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El Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles funcionan menos como organizaciones criminales cohesionadas que como narrativas políticas útiles y portátiles. Le sirven a Nicolás Maduro para justificar su permanencia ante la amenaza de intervención y a Donald Trump para hacer creíble su cruzada contra la migración, con un enemigo identificable como el dictador venezolano.
En la práctica, no son estructuras capaces de atentar contra la integridad del continente ni contra la seguridad de Estados Unidos. Lo que sí son es un recurso simbólico, funcional a proyectos que buscan minar la democracia liberal, erosionar contrapesos y legitimar el uso excepcional de la fuerza, convirtiendo la excepción en regla.
Por eso estas etiquetas resultan convenientes para líderes tan distintos y tan similares como Trump, Bukele, Maduro u Ortega. En Colombia estamos al borde de lo mismo: el crimen organizado, convertido en “nuevo enemigo global”, abre la puerta a más discrecionalidad para el líder y menos controles democráticos. En este artículo quiero discutir esa narrativa, no porque el crimen organizado no sea un problema central para la seguridad regional —que lo es— sino porque surge de la corrupción, las fracturas de la democracia y la debilidad de seguridad y justicia. Lo que deberíamos fortalecer son policías, instituciones y democracia, no suspenderlas para entrar en otra guerra interminable.
¿Puede el Tren de Aragua (TdA) amenazar la seguridad de los Estados Unidos?
No hay evidencia de que ni el Tren de Aragua ni el Cártel de los Soles cumplan los criterios que definen una amenaza real a la seguridad nacional de EE. UU.: no comprometen la integridad territorial, no amenazan infraestructura crítica ni instituciones políticas, no tienen capacidad de realizar ataques terroristas contra población estadounidense y mucho menos contra sus Fuerzas Armadas.
El Tren de Aragua, por el contrario, es un grupo de origen carcelario cuya economía se basa en la extorsión, el control territorial de poblaciones migrantes y la exportación de un modelo de bandas penitenciarias, más que en el narcotráfico global. Este grupo nació como producto de la crisis penitenciaria venezolana. La cárcel de Tocorón, diseñada para 2.500 personas, llegó a albergar 6.500. Allí, como lo señala Andrés Antillano en su excelente ponencia en LASA, los líderes criminales desarrollaron un modelo de control interno basado en castigos, recompensas y economías ilegales, desde donde proyectaron su poder hacia afuera.
Con el tiempo, el grupo se expandió hacia corredores migratorios y logró implantarse en países como Chile, Perú o Colombia. Su lógica es parasitaria: se adhiere a flujos de población, monta esquemas de extorsión y trafica con los más vulnerables. No se trata de un cartel con mando centralizado, sino de una red de franquicias criminales que imitan el modelo penitenciario venezolano. El caso colombiano tiene paralelos evidentes. La Oficina de Envigado, por ejemplo, muestra cómo las cárceles siguen produciendo jefaturas criminales que mantienen redes de extorsión y control desde adentro.
Respecto al Cártel de los Soles, ni siquiera cabe hablar de organización en sentido estricto. Se trata más bien de un entramado de corrupción, narcotráfico y contrabando en el que distintos mandos militares y políticos venezolanos cobran peajes sobre rutas de cocaína o sobre la explotación ilegal de oro en el Amazonas, pero que además están en plena competencia. Ese mercado existe, pero no bajo un mando unificado ni subordinado a Maduro, como muchas veces se ha caricaturizado. “Cártel de los Soles” es, en realidad, un nombre de origen más mediático que sobredimensiona lo que no pasa de ser un archipiélago de redes militares y políticas en competencia.
La guerra contra el crimen organizado es la nueva guerra contra el terror
El 2 de septiembre, las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron en aguas internacionales una lancha con 11 tripulantes y un cargamento menor de cocaína. Ordenado por Donald Trump, el operativo fue más un performance armado que una acción estratégica, y muy peligroso para la democracia regional.
No buscaba eliminar al Tren de Aragua ni al Cártel de los Soles, sino mostrar fuerza frente a Maduro y ofrecer a la opinión pública la imagen de un presidente que combate una “invasión migrante depredadora”. Trump aprovechó la existencia de redes criminales para asociarlas a un enemigo externo y justificar la excepcionalidad.
Con un solo gesto unió narrativas eficaces: la xenofobia contra migrantes, el miedo al chavismo, la ansiedad económica y la retórica de la “guerra contra el terror”. Así equiparó al Cártel de los Soles con Al Qaeda y al Tren de Aragua con una red terrorista transnacional.
El ataque se realizó sin debate sobre legalidad internacional o debido proceso, normalizando —al estilo Netanyahu o Bukele— el uso indiscriminado de la fuerza. La tendencia regional es clara: militarizar la vida civil y convertir a las Fuerzas Armadas en respuesta a problemas que deberían enfrentar las instituciones civiles.
En Colombia lo sabemos bien: tras diez millones de víctimas, cuesta imaginar salidas no militares. Pero lo que vemos hoy es la instrumentalización del crimen organizado como excusa para una guerra sin fin. Y aunque el problema es real —con remanentes de AUC y FARC transformados en estructuras híbridas y corruptas, cárceles convertidas en centros de poder y economías ilegales urbanas clientelizadas—, la respuesta no puede ser suspender derechos.
En ese contexto, grupos como el Tren de Aragua, los Choneros o el Clan del Golfo tienen impacto real. El TdA, sobre todo, halló en la extorsión y la explotación de migrantes su mina de oro: controla mercados básicos con violencia y se aprovecha de los más vulnerables. Ese es su verdadero poder, mucho más que el narcotráfico internacional.
Soluciones ficticias a problemas reales
Pero aquí viene la paradoja de lo que nos intentan vender, que es literalmente capturas masivas sin juicio justo, crear líderes con poderes excepcionales (como Maduro o como Bukele) que disparen primero y pregunten después, suspender juicios justos y encarcelar masivamente a personas incluso por faltas administrativas (como entrar sin permiso a un país), por problemas de control policial (como la extorsión) y por tener tatuajes (nadie debería ir preso por tener un tatuaje). Es justamente lo que no funciona para controlar el problema de crimen organizado que tenemos hoy en la región. El caso tan mencionado de El Salvador, que fue comentado hasta por Maluma en un concierto, obedeció más a la negociación debajo de la mesa con la Mara Salvatrucha 13 para domesticar el crimen mientras se hacían encarcelamientos masivos. De resto, toda América Latina tiene a tope su tasa de encarcelamiento. No está funcionando.
Hay que preguntarse ¿Por qué se expande un grupo como el TdA? Porque los Estados de la región carecen de infraestructura penitenciaria, porque no hay presupuesto ni voluntad de construir burocracias sólidas, porque la política rota al ritmo del clientelismo y prefiere soluciones rápidas y simbólicas antes que reformas de largo plazo. Encarcelar sin garantías, usar la fuerza indiscriminada o militarizar la seguridad resulta popular, pero ineficaz.
A esto se suma la migración masiva venezolana, que puso a sociedades normalizadas frente a un fenómeno inédito: la aparición de bandas violentas que imponen el modelo de extorsión carcelaria en barrios y periferias urbanas. Esa combinación —cárceles sin control, migración vulnerable y economías ilegales— facilitó la construcción de la narrativa de una “invasión depredadora”.
El verdadero problema no es el Tren de Aragua ni el Cártel de los Soles como amenazas. El problema es que la democracia no está ofreciendo salidas. Donde debería haber partidos fuertes, instituciones sólidas y contrapesos efectivos, hay debilidad, corrupción y clientelismo. En ese vacío prospera el crimen organizado. Trump y otros líderes de la región han entendido esa grieta democrática y la han convertido en arma política. Nos venden una narrativa de guerra total contra un enemigo difuso —delincuencia, migración, crimen organizado— que justifica la militarización y erosiona el Estado de Derecho.
Lo peligroso no es que el Tren de Aragua invada a Estados Unidos, sino que la idea de que lo hace sea usada para consolidar un autoritarismo con aplausos de millones. El enemigo real no es una banda de origen carcelario, sino la fragilidad de nuestras democracias y la disposición de nuestras sociedades a entregar derechos y libertades a cambio de la promesa ilusoria de orden.
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