Responsabilidad ante ejecuciones extrajudiciales
El ascenso del general Nicacio Martínez contó con el vehemente respaldo del presidente de la República, el ministro de Defensa y la plenaria del senado, 64 votos a favor de su promoción y 1 en contra; se arguyó la presunción de inocencia, integrada como principio al debido proceso en la Constitución de 1991, la que ha adquirido en Colombia un carácter dúctil, esta se “utiliza” dependiendo de quién la reclama o a quien se atribuye, olvidando que se predica de toda persona sin distinción alguna, muestra de ello es la situación de Seuxis Paucias Hernández Solarte, tildado y condenado públicamente por el presidente de la Republica Iván Duque y la Fiscalía como delincuente, narcotraficante, extraditable; se hicieron actuaciones ilegales para impedir su libertad como lo determina la Corte Suprema de Justicia, hoy se pide que el posesionado congresista sea suspendido por el procurador General contrariando en forma grosera el ordenamiento legal.
Para el comandante del Ejército se reclamó las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia ante la carencia de causas judiciales o condenas en su contra y además por contar con una larga carrera militar.
No obstante, importantes medios de comunicación como The New York Times, AP, El País e igualmente organizaciones no gubernamentales de gran prestigio como Human Rights Watch señalaban los vínculos de Martínez y otros militares con ejecuciones extrajudiciales ocurridas en diferentes años y la expedición de una “circular de letalidad” dirigida a aumentar el número de afectaciones, esto es, muertes, capturas y desmovilizaciones en combate; así como disminuir el nivel de certeza a la hora de actuar, circular que fue revocada por el mando militar a raíz de estas denuncias, lo que provocó la intervención de la procuraduría.
El Senado de la República, en la función de aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el Gobierno a los más altos grados, no cumple un mero papel de verificador de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales; pues, si así fuese bastaría con presentar los respectivos certificados por el interesado o solicitarlos institucionalmente; el Senado ejerce un control político, haciendo una valoración integral sobre la viabilidad y conveniencia de esos asensos más allá del cumplimiento de los requisitos formales de antigüedad, experiencia o los conceptos favorables de las juntas asesoras que en estas materias están vinculadas al Gobierno.
El ascenso ya se hizo, pero ante las denuncias sobre la posible participación y la eventual responsabilidad en conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, las que no son nuevas dentro de la fuerza pública, la respuesta de quienes representan al pueblo en el órgano político y de legislación tiene que ser contundente sobre el esclarecimiento y la protección de los afectados, no basta con que se diga que el general está dispuesto a acudir a los llamados de las autoridades y que se adelantaran las investigaciones por quienes son competentes para ello, cuando es suficientemente conocido que esas diligencias no avanzan y arrojan un pobre resultado; entonces ¿cuál es el mensaje a las numerosas víctimas de estos cruentos crímenes? Por ahora la incertidumbre, la desconfianza hacía los altos mandos y los miembros de la Fuerza Pública se acentúa arropada de impunidad.
Por otro lado, pero con todos los vasos comunicantes en materia de muertes arbitrarias, está la moción de censura que se adelanta contra el ministro de defensa Guillermo Botero. Nuestro país vive una profunda crisis por la grave cadena de asesinatos, lo que al parecer se percibe como algo cotidiano, en ocasiones no se ofrece siquiera una voz clara de condolencia o solidaridad o lo que es peor, se dan explicaciones que denotan degradación de las personas, intentos de ocultamiento, desviación sobre lo ocurrido, comportamientos deplorables que se han repetido con los dos últimos ministros de defensa, tal como sucedió con las primeras declaraciones del ministro Botero tras el asesinato del ciudadano Dimar Torres exmiembro de las FARC. En otro momento, las explicaciones del exministro Luis Carlos Villegas sobre el homicidio de más de trescientos campesinos, líderes y reclamantes de tierras, las que atribuyó en su inmensa mayoría a temas de faldas, linderos, problemas de vecinos o cobros de cuentas ilícitas.
El ministro Botero no es idóneo para la cartera de defensa, sus yerros sobre la protesta social, la estigmatización a líderes sociales, el permitir directrices que propician violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de miembros de la Fuerza Pública, hacen que su permanencia en el cargo sea cuestionable. La posibilidad de que la moción de censura prospere es lejana, no solo por la “intensa campaña” adelantada a su favor en el Congreso de la República con el respaldo de los partidos de gobierno y la observancia de los requisitos exigidos por la Constitución, para que este procedimiento sea aprobado se requiere que la votación logre la mayoría absoluta de los integrantes de la cámara que lo tramitó.
La situación es delicada ya que los servidores públicos tienen una responsabilidad reforzada, responden por infringir la Constitución y las leyes, como los particulares, y, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (Cons Pol. art. 6). Lo anterior refleja que la inmunidad y garantía que confieren los derechos fundamentales a las personas no se está sujetando a la cláusula general de protección dispuesta por la Constitución y el ordenamiento legal, sino a los juicios que haga unilateralmente cada funcionario, a los afectos o desafectos que se tenga o la postura ideológica, todo esto en detrimento del Estado de derecho y de los bienes esenciales de las personas.
Si con el cuadro aterrador de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias denunciadas por las comunidades, los medios de comunicación, las ONG, los informes de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el seguimiento al Acuerdo de Paz, que no son de ahora ni por los recientes acontecimientos políticos, el aplazamiento del ascenso del general Martínez no se logró y la moción de censura al ministro Botero posiblemente no prosperará, entonces es el momento para exigirle al presidente de la República, al Gobierno, a la fiscalía, a los jueces a los miembros de la fuerza pública que den explicaciones satisfactorias al país y especialmente a la víctimas; entregando resultados, valorando objetivamente los procesos judiciales, evaluando detenidamente las medidas tomadas para que esto no ocurra y no haya repetición.
Ese desbordado ímpetu, reiteración e intensidad, con que el presidente, su Gobierno y la mayoría de senadores han procedido para contrarrestar a Hernández Solarte, defender al comandante del Ejército y al ministro de defensa, hoy se requiere con urgencia para que esta barbarie de las ejecuciones extrajudiciales cese y se castigue a los responsables.
El ascenso del general Nicacio Martínez contó con el vehemente respaldo del presidente de la República, el ministro de Defensa y la plenaria del senado, 64 votos a favor de su promoción y 1 en contra; se arguyó la presunción de inocencia, integrada como principio al debido proceso en la Constitución de 1991, la que ha adquirido en Colombia un carácter dúctil, esta se “utiliza” dependiendo de quién la reclama o a quien se atribuye, olvidando que se predica de toda persona sin distinción alguna, muestra de ello es la situación de Seuxis Paucias Hernández Solarte, tildado y condenado públicamente por el presidente de la Republica Iván Duque y la Fiscalía como delincuente, narcotraficante, extraditable; se hicieron actuaciones ilegales para impedir su libertad como lo determina la Corte Suprema de Justicia, hoy se pide que el posesionado congresista sea suspendido por el procurador General contrariando en forma grosera el ordenamiento legal.
Para el comandante del Ejército se reclamó las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia ante la carencia de causas judiciales o condenas en su contra y además por contar con una larga carrera militar.
No obstante, importantes medios de comunicación como The New York Times, AP, El País e igualmente organizaciones no gubernamentales de gran prestigio como Human Rights Watch señalaban los vínculos de Martínez y otros militares con ejecuciones extrajudiciales ocurridas en diferentes años y la expedición de una “circular de letalidad” dirigida a aumentar el número de afectaciones, esto es, muertes, capturas y desmovilizaciones en combate; así como disminuir el nivel de certeza a la hora de actuar, circular que fue revocada por el mando militar a raíz de estas denuncias, lo que provocó la intervención de la procuraduría.
El Senado de la República, en la función de aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el Gobierno a los más altos grados, no cumple un mero papel de verificador de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales; pues, si así fuese bastaría con presentar los respectivos certificados por el interesado o solicitarlos institucionalmente; el Senado ejerce un control político, haciendo una valoración integral sobre la viabilidad y conveniencia de esos asensos más allá del cumplimiento de los requisitos formales de antigüedad, experiencia o los conceptos favorables de las juntas asesoras que en estas materias están vinculadas al Gobierno.
El ascenso ya se hizo, pero ante las denuncias sobre la posible participación y la eventual responsabilidad en conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, las que no son nuevas dentro de la fuerza pública, la respuesta de quienes representan al pueblo en el órgano político y de legislación tiene que ser contundente sobre el esclarecimiento y la protección de los afectados, no basta con que se diga que el general está dispuesto a acudir a los llamados de las autoridades y que se adelantaran las investigaciones por quienes son competentes para ello, cuando es suficientemente conocido que esas diligencias no avanzan y arrojan un pobre resultado; entonces ¿cuál es el mensaje a las numerosas víctimas de estos cruentos crímenes? Por ahora la incertidumbre, la desconfianza hacía los altos mandos y los miembros de la Fuerza Pública se acentúa arropada de impunidad.
Por otro lado, pero con todos los vasos comunicantes en materia de muertes arbitrarias, está la moción de censura que se adelanta contra el ministro de defensa Guillermo Botero. Nuestro país vive una profunda crisis por la grave cadena de asesinatos, lo que al parecer se percibe como algo cotidiano, en ocasiones no se ofrece siquiera una voz clara de condolencia o solidaridad o lo que es peor, se dan explicaciones que denotan degradación de las personas, intentos de ocultamiento, desviación sobre lo ocurrido, comportamientos deplorables que se han repetido con los dos últimos ministros de defensa, tal como sucedió con las primeras declaraciones del ministro Botero tras el asesinato del ciudadano Dimar Torres exmiembro de las FARC. En otro momento, las explicaciones del exministro Luis Carlos Villegas sobre el homicidio de más de trescientos campesinos, líderes y reclamantes de tierras, las que atribuyó en su inmensa mayoría a temas de faldas, linderos, problemas de vecinos o cobros de cuentas ilícitas.
El ministro Botero no es idóneo para la cartera de defensa, sus yerros sobre la protesta social, la estigmatización a líderes sociales, el permitir directrices que propician violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de miembros de la Fuerza Pública, hacen que su permanencia en el cargo sea cuestionable. La posibilidad de que la moción de censura prospere es lejana, no solo por la “intensa campaña” adelantada a su favor en el Congreso de la República con el respaldo de los partidos de gobierno y la observancia de los requisitos exigidos por la Constitución, para que este procedimiento sea aprobado se requiere que la votación logre la mayoría absoluta de los integrantes de la cámara que lo tramitó.
La situación es delicada ya que los servidores públicos tienen una responsabilidad reforzada, responden por infringir la Constitución y las leyes, como los particulares, y, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (Cons Pol. art. 6). Lo anterior refleja que la inmunidad y garantía que confieren los derechos fundamentales a las personas no se está sujetando a la cláusula general de protección dispuesta por la Constitución y el ordenamiento legal, sino a los juicios que haga unilateralmente cada funcionario, a los afectos o desafectos que se tenga o la postura ideológica, todo esto en detrimento del Estado de derecho y de los bienes esenciales de las personas.
Si con el cuadro aterrador de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias denunciadas por las comunidades, los medios de comunicación, las ONG, los informes de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el seguimiento al Acuerdo de Paz, que no son de ahora ni por los recientes acontecimientos políticos, el aplazamiento del ascenso del general Martínez no se logró y la moción de censura al ministro Botero posiblemente no prosperará, entonces es el momento para exigirle al presidente de la República, al Gobierno, a la fiscalía, a los jueces a los miembros de la fuerza pública que den explicaciones satisfactorias al país y especialmente a la víctimas; entregando resultados, valorando objetivamente los procesos judiciales, evaluando detenidamente las medidas tomadas para que esto no ocurra y no haya repetición.
Ese desbordado ímpetu, reiteración e intensidad, con que el presidente, su Gobierno y la mayoría de senadores han procedido para contrarrestar a Hernández Solarte, defender al comandante del Ejército y al ministro de defensa, hoy se requiere con urgencia para que esta barbarie de las ejecuciones extrajudiciales cese y se castigue a los responsables.