¡Señores candidatos no olviden el tema agrario!
Por Natalia Abril Bonilla*
A escasos dos meses de las elecciones presidenciales, el centro del debate entre candidatos ha girado en torno a quién tiene el pulso político para llegar a primera vuelta y eventualmente a la Casa de Nariño, dejando de lado temas de gran envergadura para el país que determinarán las políticas públicas en los próximos cuatro años. Muchos de ellos han pasado de largo en la opinión pública, como la reforma tributaria o modelo de desarrollo más adecuado en Colombia, pero hay temas como el agrario que no ha sido mencionado y del cual dependen, justamente, varios aspectos de la tributación y la economía en el campo.
La puesta en marcha de una jurisdicción agraria sigue pendiente. A pesar de ser un compromiso del Acuerdo de paz y una herramienta clave para poner en marcha la Reforma Rural Integral, aún no hay pronunciamientos de los candidatos a la Presidencia. Si bien este tema puede no ser muy atractivo políticamente, en una coyuntura donde cualquier pronunciamiento es susceptible de cambiar el panorama político, el silencio frente a dicha jurisdicción crea incertidumbre sobre cuándo y cómo funcionará el tan necesario cuerpo de jueces para dirimir los asuntos agrarios.
El punto de acceso a tierras, de la Reforma Rural Integral, resalta la importancia de esta jurisdicción. El propósito, según se cita en el documento, es “contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, y prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia”. Para ello, se pretende crear oficinas de esta jurisdicción que tengan una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un ágil y oportuno acceso a la justicia por parte de la población rural en condición de pobreza, y en especial las mujeres. El Acuerdo también concibe que dicha jurisdicción preste servicios de asesoría y acompañamiento en los procedimientos agrarios, para que la población conozca sus derechos sobre la tierra.
Adicionalmente, la creación de esta jurisdicción concibe el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales, y junto a ello una serie de programas, inversiones y soluciones que protejan jurídicamente al campo. Lo que indudablemente requiere de un catastro actualizado y un inventario de tierras de la ación para que los jueces agrarios puedan tomar decisiones informadas. Es decir, esta jurisdicción abarca varias aristas de los problemas del campo y su funcionamiento puede servir para ordenar el territorio, base para diseñar estrategias de exportación de aguacates o tributación de predios rurales, por ejemplo.
El problema es que solo existe en el papel y es el gran cuello de botella del Decreto que reglamentó parte de la Reforma Rural Integral y que está vigente en la regulación agraria mientras la Corte Constitucional da la última palabra. En un artículo de Verdad Abierta, Yamile Salinas recordó que el decreto propone un procedimiento compuesto por dos fases, administrativa y judicial, en la que se conocerán los temas de recuperación de baldíos, caducidad administrativa, reversión y revocatoria de títulos. El asunto, es que para la segunda fase se asigna la participación de instancias judiciales que, en este caso, corresponde a la jurisdicción agraria, la cual no existe.
En 1989, el Decreto 2303 la creó pero nunca funcionó con el personal y número de despachos ordenados por falta de recursos. Ahora, el Decreto 902 la retoma, en cumplimiento también con lo pactado en La Habana, pero no hay forma de ponerlo a funcionar, si el Ejecutivo no toma las riendas del asunto. En especial porque el Acuerdo ya es vinculante para administraciones futuras, así haya propuestas de modificarlo.
Una jurisdicción como esta no solo requiere de trámites en el Congreso para aprobar una ley, también requiere la fuerza del gobierno, en cabeza del Presidente, para que haga presión en las respectivas entidades encargadas de su creación, movilice esfuerzos institucionales y gestione recursos. Si no existe un plan concreto en las administraciones siguientes para poner a funcionar la jurisdicción, incluyendo la infraestructura y funcionarios que se requieren en cada territorio, no tendremos avances significativos en el tema agrario, asunto del cual seguiremos hablando en los próximos 4 años.
*Investigadora
Por Natalia Abril Bonilla*
A escasos dos meses de las elecciones presidenciales, el centro del debate entre candidatos ha girado en torno a quién tiene el pulso político para llegar a primera vuelta y eventualmente a la Casa de Nariño, dejando de lado temas de gran envergadura para el país que determinarán las políticas públicas en los próximos cuatro años. Muchos de ellos han pasado de largo en la opinión pública, como la reforma tributaria o modelo de desarrollo más adecuado en Colombia, pero hay temas como el agrario que no ha sido mencionado y del cual dependen, justamente, varios aspectos de la tributación y la economía en el campo.
La puesta en marcha de una jurisdicción agraria sigue pendiente. A pesar de ser un compromiso del Acuerdo de paz y una herramienta clave para poner en marcha la Reforma Rural Integral, aún no hay pronunciamientos de los candidatos a la Presidencia. Si bien este tema puede no ser muy atractivo políticamente, en una coyuntura donde cualquier pronunciamiento es susceptible de cambiar el panorama político, el silencio frente a dicha jurisdicción crea incertidumbre sobre cuándo y cómo funcionará el tan necesario cuerpo de jueces para dirimir los asuntos agrarios.
El punto de acceso a tierras, de la Reforma Rural Integral, resalta la importancia de esta jurisdicción. El propósito, según se cita en el documento, es “contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, y prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia”. Para ello, se pretende crear oficinas de esta jurisdicción que tengan una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un ágil y oportuno acceso a la justicia por parte de la población rural en condición de pobreza, y en especial las mujeres. El Acuerdo también concibe que dicha jurisdicción preste servicios de asesoría y acompañamiento en los procedimientos agrarios, para que la población conozca sus derechos sobre la tierra.
Adicionalmente, la creación de esta jurisdicción concibe el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales, y junto a ello una serie de programas, inversiones y soluciones que protejan jurídicamente al campo. Lo que indudablemente requiere de un catastro actualizado y un inventario de tierras de la ación para que los jueces agrarios puedan tomar decisiones informadas. Es decir, esta jurisdicción abarca varias aristas de los problemas del campo y su funcionamiento puede servir para ordenar el territorio, base para diseñar estrategias de exportación de aguacates o tributación de predios rurales, por ejemplo.
El problema es que solo existe en el papel y es el gran cuello de botella del Decreto que reglamentó parte de la Reforma Rural Integral y que está vigente en la regulación agraria mientras la Corte Constitucional da la última palabra. En un artículo de Verdad Abierta, Yamile Salinas recordó que el decreto propone un procedimiento compuesto por dos fases, administrativa y judicial, en la que se conocerán los temas de recuperación de baldíos, caducidad administrativa, reversión y revocatoria de títulos. El asunto, es que para la segunda fase se asigna la participación de instancias judiciales que, en este caso, corresponde a la jurisdicción agraria, la cual no existe.
En 1989, el Decreto 2303 la creó pero nunca funcionó con el personal y número de despachos ordenados por falta de recursos. Ahora, el Decreto 902 la retoma, en cumplimiento también con lo pactado en La Habana, pero no hay forma de ponerlo a funcionar, si el Ejecutivo no toma las riendas del asunto. En especial porque el Acuerdo ya es vinculante para administraciones futuras, así haya propuestas de modificarlo.
Una jurisdicción como esta no solo requiere de trámites en el Congreso para aprobar una ley, también requiere la fuerza del gobierno, en cabeza del Presidente, para que haga presión en las respectivas entidades encargadas de su creación, movilice esfuerzos institucionales y gestione recursos. Si no existe un plan concreto en las administraciones siguientes para poner a funcionar la jurisdicción, incluyendo la infraestructura y funcionarios que se requieren en cada territorio, no tendremos avances significativos en el tema agrario, asunto del cual seguiremos hablando en los próximos 4 años.
*Investigadora