Por Tatiana Prada Collazos* y Eduardo Álvarez Vanegas**
Viejas y nuevas preocupaciones en la transición
Durante 2017 visitamos diferentes regiones del Cauca y constatamos que una de las grandes preocupaciones es la incertidumbre que hay sobre la presencia de supuestos nuevos grupos armados, cuya identidad es aún muy difícil de establecer por su constante recambio interno.
Por ejemplo, los habitantes del norte del departamento vienen denunciando amenazas e intimidación del EPL, grupo que en teoría se encuentra focalizado en una zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Sobre esta supuesta presencia hay dos interpretaciones.
La primera se inclina por explicar que se trata de una campaña del EPL, pues habrían enviado apoyo logístico, organizacional y financiero para formar una estructura. Y la segunda –quizá la interpretación con más fuerza– cuenta que se trata milicianos de las FARC que decidieron no ser partícipes del proceso de desmovilización y que están haciendo uso de la marca “EPL”, aun cuando no se descarta que en efecto tengan algún nivel de comunicación con este grupo para tener más relevancia política y social.
En todo caso, preocupa que se esté materializando lo que a principios de año era tan sólo un rumor: que en el corredor que comunica Suárez con López de Micay y el Pacífico Caucano hay un recambio de grupos violentos que recogen los legados del conflicto armado, cuyas expresiones más visibles son las criminales y que demuestran su rápida capacidad para reinventarse, dejando el saldo menos deseado: el impacto sobre la población civil.
¿Quiénes son los disidentes que se asientan en el Cauca?
De acuerdo con los testimonios de los habitantes del municipio, en estos enfrentamientos hubo personas que pertenecieron anteriormente a las FARC. Como los hemos sugerido en nuestro seguimiento a las disidencias, hasta la fecha se encuentra confirmada la presencia de disidentes del antiguo Frente 6° en el norte del departamento.
No obstante, tras los enfrentamientos, el Ejército ha dicho que podría tratarse de disidencias de la Columna Móvil Jacobo Arenas y de la Compañía Miller Perdomo que tenían presencia intermitente en el territorio; estos últimos ya habían sido identificados como disidentes en octubre tras ataques en Jamundí, sur del Valle del Cauca. Ahora bien, no deja de preocupar una hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos meses y es el posible surgimiento de una disidencia del Frente 30, también desde Jamundí, que se estaría movilizando hacia Cauca.
A pesar de la falta de claridad sobre quiénes son estos grupos, nuestro trabajo de campo nos ha dejado ver que los núcleos de potenciales disidencias, tanto de guerrilleros como de milicianos, tiende a aumentar. Y esto es aún más grave si se tiene en cuenta que estamos ante un territorio que hace parte de una región más extensa que abarca todo el Andén Pacífico colombiano, sobre el que hay consenso acerca de la falta de una estrategia oportuna de control territorial e institucional. Habría que ver si el recientemente lanzado “Plan Orus” entrega los resultados esperados, teniendo en cuenta que ha priorizado gran parte de esta región del país.
Mientras esto ocurre, los habitantes del pacífico caucano y del norte del cauca manifiestan su preocupación por lo que en el FIP hemos llamado la fragmentación organizacional y territorial de la violencia en la transición. No se puede negar la disminución de la violencia asociada al conflicto armado, pero la presencia limitada de estos grupos y su composición en grupos reducidos es un riesgo manifiesto, en especial, por su comportamiento predatorio sobre la población; más criminalizado y con el objetivo de acaparar rentas criminales preexistentes, aupadas en gran medida por la demanda de agentes internacionales y redes preexistentes de narcos y traquetos. En esta medida, monitorear las trayectorias post-desmovilización de las FARC seguirá siendo primordial.
Vulnerabilidades territoriales
Estos enfrentamientos armados y la zozobra que hay sobre la real dimensión e identidad de los grupos que los han protagonizado, se da en un territorio que hace parte de una región más amplia y que debe ser vista en relación con la continuidad de las economías criminales, el surgimiento o recambio de expresiones armadas y el gran reto que hay por delante para reemplazar las instituciones que creó la guerrilla y otros grupos durante años.
Al núcleo de Argelia y El Tambo, en el centro del departamento, y que concentra uno de los niveles más altos de cultivos de hoja de coca, se suma su conexión natural hacia el sur con Nariño –donde hay otro escenario de desorden criminal a causa de las disidencias del Frente 29, la presencia del ELN y otros grupos por identificar. Pero también está su salida por el cañón del Micay hacia el Pacífico –donde es bien sabida la presencia de intermediarios de carteles mexicanos. Estos dos factores presentan serios retos para poner en marcha una estrategia de seguridad rural en una región donde se pensó que el ELN rápidamente iba a copar los espacios dejados por las FARC, cuando la realidad muestra que también han continuado o surgido diferentes expresiones criminales y armadas que antes estaban reguladas por las FARC, pero que el discurso oficial minimiza a expresiones “residuales”.
En el pacífico caucano (que no se puede desligar de lo que ocurre en el nariñense y en Buenaventura) la respuesta rápida llegó, pero en cabeza de los grupos armados cuyas economías criminales evolucionaron al vaivén de la desarticulada o casi inexistente y atemporal estrategia de seguridad para la transición. A lo que se suman los serios retos que este tipo de contextos suponen para las garantías de seguridad, pilar fundamental para la implementación del proceso de paz. Los eventos ocurridos en Suárez son un llamado de atención a este gobierno, pero sobre todo para el próximo. Los fenómenos de violencia que se están gestando en esta zona y en la región pacífica en general, no serán solucionados con más pie de fuerza, sino con una agenda de región pensada para el pacífico que trace un objetivo fundamental: transformar los legados del conflicto y reemplazar las instituciones ilegales que este dejó y de las que muchos colombianos aún viven.
Por Tatiana Prada Collazos* y Eduardo Álvarez Vanegas**
Viejas y nuevas preocupaciones en la transición
Durante 2017 visitamos diferentes regiones del Cauca y constatamos que una de las grandes preocupaciones es la incertidumbre que hay sobre la presencia de supuestos nuevos grupos armados, cuya identidad es aún muy difícil de establecer por su constante recambio interno.
Por ejemplo, los habitantes del norte del departamento vienen denunciando amenazas e intimidación del EPL, grupo que en teoría se encuentra focalizado en una zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Sobre esta supuesta presencia hay dos interpretaciones.
La primera se inclina por explicar que se trata de una campaña del EPL, pues habrían enviado apoyo logístico, organizacional y financiero para formar una estructura. Y la segunda –quizá la interpretación con más fuerza– cuenta que se trata milicianos de las FARC que decidieron no ser partícipes del proceso de desmovilización y que están haciendo uso de la marca “EPL”, aun cuando no se descarta que en efecto tengan algún nivel de comunicación con este grupo para tener más relevancia política y social.
En todo caso, preocupa que se esté materializando lo que a principios de año era tan sólo un rumor: que en el corredor que comunica Suárez con López de Micay y el Pacífico Caucano hay un recambio de grupos violentos que recogen los legados del conflicto armado, cuyas expresiones más visibles son las criminales y que demuestran su rápida capacidad para reinventarse, dejando el saldo menos deseado: el impacto sobre la población civil.
¿Quiénes son los disidentes que se asientan en el Cauca?
De acuerdo con los testimonios de los habitantes del municipio, en estos enfrentamientos hubo personas que pertenecieron anteriormente a las FARC. Como los hemos sugerido en nuestro seguimiento a las disidencias, hasta la fecha se encuentra confirmada la presencia de disidentes del antiguo Frente 6° en el norte del departamento.
No obstante, tras los enfrentamientos, el Ejército ha dicho que podría tratarse de disidencias de la Columna Móvil Jacobo Arenas y de la Compañía Miller Perdomo que tenían presencia intermitente en el territorio; estos últimos ya habían sido identificados como disidentes en octubre tras ataques en Jamundí, sur del Valle del Cauca. Ahora bien, no deja de preocupar una hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos meses y es el posible surgimiento de una disidencia del Frente 30, también desde Jamundí, que se estaría movilizando hacia Cauca.
A pesar de la falta de claridad sobre quiénes son estos grupos, nuestro trabajo de campo nos ha dejado ver que los núcleos de potenciales disidencias, tanto de guerrilleros como de milicianos, tiende a aumentar. Y esto es aún más grave si se tiene en cuenta que estamos ante un territorio que hace parte de una región más extensa que abarca todo el Andén Pacífico colombiano, sobre el que hay consenso acerca de la falta de una estrategia oportuna de control territorial e institucional. Habría que ver si el recientemente lanzado “Plan Orus” entrega los resultados esperados, teniendo en cuenta que ha priorizado gran parte de esta región del país.
Mientras esto ocurre, los habitantes del pacífico caucano y del norte del cauca manifiestan su preocupación por lo que en el FIP hemos llamado la fragmentación organizacional y territorial de la violencia en la transición. No se puede negar la disminución de la violencia asociada al conflicto armado, pero la presencia limitada de estos grupos y su composición en grupos reducidos es un riesgo manifiesto, en especial, por su comportamiento predatorio sobre la población; más criminalizado y con el objetivo de acaparar rentas criminales preexistentes, aupadas en gran medida por la demanda de agentes internacionales y redes preexistentes de narcos y traquetos. En esta medida, monitorear las trayectorias post-desmovilización de las FARC seguirá siendo primordial.
Vulnerabilidades territoriales
Estos enfrentamientos armados y la zozobra que hay sobre la real dimensión e identidad de los grupos que los han protagonizado, se da en un territorio que hace parte de una región más amplia y que debe ser vista en relación con la continuidad de las economías criminales, el surgimiento o recambio de expresiones armadas y el gran reto que hay por delante para reemplazar las instituciones que creó la guerrilla y otros grupos durante años.
Al núcleo de Argelia y El Tambo, en el centro del departamento, y que concentra uno de los niveles más altos de cultivos de hoja de coca, se suma su conexión natural hacia el sur con Nariño –donde hay otro escenario de desorden criminal a causa de las disidencias del Frente 29, la presencia del ELN y otros grupos por identificar. Pero también está su salida por el cañón del Micay hacia el Pacífico –donde es bien sabida la presencia de intermediarios de carteles mexicanos. Estos dos factores presentan serios retos para poner en marcha una estrategia de seguridad rural en una región donde se pensó que el ELN rápidamente iba a copar los espacios dejados por las FARC, cuando la realidad muestra que también han continuado o surgido diferentes expresiones criminales y armadas que antes estaban reguladas por las FARC, pero que el discurso oficial minimiza a expresiones “residuales”.
En el pacífico caucano (que no se puede desligar de lo que ocurre en el nariñense y en Buenaventura) la respuesta rápida llegó, pero en cabeza de los grupos armados cuyas economías criminales evolucionaron al vaivén de la desarticulada o casi inexistente y atemporal estrategia de seguridad para la transición. A lo que se suman los serios retos que este tipo de contextos suponen para las garantías de seguridad, pilar fundamental para la implementación del proceso de paz. Los eventos ocurridos en Suárez son un llamado de atención a este gobierno, pero sobre todo para el próximo. Los fenómenos de violencia que se están gestando en esta zona y en la región pacífica en general, no serán solucionados con más pie de fuerza, sino con una agenda de región pensada para el pacífico que trace un objetivo fundamental: transformar los legados del conflicto y reemplazar las instituciones ilegales que este dejó y de las que muchos colombianos aún viven.