Quienes sentimos algún compromiso con la memoria histórica de este país, de nuevo nos encontramos inmensamente frustrados ante la casi inminente designación de un tercer candidato al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyas características se oponen -de nuevo- a los propósitos de esa entidad encargada de la construcción de nuestro relato como país.
Aparentemente, las protestas y pedidos debidamente sustentados ante el Gobierno por columnistas, académicos, organizaciones de víctimas y ciudadanos interesados, han tenido eco en el sentido de posponer y cambiar candidatos, pero no han servido para transmitir el mensaje esencial: Colombia necesita que el CNMH sea una entidad técnica, dirigida por un experto independiente, sin agenda política, con capacidad crítica y que, además de reconocer el mínimo supuesto de que Colombia ha sufrido un conflicto armado por décadas, entienda que esa historia debe construirse principalmente de la mano de quienes han sufrido de cerca sus consecuencias. Sin embargo, pareciera que el Gobierno insiste en postular candidatos con una mirada sesgada, alejada de lo realmente académico y decidida a reformular los planteamientos que ha desarrollado el Centro en más de una década de trabajo autónomo y riguroso. La lucha contra esta realidad solo ha producido el aplazamiento del nombramiento, que satisface a los quejosos pero que al final solo consigue dejar al CNMH en la interinidad, y, por lo tanto, en la parálisis de su actividad y su eventual irrelevancia.
La discusión estéril en torno a esa designación tal vez se deba reemplazar, más bien, por el respaldo activo y decidido a las labores de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir a la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y, especialmente en lo relativo a memoria, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Fue un gran acierto del CNMH haber entregado al Sistema a fines del Gobierno anterior, todos los informes producto de su trabajo investigativo de años. Esa información, debidamente consolidada y puesta al servicio de la construcción de paz puede contribuir a dar un contexto informado a las investigaciones de la JEP y las gestiones de la Unidad de Desaparecidos y a dejar consignado en el informe de la Comisión de la Verdad, los hallazgos reales de esa investigación que son pieza clave de la historia del conflicto colombiano.
Es ahora, en tiempos de retroceso en políticas, de regreso al culto de las armas y las figuras mesiánicas, cuando se hace necesario trabajar por dar contenido a lo que será nuestra memoria. Existe una cantidad inmensa de personas formadas y comprometidas con este propósito que no van a llegar a dirigir el Centro en este momento; pero que pueden acompañar, en cambio, la labor de las entidades del SIVJRNR y servir de contrapeso a la agenda gubernamental revisionista que tratará de imponerse en los próximos años. Expertos, académicos, universidades, víctimas y ciudadanos interesados en la paz debemos contribuir desde los lugares en los que nos encontremos a apoyar y visibilizar esos esfuerzos que algunos quieren postergar para volverlos inocuos. Todas las voces que contribuyan a construir un relato real y plural deberían estar enfocadas hacia el respaldo incondicional a estas entidades que están teniendo tantas dificultades para cumplir con su transcendental labor.
Seguirán apareciendo obstáculos, dificultades y enemigos de la búsqueda de la paz y el esclarecimiento de la verdad. Es algo que se ha presentado en todos los países que han enfrentado algún tipo de transición. Alemania, por ejemplo, ha enfrentado por casi 30 años la resistencia de sectores reacios a develar lo ocurrido en la época de las dos Alemanias de la guerra fría. Se necesitó expedir una ley hace pocos años que expresamente ‘blindara’ el trabajo en memoria que se ha querido hacer pero que ha encontrado tanta oposición de líderes del pasado. En Guatemala, contra todo pronóstico y varios años después de que la Comisión de la Verdad de ese país terminara su trabajo, la perseverancia de unos pocos valientes decididos a contar la verdad llevó al hallazgo de un archivo policial que había querido mantenerse oculto para limitar el acceso a toda la verdad del conflicto.
Está demostrado que Colombia no será la excepción a esa realidad. Por eso el llamado ahora es a unir esas energías y esa latente frustración que tantos sentimos en torno a la única institucionalidad que hoy está trabajando por la paz en este país. Es lo único que podemos hacer ante la realidad que hoy nos abruma.
Quienes sentimos algún compromiso con la memoria histórica de este país, de nuevo nos encontramos inmensamente frustrados ante la casi inminente designación de un tercer candidato al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyas características se oponen -de nuevo- a los propósitos de esa entidad encargada de la construcción de nuestro relato como país.
Aparentemente, las protestas y pedidos debidamente sustentados ante el Gobierno por columnistas, académicos, organizaciones de víctimas y ciudadanos interesados, han tenido eco en el sentido de posponer y cambiar candidatos, pero no han servido para transmitir el mensaje esencial: Colombia necesita que el CNMH sea una entidad técnica, dirigida por un experto independiente, sin agenda política, con capacidad crítica y que, además de reconocer el mínimo supuesto de que Colombia ha sufrido un conflicto armado por décadas, entienda que esa historia debe construirse principalmente de la mano de quienes han sufrido de cerca sus consecuencias. Sin embargo, pareciera que el Gobierno insiste en postular candidatos con una mirada sesgada, alejada de lo realmente académico y decidida a reformular los planteamientos que ha desarrollado el Centro en más de una década de trabajo autónomo y riguroso. La lucha contra esta realidad solo ha producido el aplazamiento del nombramiento, que satisface a los quejosos pero que al final solo consigue dejar al CNMH en la interinidad, y, por lo tanto, en la parálisis de su actividad y su eventual irrelevancia.
La discusión estéril en torno a esa designación tal vez se deba reemplazar, más bien, por el respaldo activo y decidido a las labores de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir a la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y, especialmente en lo relativo a memoria, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Fue un gran acierto del CNMH haber entregado al Sistema a fines del Gobierno anterior, todos los informes producto de su trabajo investigativo de años. Esa información, debidamente consolidada y puesta al servicio de la construcción de paz puede contribuir a dar un contexto informado a las investigaciones de la JEP y las gestiones de la Unidad de Desaparecidos y a dejar consignado en el informe de la Comisión de la Verdad, los hallazgos reales de esa investigación que son pieza clave de la historia del conflicto colombiano.
Es ahora, en tiempos de retroceso en políticas, de regreso al culto de las armas y las figuras mesiánicas, cuando se hace necesario trabajar por dar contenido a lo que será nuestra memoria. Existe una cantidad inmensa de personas formadas y comprometidas con este propósito que no van a llegar a dirigir el Centro en este momento; pero que pueden acompañar, en cambio, la labor de las entidades del SIVJRNR y servir de contrapeso a la agenda gubernamental revisionista que tratará de imponerse en los próximos años. Expertos, académicos, universidades, víctimas y ciudadanos interesados en la paz debemos contribuir desde los lugares en los que nos encontremos a apoyar y visibilizar esos esfuerzos que algunos quieren postergar para volverlos inocuos. Todas las voces que contribuyan a construir un relato real y plural deberían estar enfocadas hacia el respaldo incondicional a estas entidades que están teniendo tantas dificultades para cumplir con su transcendental labor.
Seguirán apareciendo obstáculos, dificultades y enemigos de la búsqueda de la paz y el esclarecimiento de la verdad. Es algo que se ha presentado en todos los países que han enfrentado algún tipo de transición. Alemania, por ejemplo, ha enfrentado por casi 30 años la resistencia de sectores reacios a develar lo ocurrido en la época de las dos Alemanias de la guerra fría. Se necesitó expedir una ley hace pocos años que expresamente ‘blindara’ el trabajo en memoria que se ha querido hacer pero que ha encontrado tanta oposición de líderes del pasado. En Guatemala, contra todo pronóstico y varios años después de que la Comisión de la Verdad de ese país terminara su trabajo, la perseverancia de unos pocos valientes decididos a contar la verdad llevó al hallazgo de un archivo policial que había querido mantenerse oculto para limitar el acceso a toda la verdad del conflicto.
Está demostrado que Colombia no será la excepción a esa realidad. Por eso el llamado ahora es a unir esas energías y esa latente frustración que tantos sentimos en torno a la única institucionalidad que hoy está trabajando por la paz en este país. Es lo único que podemos hacer ante la realidad que hoy nos abruma.