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El programa nacional de jóvenes en paz, que tiene como objetivo la entrega de recursos públicos a jóvenes pertenecientes a “bandas criminales” por un monto cercano al millón de pesos, ha generado una serie de debates a favor y en contra. Su implementación se hará bajo el modelo de transferencias monetarias condicionadas, un asunto para nada nuevo en el país, recordemos que se viene utilizando desde finales del siglo XX, en el marco de políticas neoasistenciales para la superación de la pobreza.
Se trata de construir un programa de atención integral dirigida a las juventudes colombianas que han sido objeto de múltiples afectaciones de la violencia, que se traducen en exclusión social, estigmatización, padecimiento, desesperanza social, abandono escolar, desocupación y desempleo de larga duración. Son jóvenes que muestran la dureza del conflicto y la guerra prolongada por más de seis décadas, en territorios en donde la presencia del Estado es más bélico-asistencial, que inclusiva.
Materializar una ruta de atención integral para jóvenes mediante el modelo de transferencias monetarias condicionadas implica ir más allá de la simple entrega de los recursos, o de la diferenciación entre “merecedores y no merecedores” de los mismos. Pensar que con una cobertura de 100.000 jóvenes se puede reducir las tasas de homicidio y los indicadores de la violencia juvenil en ciudades como Buenaventura, Quibdó, Puerto Tejada y Medellín es asignar muchas responsabilidades a un solo programa. Es claro, que se necesita la ideación de un conjunto de políticas públicas que garanticen la justicia social y mecanismos que serían complementarios para la búsqueda de salidas a la violencia criminal, urbana y rural.
El programa hasta el momento posee dos componentes claramente definidos. El primer componente, relacionado con el acceso y permanencia de las juventudes en el sistema educativo en sus diversos niveles (primaria, básica, media, técnica, tecnológica y universitaria). Un segundo componente, de corresponsabilidad en materia de trabajo comunitario y popular, que busca un mayor protagonismo de la juventud en temas deportivos, culturales, artísticos, ambientales, informáticos, comunitarios y de encuentro intergeneracional.
Las expectativas gubernamentales sobre el programa son ambiciosas. Su apuesta política se traduce en una hipótesis de tipo correlacional donde la desvinculación del capitalismo criminal de las juventudes está directamente relacionada con la restauración de la confianza en sus comunidades, los mercados e instituciones. Incrementar la confianza y la solidaridad social con un solo programa, también implica la construcción de un conjunto de decisiones públicas con alta interacción y participación juvenil, así como el impulso de acciones que se orienten a reducir y atenuar la participación de jóvenes en hechos de violencia y conflicto cotidianos en barrios y comunidades vulnerables.
El reto consiste en conocer la crisis de sociabilidad, de empleo juvenil, de satisfacción o insatisfacción con el mundo adulto e institucional, lo que se ha construido hasta el momento en Colombia es un modelo desarrollo que impide la inserción de las juventudes a la formación de capital humano, al sistema productivo y a la participación ciudadana de forma más deliberante y protagónica en la vida social, comunitaria e institucional de estas ciudades.
De forma prospectiva consideramos que este tipo de programas materializan la política social. Con cada uno de ellos se puede generar una serie de vínculos de interacción cotidiana que promuevan la justicia social, y el reconocimiento cultural desde lo comunitario hacia lo institucional. Por supuesto, también este tipo de iniciativas potencian la promoción de una cultura de paz local, desde el mundo juvenil hacia lo institucional. Al respecto cabe preguntarnos ¿Cómo se dará la articulación entre este tipo de programas con las apuestas que definan en materia de juventud y violencia los nuevos alcaldes-as en sus planes de desarrollo? ¿Cómo se promocionará la participación de los y las jóvenes para ir más allá de un programa asistencial hacia su protagonismo político y comunitario? ¿Qué tipo de estrategias se definirán por evitar la “doble militancia”, es decir, de día como gestores de paz, de noche como protagonistas de dinámicas violentas?