Honorables Senadoras y Senadores:
La reforma constitucional que modifica el artículo 49 (referente a la atención y los servicios de salud) fue aprobado en sexto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y finalmente regresa al Senado, para los últimos dos debates. Esta reforma es de la mayor relevancia política, pero a la vez su alcance es limitado. Si lo analizamos en detalle, no cambia de manera trascendental el statu quo. Esta reforma permite una coherencia normativa en nuestra legislación para armonizarla con disposiciones jurídicas previas referente al consumo de cannabis.
Es importante recordar que el articulo y la frase que se quieren modificar- “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”- no contradice la histórica sentencia de la Corte Constitucional que estipuló el derecho constitucional a la dosis mínima basada en el libre desarrollo de la personalidad. Hoy, el consumo de marihuana, su porte para satisfacer la dosis mínima y la dosis de aprovisionamiento están protegidos constitucionalmente. Incluso, es legal el autocultivo hasta de 20 plantas.
Por lo tanto, en la práctica, la redacción actual del artículo 49 no tiene ningún alcance para prohibir el consumo de cannabis ni el autocultivo, pero en cambio sí abre un hueco de interpretaciones que dificultan regular un eventual mercado legal. Ahora, esta reforma constitucional no regula directamente el mercado, solo elimina las contradicciones y posibles interpretaciones para decidir cómo se puede regular. Este es el debate más importante, donde el Congreso de nuevo tendrá que definir los detalles cuando la reforma constitucional sea aprobada.
Por ahora de lo que se trata es de armonizar la jurisprudencia y buscar una coherencia normativa que permita dar un debate amplio sobre la regulación sin tensiones y aparentes contradicciones.
Senadoras, Senadores, el consumo de cannabis tiene riesgos. Ese no es el debate. La discusión es si le damos coherencia a nuestro sistema normativo para poder enfrentar esos riesgos en un mercado regulado. Los beneficios de regular superan los posibles riesgos. Y los riegos de la regulación son menores que los del mercado bajo la prohibición. Por lo tanto, debemos pasar al debate urgente sobre como regular el mercado de una sustancia consumida por 200 millones de personas en el mundo y por el 8% de la población en Colombia que reporta haber consumido alguna vez. El mercado hoy no es solo para la flor que se fuma, existe una diversidad de extractos y productos en los mercados ilegales y los retos de la regulación son enormes.
Es hora de dejar la hipocresía. Independiente de quien promueva esta reforma, las Senadoras y Senadores de pensamiento liberal o que apoyan la política pública basada en evidencia deben abonar el camino para que podamos, como sociedad, dar esa discusión. 21 estados en Estados Unidos, Canadá y Uruguay con diferentes modelos y enfoques ya dieron este paso. Podemos aprender de los errores y ensayos de estos modelos. No seremos los primeros. Para los sectores que hasta este momento no apoyan la iniciativa por sus diferencias con el Gobierno Nacional, vale la pena recordarles, que no es su iniciativa, pero aún más importante, esta es una oportunidad para contribuir a la construcción de una oposición constructiva que acompañe decisiones que beneficien a la sociedad colombiana, independiente de donde vengan.
Dejemos de estigmatizar a los consumidores. No todos los consumos son problemáticos. Desarrollemos un sistema que prevenga y atienda el consumo problemático y reparemos a las comunidades cultivadores que han sufrido los costos de esta guerra contra la marihuana que no ha rendido ninguno fruto. Reasignemos los esfuerzos de la policía, hoy dedicados a perseguir una sustancia que ya es legal en países aliados que ayudaron a financiar estas medidas represivas. Enfoquémonos en prevenir el consumo temprano, en caracterizar los componentes de los productos que hoy se producen y venden en la ilegalidad. Demos la discusión sobre que va a pasar con las personas hoy encarceladas por delitos asociados al cannabis. Quitémosles las rentas a grupos criminales que hoy se benefician de este mercado ilegal y permitamos que sea el Estado quien gestione los riesgos asociados al consumo de esta sustancia y no los actores ilegales.
Tenemos, en la regulación del cannabis, la oportunidad de hacer un piloto sobre como regular un mercado, antes ilegal, donde los sectores agrícola, salud, ambiente, seguridad y justicia den línea para mejorar la situación actual de comunidades y ciudadanos actualmente inmersos en la ilegalidad. Senadoras, Senadores, esperamos que estén a tono con el momento histórico que vivimos. El siglo XX que se dedicó a perseguir la marihuana es cosa del pasado. El siglo XXI es para regularla.