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La denuncia sobre el acoso sexual a mujeres periodistas en Caracol Televisión y el juicio contra Lina Castillo —demandada por Holman Morris, gerente del sistema de medios públicos RTVC, luego de que ella lo denunciara por acoso sexual— dispararon las alertas, o mejor, pusieron altavoces a lo que ha acompañado a las mujeres dondequiera que estén. Gracias patriarcado, gracias patriarcas.
La investigación realizada por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y la Fundación Karisma en 2021, con una encuesta en línea a 470 periodistas y comunicadoras —127 hombres incluidos— de diferentes edades y lugares de Colombia, cuatro grupos focales con 24 personas y 10 entrevistas a profundidad, buscó identificar la violencia y el acoso sexual que viven las mujeres periodistas en el cubrimiento de la información. Se trataba de apuntar a un hecho oculto que perturba la vida misma de la periodista, su relación con jefes, colegas y fuentes, y que por lo tanto afecta la cotidianidad de manera subterránea, así como el derecho a la información y a la libertad de prensa. La situación no ha cambiado.
El estudio arriba citado “Periodistas sin Acoso: Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras” reveló que el 73,4% de las mujeres en su ejercicio profesional ha sido víctima de violencia psicológica y el 67,1% de acoso sexual.
Los ambientes laborales son asfixiantes: chistes flojos cargados de morbo, expresiones corporales que rayan en la vulgaridad, comentarios en corrillos sobre el cuerpo y la vestimenta de las mujeres, mensajes por WhatsApp, arrinconamientos para intentar manosear… ¡Sí! Esto pasa, y lo hacen jefes, compañeros de trabajo y fuentes. ¿Todos? No. Sin embargo, reina la complicidad del silencio y la falta de medidas eficaces.
Órdenes de trabajo como: “Si usted tiene que acostarse con la fuente, ¡hágalo!, pero tráigame la noticia”, la ridiculización y los gritos para dirigirse a ellas… Esto es lo que las audiencias no saben que ocurre detrás de cámara.
El caso de violencia sexual contra la periodista Vanessa Restrepo, de El Colombiano, llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse con la Sentencia T-140/21: “Derechos a la igualdad material, al trabajo, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias —Perspectiva de género en la atención de denuncias por agresión sexual en el entorno laboral”.
La Sentencia afirma que “(…) tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo deben respetar y proteger los derechos humanos con los estándares exigidos, lo que incluye la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia y/o discriminación contra las mujeres periodistas y aquellas que trabajan en los medios de comunicación. En esa medida, deben actuar de manera deferente, no neutral e intolerante frente a la violencia y/o discriminación por motivos de género contra las mujeres periodistas”.
La misma sentencia exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a “adoptar las medidas y adelantar las acciones indispensables, a efectos de lograr la ratificación y aprobación del Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo”.
Muchas periodistas han guardado silencio frente a una violencia que, por generalizada y normalizada, se aprende a evadir y minimizar. No denuncian por miedo, por desconfianza hacia la institucionalidad, por desconocimiento de las rutas, o porque ven la impunidad y los privilegios de quienes la ejercen.
Las periodistas víctimas de acoso sexual, según la investigación de Periodistas sin Acoso, sufren afectaciones a la salud física y psicológica, se autocensuran, modifican su práctica profesional o abandonan de forma permanente o temporal la profesión.
¿Por qué no han avanzado los medios para erradicar esta práctica machista? Porque los medios son reflejo de lo que socialmente vivimos. Sin embargo, deberían ser los llamados a asumir posturas que contribuyan al cambio cultural y no a la reafirmación de la desigualdad. ¿Tienen protocolos con enfoque de género? Y si los tienen, ¿Cómo los aplican? ¿Los conocen todas las personas vinculadas a la empresa? ¿Hacen seguimiento y procesos de formación de manera constante?
Es hora de salir del constante lamento de por qué tantos derechos para las mujeres —parecen muchos porque antes no teníamos—, de la queja de que “no sabemos cómo relacionarnos” o “ellas todo lo interpretan mal”. Necesitamos procesos que nos ayuden a converger, en los que mujeres y hombres podamos aportar, pero también decirle adiós a la impunidad. El Estado, los gobiernos, las empresas de comunicación, plataformas y academia deben implicarse. Es nuestro futuro, son nuestros derechos.
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