Quiérase o no, el país está pasando por una debacle en términos de seguridad. El proceso de transición de la guerrilla de las Farc a la política siempre estuvo rodeado del fantasma de una transición fallida, lo que se tradujo en la discusión conceptual entre posconflicto y posacuerdo. Por desgracia, la realidad inmediata indica que los pronósticos más pesimistas se están cumpliendo.
El reclutamiento y reagrupamiento de excombatientes alrededor de las denominadas disidencias de las Farc es una amenaza en constante crecimiento que actualmente afecta a una decena de departamentos, con un número de integrantes que podría oscilar entre los 1.200 y 2.000 hombres, lo que ha hecho que estructuras como el frente Oliver Sinisterra con alias “Guacho”; alias “Iván Mordiscos” en el sur oriente del país; o alias “Gentil Duarte” en el Guaviare, entre otros, sumados al posible abandono del proceso de reincorporación de los guerrilleros conocidos como Iván Márquez, el Paisa y Romaña, señalan que la paz aún es una realidad lejana.
Sin embargo, esta no es una situación nueva para el país. Lo mismo sucedió en el proceso de reincorporación tras la implementación de la Ley de Justicia y Paz y la suscripción de los acuerdos de Santafé de Ralito en 2003 y de cuyas cenizas se estructuraron las Bandas Criminales (Bacrim), actualmente categorizadas como Grupos Armados Organizados (GAO) cuya mayor expresión está en el grupo ilegal comandado por alias “Otoniel” en el Urabá.
Sin embargo, aunque no lo pareciera, las debilidades y fracturas de estos procesos develan una realidad de a puño, que es valiosa para teorizar sobre los conflictos armados de carácter no internacional, como lo es el caso colombiano, esto es, que este tipo de confrontaciones si bien tuvieron un matiz ideológico/político en algún momento de su formación en el marco de la guerra fría, en la segunda mitad del Siglo XX, hoy carecen de toda relación ideológica. Lo que le debemos a los procesos de Ralito y del Teatro Colón es que le quitaron cualquier barniz de teorías anquilosadas de izquierdas o derechas, o mejor, de insurgentes y contrainsurgentes y develaron su degradación hacia colectividades armadas ilegales con vocación e intereses eminentemente económicos.
De manera tal que, quienes veían en las otrora Farc y Autodefensas Unidas de Colombia un norte ideológico, un resquicio de la lucha de clases o la causa de oprimidos y opresores, hoy se enfrentan a un golpe de realidad. Lo positivo está en que las estrategias y las políticas de seguridad interna, frente a estas estructuras, cuentan con claridad teórica y legal, la cual se precisa alrededor del narcotráfico como el principal agente generador de violencia y eje de un proceso de macrocriminalidad. Es decir, que a partir de ello se desprenden otras prácticas nocivas para la sociedad que terminan degradando las condiciones generales de seguridad y desarrollo.
Lo que indica que el narcotráfico actúa como un eje de macrocriminalidad, ya que tras de sí o producto de sus excedentes económicos provienen otros problemas sociales como la prostitución, el reclutamiento, el contrabando, inflación, sicariato, así como disputa entre grupos armados organizados que hacen de la coerción y el terror un medio para la propagación de la violencia.
Así entonces, lo que nos presenta la realidad es que hoy el país no enfrenta a grupos armados ilegales que se camuflaban bajo prototipos políticos o ideológicos y que se aprovechaban de su condición para confundir a la comunidad internacional y a la academia con artilugios de lucha de clase o resquicios ideológico/políticos. Hoy son estructuras criminales, la mayoría de ellas narcotraficantes, que buscan por medio del uso de las armas hacerse con el control de las rentas y mercados ilegales que existen en el país y en particular en los espacios regionales.
Lo anterior lleva a concluir que el verdadero eje para la construcción de políticas de seguridad y defensa en la coyuntura actual gira entorno a combatir y erradicar cualquier manifestación del narcotráfico en nuestro país. El debate no se centra en negociaciones o desmovilizaciones, sino en la desarticulación de la cadena de producción, exportación y consumo de drogas ilícitas; que han servido y aun lo hacen, como eje de financiación de múltiples tipos de violencia en Colombia. Por ello ante el inmenso aumento de los cultivos ilícitos y el fracaso de las políticas de lucha contra el narcotráfico ninguna medida es exagerada, ni suficiente para detener esta problemática.
Juan.pacheco01@usa.edu.co
Quiérase o no, el país está pasando por una debacle en términos de seguridad. El proceso de transición de la guerrilla de las Farc a la política siempre estuvo rodeado del fantasma de una transición fallida, lo que se tradujo en la discusión conceptual entre posconflicto y posacuerdo. Por desgracia, la realidad inmediata indica que los pronósticos más pesimistas se están cumpliendo.
El reclutamiento y reagrupamiento de excombatientes alrededor de las denominadas disidencias de las Farc es una amenaza en constante crecimiento que actualmente afecta a una decena de departamentos, con un número de integrantes que podría oscilar entre los 1.200 y 2.000 hombres, lo que ha hecho que estructuras como el frente Oliver Sinisterra con alias “Guacho”; alias “Iván Mordiscos” en el sur oriente del país; o alias “Gentil Duarte” en el Guaviare, entre otros, sumados al posible abandono del proceso de reincorporación de los guerrilleros conocidos como Iván Márquez, el Paisa y Romaña, señalan que la paz aún es una realidad lejana.
Sin embargo, esta no es una situación nueva para el país. Lo mismo sucedió en el proceso de reincorporación tras la implementación de la Ley de Justicia y Paz y la suscripción de los acuerdos de Santafé de Ralito en 2003 y de cuyas cenizas se estructuraron las Bandas Criminales (Bacrim), actualmente categorizadas como Grupos Armados Organizados (GAO) cuya mayor expresión está en el grupo ilegal comandado por alias “Otoniel” en el Urabá.
Sin embargo, aunque no lo pareciera, las debilidades y fracturas de estos procesos develan una realidad de a puño, que es valiosa para teorizar sobre los conflictos armados de carácter no internacional, como lo es el caso colombiano, esto es, que este tipo de confrontaciones si bien tuvieron un matiz ideológico/político en algún momento de su formación en el marco de la guerra fría, en la segunda mitad del Siglo XX, hoy carecen de toda relación ideológica. Lo que le debemos a los procesos de Ralito y del Teatro Colón es que le quitaron cualquier barniz de teorías anquilosadas de izquierdas o derechas, o mejor, de insurgentes y contrainsurgentes y develaron su degradación hacia colectividades armadas ilegales con vocación e intereses eminentemente económicos.
De manera tal que, quienes veían en las otrora Farc y Autodefensas Unidas de Colombia un norte ideológico, un resquicio de la lucha de clases o la causa de oprimidos y opresores, hoy se enfrentan a un golpe de realidad. Lo positivo está en que las estrategias y las políticas de seguridad interna, frente a estas estructuras, cuentan con claridad teórica y legal, la cual se precisa alrededor del narcotráfico como el principal agente generador de violencia y eje de un proceso de macrocriminalidad. Es decir, que a partir de ello se desprenden otras prácticas nocivas para la sociedad que terminan degradando las condiciones generales de seguridad y desarrollo.
Lo que indica que el narcotráfico actúa como un eje de macrocriminalidad, ya que tras de sí o producto de sus excedentes económicos provienen otros problemas sociales como la prostitución, el reclutamiento, el contrabando, inflación, sicariato, así como disputa entre grupos armados organizados que hacen de la coerción y el terror un medio para la propagación de la violencia.
Así entonces, lo que nos presenta la realidad es que hoy el país no enfrenta a grupos armados ilegales que se camuflaban bajo prototipos políticos o ideológicos y que se aprovechaban de su condición para confundir a la comunidad internacional y a la academia con artilugios de lucha de clase o resquicios ideológico/políticos. Hoy son estructuras criminales, la mayoría de ellas narcotraficantes, que buscan por medio del uso de las armas hacerse con el control de las rentas y mercados ilegales que existen en el país y en particular en los espacios regionales.
Lo anterior lleva a concluir que el verdadero eje para la construcción de políticas de seguridad y defensa en la coyuntura actual gira entorno a combatir y erradicar cualquier manifestación del narcotráfico en nuestro país. El debate no se centra en negociaciones o desmovilizaciones, sino en la desarticulación de la cadena de producción, exportación y consumo de drogas ilícitas; que han servido y aun lo hacen, como eje de financiación de múltiples tipos de violencia en Colombia. Por ello ante el inmenso aumento de los cultivos ilícitos y el fracaso de las políticas de lucha contra el narcotráfico ninguna medida es exagerada, ni suficiente para detener esta problemática.
Juan.pacheco01@usa.edu.co