Un pasado que no termina de pasar

Hace unos días, el país vio, con cierto asombro, la audiencia pública de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, en la que diez integrantes del Ejército, desde oficiales de alta graduación hasta algunos suboficiales, junto a un civil reclutador de víctimas, contaron los detalles de las ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander. Del relato, queda en evidencia que se está ante una práctica sistemática, en la que hubo una concertación de intereses para exterminar a un número alto de personas con fines de presentar altos resultados operacionales; que hubo una planeación deliberada para buscar a las víctimas, asesinarlas, presentarlas como bajas legítimas, cobrar recompensas –sin que se sepa a qué bolsillos fueron a parar–. Y a esto se suma un patrón de impunidad generalizado.

Ese mismo día, miércoles 27 de abril, se debatían en el Congreso de la República las dudas en torno al operativo del Ejército realizado a finales de marzo en la vereda el Remanso (Puerto Leguizamo, Putumayo), donde se ha denunciado que una parte de las 11 víctimas* eran civiles y no integrantes del grupo ilegal Comandos de la Frontera, como argumentó la Fuerza Pública. En el debate, no sólo se justificó el operativo por parte del ministro de defensa, los altos mandos militares y buena parte de la bancada de gobierno; sino que se buscó estigmatizar y criminalizar a las víctimas, señalando que eran delincuentes. Aquí es necesario también recordar que se han denunciado acciones de intimidación contra el equipo de periodistas de la Revista Cambio, El Espectador y Vorágine, que están cubriendo a profundidad el tema.

El Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano ha abierto la puerta para que, en medio de la labor de las entidades del Sistema Integral de Paz (Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Jurisdicción Especial de Paz), el país escuche de nuevo a las víctimas contando el relato de su sufrimiento y de lo que han hecho para reconstruir sus proyectos de vida individuales, familiares y colectivos. Al mismo tiempo, estamos comenzado a escuchar en espacios públicos la narrativa de los responsables, de exintegrantes de las Farc y otras guerrillas, de integrantes de la fuerza pública, de exparamilitares y, un poco menos, de otros funcionarios públicos y de civiles que promovieron, participaron o se lucraron intencionalmente del conflicto armado (lo que en el Acuerdo de Paz se denominaron terceros civiles). No es que esto no haya pasado antes, ya se habían escuchado testimonios de paramilitares en las sesiones de los tribunales de Justicia y Paz, pero no en eventos públicos de libre acceso para la opinión pública.

Junto con el horror que provocan los relatos crudos de los responsables, una pregunta que queda en el ambiente es: ¿por qué, ante la magnitud de la barbarie de lo que estaba pasando, la sociedad no reaccionó colectivamente para impedir que esto siguiera pasando, y para rodear a las víctimas en un abrazo protector? Lamentablemente, lo que más se evidencia es una gran indiferencia por lo que estaba pasando y, en muchos casos, de nuevo, se justificó lo sucedido argumentando que “algo habrían hecho” las víctimas para ser objeto de ataque y eliminación.

¿Cómo explicar esto? ¿Por qué una parte de la sociedad, las personas “normales, comunes y corrientes”, terminan justificando la violencia contra la población civil? Una primera explicación es que un conflicto armado tan prolongado termina naturalizando y banalizando la violencia, se vuelve parte de la cotidianidad de la sociedad, hasta llegar a las aterradoras cifras que hemos tenido: más de 9 millones de víctimas, más de 268.000 homicidios, más de 4.200 masacres que dejaron casi 25.000 víctimas, más de 37.000 víctimas de secuestro, más de 80.000 víctimas de desaparición forzada, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica.

A esta indiferencia también contribuye el escepticismo, la percepción de que no se sabe si lo que se denuncia es cierto o no, si pasó como lo dicen las víctimas o como lo dicen los responsables. Ante la ausencia de confianza en instituciones de justicia o del ministerio público, o de los medios de comunicación o de la comunidad internacional, los hechos se quedan en la nebulosa de la post verdad.

Finalmente, a este se suma que una parte de la sociedad asume la concepción de que es justo eliminar a quienes identifican como el enemigo, aunque no sean combatientes. La estigmatización convierte al contradictor en un enemigo legítimo: sea porque milita en un determinado partido político; o porque participa en dinámicas de acción colectiva, trabaja en determinadas instituciones, vive en un territorio controlado por un actor armado, o porque piensa de determinada manera. Todas estas son formas de justificar y legitimar la violencia contra la población civil. Y terminan haciendo parte de una construcción narrativa que pone el énfasis en que las víctimas se lo ganaron y los responsables actuaron de manera justificada.

La indiferencia ciudadana ante la barbarie no es un problema del pasado, lamentablemente es un asunto del presente, y evidencia que esta sociedad tiene un reto de reconstrucción o incluso, de fundamentación ética, enorme, para poder avanzar en la superación de la violencia como mecanismo legítimo de actuación social. El problema hace mucho dejó de ser un asunto circunscrito a la existencia de grupos armados legales e ilegales que se disputan el territorio, la población y sus recursos. La urgente reconstrucción ética y la persistencia durante décadas en dicho propósito, es el principal reto en materia de convivencia ciudadana en el país y de la construcción de un orden social viable a futuro.

* Aunque en el debate, la congresista Katherine Miranda afirmó que las víctimas son 13. https://www.pressreader.com/colombia/publimetro-colombia/20220428/281479279981429

Hace unos días, el país vio, con cierto asombro, la audiencia pública de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, en la que diez integrantes del Ejército, desde oficiales de alta graduación hasta algunos suboficiales, junto a un civil reclutador de víctimas, contaron los detalles de las ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander. Del relato, queda en evidencia que se está ante una práctica sistemática, en la que hubo una concertación de intereses para exterminar a un número alto de personas con fines de presentar altos resultados operacionales; que hubo una planeación deliberada para buscar a las víctimas, asesinarlas, presentarlas como bajas legítimas, cobrar recompensas –sin que se sepa a qué bolsillos fueron a parar–. Y a esto se suma un patrón de impunidad generalizado.

Ese mismo día, miércoles 27 de abril, se debatían en el Congreso de la República las dudas en torno al operativo del Ejército realizado a finales de marzo en la vereda el Remanso (Puerto Leguizamo, Putumayo), donde se ha denunciado que una parte de las 11 víctimas* eran civiles y no integrantes del grupo ilegal Comandos de la Frontera, como argumentó la Fuerza Pública. En el debate, no sólo se justificó el operativo por parte del ministro de defensa, los altos mandos militares y buena parte de la bancada de gobierno; sino que se buscó estigmatizar y criminalizar a las víctimas, señalando que eran delincuentes. Aquí es necesario también recordar que se han denunciado acciones de intimidación contra el equipo de periodistas de la Revista Cambio, El Espectador y Vorágine, que están cubriendo a profundidad el tema.

El Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano ha abierto la puerta para que, en medio de la labor de las entidades del Sistema Integral de Paz (Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Jurisdicción Especial de Paz), el país escuche de nuevo a las víctimas contando el relato de su sufrimiento y de lo que han hecho para reconstruir sus proyectos de vida individuales, familiares y colectivos. Al mismo tiempo, estamos comenzado a escuchar en espacios públicos la narrativa de los responsables, de exintegrantes de las Farc y otras guerrillas, de integrantes de la fuerza pública, de exparamilitares y, un poco menos, de otros funcionarios públicos y de civiles que promovieron, participaron o se lucraron intencionalmente del conflicto armado (lo que en el Acuerdo de Paz se denominaron terceros civiles). No es que esto no haya pasado antes, ya se habían escuchado testimonios de paramilitares en las sesiones de los tribunales de Justicia y Paz, pero no en eventos públicos de libre acceso para la opinión pública.

Junto con el horror que provocan los relatos crudos de los responsables, una pregunta que queda en el ambiente es: ¿por qué, ante la magnitud de la barbarie de lo que estaba pasando, la sociedad no reaccionó colectivamente para impedir que esto siguiera pasando, y para rodear a las víctimas en un abrazo protector? Lamentablemente, lo que más se evidencia es una gran indiferencia por lo que estaba pasando y, en muchos casos, de nuevo, se justificó lo sucedido argumentando que “algo habrían hecho” las víctimas para ser objeto de ataque y eliminación.

¿Cómo explicar esto? ¿Por qué una parte de la sociedad, las personas “normales, comunes y corrientes”, terminan justificando la violencia contra la población civil? Una primera explicación es que un conflicto armado tan prolongado termina naturalizando y banalizando la violencia, se vuelve parte de la cotidianidad de la sociedad, hasta llegar a las aterradoras cifras que hemos tenido: más de 9 millones de víctimas, más de 268.000 homicidios, más de 4.200 masacres que dejaron casi 25.000 víctimas, más de 37.000 víctimas de secuestro, más de 80.000 víctimas de desaparición forzada, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica.

A esta indiferencia también contribuye el escepticismo, la percepción de que no se sabe si lo que se denuncia es cierto o no, si pasó como lo dicen las víctimas o como lo dicen los responsables. Ante la ausencia de confianza en instituciones de justicia o del ministerio público, o de los medios de comunicación o de la comunidad internacional, los hechos se quedan en la nebulosa de la post verdad.

Finalmente, a este se suma que una parte de la sociedad asume la concepción de que es justo eliminar a quienes identifican como el enemigo, aunque no sean combatientes. La estigmatización convierte al contradictor en un enemigo legítimo: sea porque milita en un determinado partido político; o porque participa en dinámicas de acción colectiva, trabaja en determinadas instituciones, vive en un territorio controlado por un actor armado, o porque piensa de determinada manera. Todas estas son formas de justificar y legitimar la violencia contra la población civil. Y terminan haciendo parte de una construcción narrativa que pone el énfasis en que las víctimas se lo ganaron y los responsables actuaron de manera justificada.

La indiferencia ciudadana ante la barbarie no es un problema del pasado, lamentablemente es un asunto del presente, y evidencia que esta sociedad tiene un reto de reconstrucción o incluso, de fundamentación ética, enorme, para poder avanzar en la superación de la violencia como mecanismo legítimo de actuación social. El problema hace mucho dejó de ser un asunto circunscrito a la existencia de grupos armados legales e ilegales que se disputan el territorio, la población y sus recursos. La urgente reconstrucción ética y la persistencia durante décadas en dicho propósito, es el principal reto en materia de convivencia ciudadana en el país y de la construcción de un orden social viable a futuro.

* Aunque en el debate, la congresista Katherine Miranda afirmó que las víctimas son 13. https://www.pressreader.com/colombia/publimetro-colombia/20220428/281479279981429