Un cambio de agenda por la crisis del COVID-19
En 2011, la Ley de Víctimas estableció el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, símbolo de ese nuevo momento en la historia de Colombia en donde, con muchas dificultades y errores, se adelantó la negociación que logró desmovilizar a las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Desde entonces, en el marco de una división del país sin precedentes, el tema de construcción de paz y la reparación de víctimas ha concentrado la atención de gobernantes y opinión pública por igual.
Fue incluso la paz, la que terminó definiendo las elecciones presidenciales en 2018. Desde el cambio de gobierno, sin perder protagonismo, la paz siguió siendo el móvil de buena parte de la agenda pública, ya fuera para intentar quitarle importancia a punta de reducciones presupuestales y nombramientos desafortunados o mediante una postura distinta frente a la desmovilización y presencia estatal en los territorios que ha llevado a que la violencia contra líderes sociales y antiguos miembros de las FARC se haya exacerbado, todo lo cual ha fortalecido y endurecido el discurso opositor.
La precariedad que enfrentan tantos colombianos en este sistema neoliberal que hoy más que nunca protege a los grandes capitales, con el consecuente impacto en los derechos de buena parte de la población, sumado a la realidad de violencia y descalificación velada de la apuesta por la paz, llevó -en un ambiente internacional de fondo propicio y sintonizado- a que a fines del 2019 se llevaran a cabo en Colombia movilizaciones de gran envergadura en participación, duración y creatividad. Se trató de reclamos justos y contundentes llamando a la transformación de nuestro modelo socioeconómico, a la atención a asuntos ambientales que ponen en riesgo la supervivencia y a la recuperación de la política pública a favor de la paz que redunde en la protección de la vida de tantas personas que empujan agendas diversas desde lo local.
Colombia hasta hace un mes tenía estas temáticas como centro del debate público, algo desgastado con la división e intolerancia de los sectores opuestos entre sí. Y llegó el COVID19. Llegó para transformarnos la vida de manera urgente e inmediata, sin mucho espacio para la reflexión, con un llamado a la unidad, la solidaridad y la obediencia para el combate colectivo de esta amenaza invisible que se nos presenta. Nuestras preocupaciones como país cambiaron, nuestras demandas se pausaron y parecen haberse puesto en suspenso las otras grandes urgencias que nunca se miraron como tales.
Hoy -en medio de una crisis mundial para la que nadie nunca se preparó- en el día en que recordamos a las víctimas del conflicto en Colombia, cabe preguntarse: ¿Qué pasaría si para conjurar la violencia sistemática contra un sector de la sociedad se establecieran toques de queda, límites en la movilidad y acciones policivas más fuertes? ¿Por qué la muerte sistemática de líderes sociales que sigue ocurriendo no moviliza tanta solidaridad y contundencia? ¿Son las medidas restrictivas de derechos válidas en situaciones de emergencia en las que no se sabe bien cómo actuar? ¿Podría esta coyuntura estar abriendo espacios para normalizar la represión que está demostrando dar resultados para así bajar el ‘desorden social’ que producen la protesta y la defensa de derechos?
La nueva agenda colombiana que surge de la actual crisis tiene la posibilidad de reencauzar los valores y principios de la política pública y el sistema económico y social en aras de verdadero bien común, redundando, al final, en la transformación de esa otra agenda que ahora parece postergada (sin dejar de estar amenazada), en la cual los valores de la solidaridad y el trabajo colectivo reorienten la manera como vivimos y construimos un futuro sostenible para la mayor cantidad de gente posible. O la pandemia puede terminar siendo simplemente un paréntesis en nuestra historia, una anécdota que por un momento produjo un imaginario de otro mundo posible que no puede mantenerse a largo plazo sin alterar las bases capitalistas del único sistema aceptable para continuar viviendo como hasta ahora lo hemos hecho. Hoy estamos ante la oportunidad única de resignificar lo que somos como sociedad para alcanzar lo que más necesitamos: vivir en paz y con menos desigualdad; ojalá líderes y ciudadanos sepamos entenderlo.
En 2011, la Ley de Víctimas estableció el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, símbolo de ese nuevo momento en la historia de Colombia en donde, con muchas dificultades y errores, se adelantó la negociación que logró desmovilizar a las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Desde entonces, en el marco de una división del país sin precedentes, el tema de construcción de paz y la reparación de víctimas ha concentrado la atención de gobernantes y opinión pública por igual.
Fue incluso la paz, la que terminó definiendo las elecciones presidenciales en 2018. Desde el cambio de gobierno, sin perder protagonismo, la paz siguió siendo el móvil de buena parte de la agenda pública, ya fuera para intentar quitarle importancia a punta de reducciones presupuestales y nombramientos desafortunados o mediante una postura distinta frente a la desmovilización y presencia estatal en los territorios que ha llevado a que la violencia contra líderes sociales y antiguos miembros de las FARC se haya exacerbado, todo lo cual ha fortalecido y endurecido el discurso opositor.
La precariedad que enfrentan tantos colombianos en este sistema neoliberal que hoy más que nunca protege a los grandes capitales, con el consecuente impacto en los derechos de buena parte de la población, sumado a la realidad de violencia y descalificación velada de la apuesta por la paz, llevó -en un ambiente internacional de fondo propicio y sintonizado- a que a fines del 2019 se llevaran a cabo en Colombia movilizaciones de gran envergadura en participación, duración y creatividad. Se trató de reclamos justos y contundentes llamando a la transformación de nuestro modelo socioeconómico, a la atención a asuntos ambientales que ponen en riesgo la supervivencia y a la recuperación de la política pública a favor de la paz que redunde en la protección de la vida de tantas personas que empujan agendas diversas desde lo local.
Colombia hasta hace un mes tenía estas temáticas como centro del debate público, algo desgastado con la división e intolerancia de los sectores opuestos entre sí. Y llegó el COVID19. Llegó para transformarnos la vida de manera urgente e inmediata, sin mucho espacio para la reflexión, con un llamado a la unidad, la solidaridad y la obediencia para el combate colectivo de esta amenaza invisible que se nos presenta. Nuestras preocupaciones como país cambiaron, nuestras demandas se pausaron y parecen haberse puesto en suspenso las otras grandes urgencias que nunca se miraron como tales.
Hoy -en medio de una crisis mundial para la que nadie nunca se preparó- en el día en que recordamos a las víctimas del conflicto en Colombia, cabe preguntarse: ¿Qué pasaría si para conjurar la violencia sistemática contra un sector de la sociedad se establecieran toques de queda, límites en la movilidad y acciones policivas más fuertes? ¿Por qué la muerte sistemática de líderes sociales que sigue ocurriendo no moviliza tanta solidaridad y contundencia? ¿Son las medidas restrictivas de derechos válidas en situaciones de emergencia en las que no se sabe bien cómo actuar? ¿Podría esta coyuntura estar abriendo espacios para normalizar la represión que está demostrando dar resultados para así bajar el ‘desorden social’ que producen la protesta y la defensa de derechos?
La nueva agenda colombiana que surge de la actual crisis tiene la posibilidad de reencauzar los valores y principios de la política pública y el sistema económico y social en aras de verdadero bien común, redundando, al final, en la transformación de esa otra agenda que ahora parece postergada (sin dejar de estar amenazada), en la cual los valores de la solidaridad y el trabajo colectivo reorienten la manera como vivimos y construimos un futuro sostenible para la mayor cantidad de gente posible. O la pandemia puede terminar siendo simplemente un paréntesis en nuestra historia, una anécdota que por un momento produjo un imaginario de otro mundo posible que no puede mantenerse a largo plazo sin alterar las bases capitalistas del único sistema aceptable para continuar viviendo como hasta ahora lo hemos hecho. Hoy estamos ante la oportunidad única de resignificar lo que somos como sociedad para alcanzar lo que más necesitamos: vivir en paz y con menos desigualdad; ojalá líderes y ciudadanos sepamos entenderlo.