a la prensa, discutirá el “apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de Colombia, dirigido a los cultivos de coca, producción de cocaína, asuntos económicos y el crecimiento de población refugiada”.

En marzo de 2018 se conocerá el reporte de la oficina de narcóticos de la Casa Blanca, el cual se prevé, tendrá los efectos de una bomba en medio de la campaña política colombiana, puesto que analistas ya calculan que dicho informe revelará cifras preocupantes sobre cultivos de coca y nuevamente dichas cifras se instrumentalizarán para presionar la mano dura contra el ámbito de la producción y el retorno a viejas fórmulas que buscan la “eliminación de la oferta de drogas”. Ya en 2017, se conoció el talante de las declaraciones del gobierno norteamericano. Acabar los cultivos "en el menor tiempo posible" le exigió el vicepresidente Pence en Cartagena al presidente Juan Manuel Santos, y Trump dijo que no descertificaba a Colombia únicamente porque su país tenía relaciones estratégicas con sus fuerzas de seguridad.

En el reciente discurso del estado de la unión otra vez Trump señaló a las drogas como uno de los enemigos de los Estados Unidos, tal cual como lo hiciera Nixon en 1971. Por supuesto los esfuerzos de México, que sigue viviendo la ola de sangre mas devastadora de los últimos años, en medio de su guerra al narco, y la cifra récord de incautaciones de Colombia no le sirven al gobierno que representa Tillerson. Aunque aceptan que en el último año las fuerzas policiales y militares erradicaron el número más alto de hectáreas desde 2010 y se capturaron cerca de 500 toneladas métricas de cocaína.

Lo que parece útil a la política exterior que tiene esa potencia para América Latina es la “soberana decisión” de estos países de sumarse a sus iniciativas de control regional, desplegadas cada vez más desde Honduras. La guerra a las drogas le ha servido recientemente al país del norte “invitado por Brasil” para participar en Tabatinga, al lado de Leticia, en el Amazonas, de una serie de ejercicios militares conjuntos con fuerzas de Brasil, Perú y Colombia. Una base militar temporal internacional se instaló allí. “Cuidar” el triángulo amazónico de delitos transnacionales como el tráfico de drogas es el objetivo. Un viejo anhelo que trae Estados Unidos desde los albores de la discusión del fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En noviembre del año anterior el vicepresidente Óscar Naranjo hizo una gira por Washington donde presentó los avances del acuerdo de paz y los progresos en materia de sustitución de cultivos. Posterior a su visita el funcionario dijo que se dieron los pasos para la creación de una Fuerza Naval Conjunta que se encargue de proteger el Pacífico a través de plataformas y buques que hagan “mayor interdicción”, controlen la salida fluvial de Colombia a ese mar y aumenten la inteligencia. México también participaría de ese propósito.

En medio de ese escenario, la presencia de Rusia y China en la región es vista con recelo por Estados Unidos. Varios países de esta zona se han embarcado en acuerdos con Asia, incluyendo a Nicaragua, que quiere construir un canal interoceánico con el apoyo de Putin, quien de paso, a finales de 2017, inauguró un centro en el país centroamericano para ayudar en el “combate a las drogas” capacitando policiales y recogiendo información.

La visita también se da en medio de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la FARC. Estados Unidos no apoya el plan de sustitución de cultivos establecido en el acuerdo del Teatro Colón pero ha contribuido con guadañadoras y químicos y pertrechos para que la guerra contra los cultivos siga funcionando. Su presión por resultados motivó la estrategia del “miti y miti” que le ordenó al Ministerio de Defensa hacer uso de la fuerza para erradicar 50.000 hectáreas de coca llevando a dolorosos hechos como los de Tandil Tumaco, en octubre de 2017. Adicionalmente, la presión de Estados Unidos llevó, incluso, a que funcionarios “gringos” prácticamente se instalaran en oficinas de la Casa de Nariño y la Vicepresidencia para “ayudar” a monitorear el progreso de la estrategia nacional contra drogas.

Las relaciones con Estados Unidos, siempre mediadas por intereses en negocios, unas veces energéticos, otras veces de seguridad, mostrarán como si fuera ayuda lo que en realidad es más riesgo y daño para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las preocupaciones en materia de derechos humanos se enfocarán en Venezuela y en Cuba, como lo vaticina el Grupo de Trabajo para América Latina, una red de ONGs con sede en Washington. Y los reclamos de defensores de derechos humanos y organizaciones como WOLA que exigen la protección de líderes sociales y territorios étnicos se quedarán en el tintero o tendrán, quizá, retóricas declaraciones.