Sobre las carpetas secretas, ¿quién dio la orden?

En el 2015, se publicó un informe de investigación del Comité Selecto del Senado sobre el Programa de detención e interrogatorio de la CIA de Estados Unidos (en inglés, Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program o CIA Torture Report) que detalla las técnicas de tortura y métodos ilegales de interrogatorio utilizados por la CIA en los detenidos por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El estudio aún no ha sido publicado en su totalidad, circula un resumen ejecutivo de 600 páginas en el que se señalan los métodos de tortura y la existencia de presos que nunca fueron incluidos en registros oficiales y de los que sabían varios integrantes de la CIA, el Congreso y el Ejecutivo. Se alega, incluso, que el presidente George W. Bush supo de estas estrategias y aceptó modificaciones importantes en los presupuestos de seguridad de la nación. 

Esta historia nos permite introducir el tema de esta columna: las acciones del gobierno a través de agencias de seguridad, cada vez más repetitivas, contra sectores de la población civil en sus países o por fuera de ellos. Hace pocos días la Revista Semana reveló que el Ejército Nacional realizó seguimientos, o lo que ellos eufemísticamente llaman “perfilaciones” y “trabajos especiales”,  a algunos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, ONG, sindicalistas y académicos. Dichos perfiles recopilan información personal que incluye teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación de cada una de las personas.

Esta es la segunda vez, en menos de un año, que la Revista Semana denuncia que sus periodistas (y otros) han sido víctimas de aquellos “trabajos especiales” por parte del ejército, especialmente, de los batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Según la denuncia, “ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)”. Dentro de las víctimas de la perfilación de estas unidades del Ejército se encuentra el medio de comunicación de la Universidad del Rosario: Rutas del Conflicto, dirigido por el profesor y periodista Oscar Parra.

Rutas del Conflicto es un portal digital que tiene como propósito informar sobre el conflicto armado en las distintas Regiones de Colombia. Asimismo Rutas se destaca dentro del periodismo de datos por la información que han recopilado sobre masacres a lo largo y ancho del país. En el 2017 ganó el premio Website of the year del Data Journalism Awards. A mediados del año pasado su equipo periodístico junto a la Liga Contra el Silencio trabajaron en el proyecto “Convenios de fuerza y justicia” donde publicaron el reportaje: “Petroleras y Mineras financian a la fuerza pública y a la fiscalía”.

Allí documentaron cómo se ejecutaron convenios entre las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía y empresas minero-energéticas que tenían como propósito garantizar la seguridad e investigar delitos en los lugares donde operan dichas empresas. Lo que los periodistas encontraron fueron abusos y persecuciones a líderes que se oponen, de una u otra forma, a la presencia de las empresas en estos lugares, por un lado. Y por el otro, que dichos recursos servían para pagar paquetes turísticos a los militares, construir o mejorar capillas en las unidades militares, entre otros. Para Rutas del Conflicto dichos convenios impiden que haya justicia, pues las empresas, al financiar estas instituciones, entran con ventajas a los procesos judiciales, por dar solo un ejemplo. Al parecer, la búsqueda de información sobre estos contratos y la posterior publicación del reportaje los dejó en el ojo del huracán y de las “trabajos especiales”.

Ahora bien, uno de los supuestos de los estados liberales es que existen ciertas libertades (de ahí su nombre) que deben garantizar a sus ciudadanos, incluso si van en contra de los intereses del gobierno. Porque la idea, al menos como la expone John Locke, es precisamente separar el estado, como comunidad política, del gobierno. Los gobiernos, cuya función principal es asegurar la libertades civiles, pueden ser revocados por sus ciudadanos si no están cumpliendo con la tarea para la que fueron instituidos a través de las elecciones. Y para que esto pueda suceder, es indispensable que los ciudadanos puedan debatir (libertad de reunión y expresión), formar partidos y movimientos políticos y asistir a las urnas o elevar peticiones ante las autoridades. Sin embargo, todo esto resulta inocuo si no se garantiza el derecho a la libertad de prensa. De otra forma, ¿cómo es posible que se discuta sobre la actuación del gobierno? Si desconocemos qué ha hecho (o no) ¿sobre qué vamos a discutir? ¿las informaciones ofrecidas por el propio gobierno? Esta información es parcializada e insuficiente porque, naturalmente, nadie puede ser juez y parte en su propia causa.

Alguien podría afirmar que en Colombia no existe la censura ni un control sobre los medios de comunicación, entonces la libertad de prensa estaría garantizada. Este punto es debatible. Claramente es el mínimo para mantener, aunque sea nominalmente, la idea de estado liberal. Sin embargo, si el ejercicio de la libertad de prensa implica la persecución e intimidación por agentes de los organismos de seguridad, es mejor evitar ciertos temas. Y esta paradójica conclusión lleva a que el propósito mismo de la libertad de prensa se vea frustrado. Lo que, de contera, implica un grave perjuicio al ejercicio de los derechos enunciados anteriormente y al control sobre los actos del gobierno. Esto lleva a una segunda conclusión: sin control nada evitará los abusos por parte del gobierno.

Este punto nos lleva a plantear una pregunta ¿quién dio la orden? Si la orden salió del ejecutivo, la amenaza de las últimas elecciones de que el país se encaminaba hacia un régimen tiránico se está materializando en el candidato ganador que supuestamente evitaría la catástrofe (sus palabras, no las nuestras). Y si la orden no salió del ejecutivo, la consecuencia es igual de preocupante porque significa que las fuerzas armadas están fuera de control. Si algo nos ha enseñado la experiencia latinoamericana es que a los militares no les apasiona mucho la idea del estado liberal.

Por eso, desde el Observatorio apoyamos la labor de Rutas del Conflicto y exigimos respeto por las libertades civiles de sus periodistas y colaboradores. Conocemos las dificultades para realizar este tipo de investigaciones por los intereses que están en juego y por la dificultad de conseguir recursos para llevarlas a cabo. No puede seguir siendo un tema vedado hablar del conflicto, las relaciones de poder que lo constituyen y sus secuelas.

En el 2015, se publicó un informe de investigación del Comité Selecto del Senado sobre el Programa de detención e interrogatorio de la CIA de Estados Unidos (en inglés, Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program o CIA Torture Report) que detalla las técnicas de tortura y métodos ilegales de interrogatorio utilizados por la CIA en los detenidos por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El estudio aún no ha sido publicado en su totalidad, circula un resumen ejecutivo de 600 páginas en el que se señalan los métodos de tortura y la existencia de presos que nunca fueron incluidos en registros oficiales y de los que sabían varios integrantes de la CIA, el Congreso y el Ejecutivo. Se alega, incluso, que el presidente George W. Bush supo de estas estrategias y aceptó modificaciones importantes en los presupuestos de seguridad de la nación. 

Esta historia nos permite introducir el tema de esta columna: las acciones del gobierno a través de agencias de seguridad, cada vez más repetitivas, contra sectores de la población civil en sus países o por fuera de ellos. Hace pocos días la Revista Semana reveló que el Ejército Nacional realizó seguimientos, o lo que ellos eufemísticamente llaman “perfilaciones” y “trabajos especiales”,  a algunos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, ONG, sindicalistas y académicos. Dichos perfiles recopilan información personal que incluye teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación de cada una de las personas.

Esta es la segunda vez, en menos de un año, que la Revista Semana denuncia que sus periodistas (y otros) han sido víctimas de aquellos “trabajos especiales” por parte del ejército, especialmente, de los batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Según la denuncia, “ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)”. Dentro de las víctimas de la perfilación de estas unidades del Ejército se encuentra el medio de comunicación de la Universidad del Rosario: Rutas del Conflicto, dirigido por el profesor y periodista Oscar Parra.

Rutas del Conflicto es un portal digital que tiene como propósito informar sobre el conflicto armado en las distintas Regiones de Colombia. Asimismo Rutas se destaca dentro del periodismo de datos por la información que han recopilado sobre masacres a lo largo y ancho del país. En el 2017 ganó el premio Website of the year del Data Journalism Awards. A mediados del año pasado su equipo periodístico junto a la Liga Contra el Silencio trabajaron en el proyecto “Convenios de fuerza y justicia” donde publicaron el reportaje: “Petroleras y Mineras financian a la fuerza pública y a la fiscalía”.

Allí documentaron cómo se ejecutaron convenios entre las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía y empresas minero-energéticas que tenían como propósito garantizar la seguridad e investigar delitos en los lugares donde operan dichas empresas. Lo que los periodistas encontraron fueron abusos y persecuciones a líderes que se oponen, de una u otra forma, a la presencia de las empresas en estos lugares, por un lado. Y por el otro, que dichos recursos servían para pagar paquetes turísticos a los militares, construir o mejorar capillas en las unidades militares, entre otros. Para Rutas del Conflicto dichos convenios impiden que haya justicia, pues las empresas, al financiar estas instituciones, entran con ventajas a los procesos judiciales, por dar solo un ejemplo. Al parecer, la búsqueda de información sobre estos contratos y la posterior publicación del reportaje los dejó en el ojo del huracán y de las “trabajos especiales”.

Ahora bien, uno de los supuestos de los estados liberales es que existen ciertas libertades (de ahí su nombre) que deben garantizar a sus ciudadanos, incluso si van en contra de los intereses del gobierno. Porque la idea, al menos como la expone John Locke, es precisamente separar el estado, como comunidad política, del gobierno. Los gobiernos, cuya función principal es asegurar la libertades civiles, pueden ser revocados por sus ciudadanos si no están cumpliendo con la tarea para la que fueron instituidos a través de las elecciones. Y para que esto pueda suceder, es indispensable que los ciudadanos puedan debatir (libertad de reunión y expresión), formar partidos y movimientos políticos y asistir a las urnas o elevar peticiones ante las autoridades. Sin embargo, todo esto resulta inocuo si no se garantiza el derecho a la libertad de prensa. De otra forma, ¿cómo es posible que se discuta sobre la actuación del gobierno? Si desconocemos qué ha hecho (o no) ¿sobre qué vamos a discutir? ¿las informaciones ofrecidas por el propio gobierno? Esta información es parcializada e insuficiente porque, naturalmente, nadie puede ser juez y parte en su propia causa.

Alguien podría afirmar que en Colombia no existe la censura ni un control sobre los medios de comunicación, entonces la libertad de prensa estaría garantizada. Este punto es debatible. Claramente es el mínimo para mantener, aunque sea nominalmente, la idea de estado liberal. Sin embargo, si el ejercicio de la libertad de prensa implica la persecución e intimidación por agentes de los organismos de seguridad, es mejor evitar ciertos temas. Y esta paradójica conclusión lleva a que el propósito mismo de la libertad de prensa se vea frustrado. Lo que, de contera, implica un grave perjuicio al ejercicio de los derechos enunciados anteriormente y al control sobre los actos del gobierno. Esto lleva a una segunda conclusión: sin control nada evitará los abusos por parte del gobierno.

Este punto nos lleva a plantear una pregunta ¿quién dio la orden? Si la orden salió del ejecutivo, la amenaza de las últimas elecciones de que el país se encaminaba hacia un régimen tiránico se está materializando en el candidato ganador que supuestamente evitaría la catástrofe (sus palabras, no las nuestras). Y si la orden no salió del ejecutivo, la consecuencia es igual de preocupante porque significa que las fuerzas armadas están fuera de control. Si algo nos ha enseñado la experiencia latinoamericana es que a los militares no les apasiona mucho la idea del estado liberal.

Por eso, desde el Observatorio apoyamos la labor de Rutas del Conflicto y exigimos respeto por las libertades civiles de sus periodistas y colaboradores. Conocemos las dificultades para realizar este tipo de investigaciones por los intereses que están en juego y por la dificultad de conseguir recursos para llevarlas a cabo. No puede seguir siendo un tema vedado hablar del conflicto, las relaciones de poder que lo constituyen y sus secuelas.