En estas fechas decembrinas y de año nuevo, aparte de las creencias sobre todo religiosas, hay un ambiente de unión, de regocijo familiar y cunden los deseos por un mejor mañana, pero resulta difícil llevar ese mensaje a la sociedad colombiana cuando los asesinatos hacen parte del diario vivir. Los reiterados consejos de seguridad, publicitados anuncios sobre la toma de medidas extraordinarias, acciones puntuales, especiales y contundentes de lucha contra el delito, anuncios de que los crímenes no quedarán impunes, así como los mutuos requerimientos y coordinación entre los empleados del Estado, hacen parte de un espectáculo mediático. El Gobierno “exigiendo” resultados y dando órdenes a la Fuerza Pública; la Fiscalía adelantando investigaciones exhaustivas, los jueces esperando acusaciones serias y argumentadas para impartir así pronta y cabal justicia.
Lo anterior se mira como un contubernio dirigido a demostrar que todos actúan con apego a sus deberes; los avances contra la criminalidad no se perciben, las detenciones y capturas proliferan, lo notorio no es el trabajo responsable, sino una especie de cacería de brujas y de “falsos positivos judiciales”. En los ciudadanos se multiplica la indefensión y la desconfianza; hasta los pésames se expresan con desdén y, no los dan cuando los implicados son quienes están encargados de hacer cumplir la ley. Todo sigue empeorando ante el poco valor de la vida, esto es así porque en Colombia la impunidad es un legado que se transmite año tras año; si los afectados tienen otra ideología política o una situación social que desagrada, con desprecio e indiferencia algunas autoridades y particulares increíblemente justifican esas acciones.
En diciembre de 2019, fueron asesinados: Jairo Ortiz, miembro de la Guardia Indígena Nasa; Martha Cecilia Pérez Giraldo y Marleny Rueda Giraldo, de la asociación AMAR; Gustavo Adolfo Cárdenas, directivo del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado con sede en Tuluá, Valle del Cauca; Lucy Villarreal, activista cultural y lideresa social de Tumaco Nariño; Reinaldo Carrillo, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y líder social de Pitalito Huila. Se atentó contra Jorge Iván Vélez directivo de SINTREMCALI y activista del paro nacional de noviembre pasado; el Comité Ejecutivo de FECODE es nuevamente amenazado, según denunció y rechazó la organización. Se añaden los crímenes de los antropólogos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ambientalistas y defensores de comunidades; al parecer fueron víctimas de la delincuencia común, en un hurto, la posterior captura y entrega de los perpetradores, en una zona con influencia de grupos paramilitares, arroja dudas.
El Gobierno Duque ha fracasado en su política para contrarrestar la matanza de los líderes sociales, exguerrilleros de las FARC (al menos 77 en 2019, según la ONU) y el primer día de 2020 al reincorporado Benjamín Banguera Rosales en Guapi, Cauca; lo propio pasa con campesinos, sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos. Se hace necesario un proceso de autoevaluación, aceptando las deficiencias y los errores, un frío porcentaje sobre reducción de asesinatos de líderes sociales entregado en un discurso no es satisfactorio. Con los nuevos gobernadores y alcaldes se debe tomar medidas serenas, estudiadas, prontas, que permitan combatir a las organizaciones delictivas y a sus jefes. Una revisión desapasionada del trabajo de la Fuerza Pública va en esta misma dirección, es inaplazable; aunque cientos de hombres y mujeres prestan un valioso servicio al país siendo fieles al cumplimiento de su labor, honrado el uniforme, son frecuentes los casos de corrupción, uso excesivo de la fuerza y de las armas, lo que incluye un examen sobre los procedimientos del ESMAD, no es un tema vedado, los asuntos de seguridad requieren un control democrático; acontece que los procesos no avanzan o ante graves conductas denunciadas por las comunidades y las víctimas, los altos mandos y el ministro de defensa de turno tratan de desviar u ocultar la realidad de los hechos. Ojalá que los cambios en la cúpula militar y en la policía no sean de rutina, o por razones políticas, sino con el propósito de mejorar la prestación del servicio y exaltar a quienes tienen las más altas calidades profesionales y éticas.
Le compete a la Rama Judicial hacer frente a los delincuentes, pero la reforma integral a la justicia está en veremos; se necesita más presupuesto, son evidentes la congestión y el insuficiente número de fiscales, jueces y empleados, entre otros asuntos medulares. Por otro lado, en diciembre pasado, se asesinó al fiscal 96 Especializado contra el Crimen Organizado de Cali, Alcibiades Libreros, merece tomar en serio estas muertes violentas y revisar cuál es la protección que se está dando a los servidores judiciales que exponen su vida en la tarea de castigar a los maleantes. Paradójicamente en Colombia hay funcionarios, exfuncionarios y sus familias que tienen esquemas de seguridad excesivos, muy costosos; el nivel de riesgo en otros no es alto pero gozan de beneficios de protección. Más allá de lo dicho, es preocupante que se regrese a la aciaga década de los ochenta, en 1989 por ejemplo, se mató casi todos los meses a autoridades judiciales que intentaban reprimir a los carteles de la droga.
Sigue pendiente la elección del fiscal General de la Nación, una nueva oportunidad para designar a un profesional idóneo, conocedor de los asuntos penales, que no utilice el ente acusador como instrumento de persecución ni retaliación política, favoreciendo sus propios intereses y los de sus benefactores. El prestigio, la imagen y fiabilidad de la Fiscalía está cuestionada, la morosidad, la improvisación, el error judicial es lo visible, siendo innegable que muchos fiscales realizan una tarea denodada. La Fiscalía General tiene una labor muy delicada, le corresponde adelantar el ejercicio de la actuación penal y realizar la investigación de los hechos que revistan la característica de delito; por eso en la dolorosa secuencia de homicidios que sacude al país, es de suma importancia el rigor acusatorio, se necesita que la gente tenga respaldo y certidumbre en este órgano judicial.
El 2019 ratificó que cuando las máximas dignidades del Estado están a cargo de personas con serios cuestionamientos en sus conductas o en su desempeño funcional, sin independencia, liosos, se presenta una fractura institucional, que empieza por la falta de credibilidad en el organismo que representan. Aún con las graves dificultades, mediante la solidaridad, el control ciudadano y sobre todo la voluntad política se puede enderezar el rumbo, los asesinatos solamente conducen a la destrucción, al odio, suscitan venganza y menosprecio por la vida y la dignidad humana.
En estas fechas decembrinas y de año nuevo, aparte de las creencias sobre todo religiosas, hay un ambiente de unión, de regocijo familiar y cunden los deseos por un mejor mañana, pero resulta difícil llevar ese mensaje a la sociedad colombiana cuando los asesinatos hacen parte del diario vivir. Los reiterados consejos de seguridad, publicitados anuncios sobre la toma de medidas extraordinarias, acciones puntuales, especiales y contundentes de lucha contra el delito, anuncios de que los crímenes no quedarán impunes, así como los mutuos requerimientos y coordinación entre los empleados del Estado, hacen parte de un espectáculo mediático. El Gobierno “exigiendo” resultados y dando órdenes a la Fuerza Pública; la Fiscalía adelantando investigaciones exhaustivas, los jueces esperando acusaciones serias y argumentadas para impartir así pronta y cabal justicia.
Lo anterior se mira como un contubernio dirigido a demostrar que todos actúan con apego a sus deberes; los avances contra la criminalidad no se perciben, las detenciones y capturas proliferan, lo notorio no es el trabajo responsable, sino una especie de cacería de brujas y de “falsos positivos judiciales”. En los ciudadanos se multiplica la indefensión y la desconfianza; hasta los pésames se expresan con desdén y, no los dan cuando los implicados son quienes están encargados de hacer cumplir la ley. Todo sigue empeorando ante el poco valor de la vida, esto es así porque en Colombia la impunidad es un legado que se transmite año tras año; si los afectados tienen otra ideología política o una situación social que desagrada, con desprecio e indiferencia algunas autoridades y particulares increíblemente justifican esas acciones.
En diciembre de 2019, fueron asesinados: Jairo Ortiz, miembro de la Guardia Indígena Nasa; Martha Cecilia Pérez Giraldo y Marleny Rueda Giraldo, de la asociación AMAR; Gustavo Adolfo Cárdenas, directivo del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado con sede en Tuluá, Valle del Cauca; Lucy Villarreal, activista cultural y lideresa social de Tumaco Nariño; Reinaldo Carrillo, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y líder social de Pitalito Huila. Se atentó contra Jorge Iván Vélez directivo de SINTREMCALI y activista del paro nacional de noviembre pasado; el Comité Ejecutivo de FECODE es nuevamente amenazado, según denunció y rechazó la organización. Se añaden los crímenes de los antropólogos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ambientalistas y defensores de comunidades; al parecer fueron víctimas de la delincuencia común, en un hurto, la posterior captura y entrega de los perpetradores, en una zona con influencia de grupos paramilitares, arroja dudas.
El Gobierno Duque ha fracasado en su política para contrarrestar la matanza de los líderes sociales, exguerrilleros de las FARC (al menos 77 en 2019, según la ONU) y el primer día de 2020 al reincorporado Benjamín Banguera Rosales en Guapi, Cauca; lo propio pasa con campesinos, sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos. Se hace necesario un proceso de autoevaluación, aceptando las deficiencias y los errores, un frío porcentaje sobre reducción de asesinatos de líderes sociales entregado en un discurso no es satisfactorio. Con los nuevos gobernadores y alcaldes se debe tomar medidas serenas, estudiadas, prontas, que permitan combatir a las organizaciones delictivas y a sus jefes. Una revisión desapasionada del trabajo de la Fuerza Pública va en esta misma dirección, es inaplazable; aunque cientos de hombres y mujeres prestan un valioso servicio al país siendo fieles al cumplimiento de su labor, honrado el uniforme, son frecuentes los casos de corrupción, uso excesivo de la fuerza y de las armas, lo que incluye un examen sobre los procedimientos del ESMAD, no es un tema vedado, los asuntos de seguridad requieren un control democrático; acontece que los procesos no avanzan o ante graves conductas denunciadas por las comunidades y las víctimas, los altos mandos y el ministro de defensa de turno tratan de desviar u ocultar la realidad de los hechos. Ojalá que los cambios en la cúpula militar y en la policía no sean de rutina, o por razones políticas, sino con el propósito de mejorar la prestación del servicio y exaltar a quienes tienen las más altas calidades profesionales y éticas.
Le compete a la Rama Judicial hacer frente a los delincuentes, pero la reforma integral a la justicia está en veremos; se necesita más presupuesto, son evidentes la congestión y el insuficiente número de fiscales, jueces y empleados, entre otros asuntos medulares. Por otro lado, en diciembre pasado, se asesinó al fiscal 96 Especializado contra el Crimen Organizado de Cali, Alcibiades Libreros, merece tomar en serio estas muertes violentas y revisar cuál es la protección que se está dando a los servidores judiciales que exponen su vida en la tarea de castigar a los maleantes. Paradójicamente en Colombia hay funcionarios, exfuncionarios y sus familias que tienen esquemas de seguridad excesivos, muy costosos; el nivel de riesgo en otros no es alto pero gozan de beneficios de protección. Más allá de lo dicho, es preocupante que se regrese a la aciaga década de los ochenta, en 1989 por ejemplo, se mató casi todos los meses a autoridades judiciales que intentaban reprimir a los carteles de la droga.
Sigue pendiente la elección del fiscal General de la Nación, una nueva oportunidad para designar a un profesional idóneo, conocedor de los asuntos penales, que no utilice el ente acusador como instrumento de persecución ni retaliación política, favoreciendo sus propios intereses y los de sus benefactores. El prestigio, la imagen y fiabilidad de la Fiscalía está cuestionada, la morosidad, la improvisación, el error judicial es lo visible, siendo innegable que muchos fiscales realizan una tarea denodada. La Fiscalía General tiene una labor muy delicada, le corresponde adelantar el ejercicio de la actuación penal y realizar la investigación de los hechos que revistan la característica de delito; por eso en la dolorosa secuencia de homicidios que sacude al país, es de suma importancia el rigor acusatorio, se necesita que la gente tenga respaldo y certidumbre en este órgano judicial.
El 2019 ratificó que cuando las máximas dignidades del Estado están a cargo de personas con serios cuestionamientos en sus conductas o en su desempeño funcional, sin independencia, liosos, se presenta una fractura institucional, que empieza por la falta de credibilidad en el organismo que representan. Aún con las graves dificultades, mediante la solidaridad, el control ciudadano y sobre todo la voluntad política se puede enderezar el rumbo, los asesinatos solamente conducen a la destrucción, al odio, suscitan venganza y menosprecio por la vida y la dignidad humana.