Una búsqueda digna de los desaparecidos
Desde hace unas dos semanas se volvió a hablar del tema en Colombia, con campañas y llamados a acompañar actividades simbólicas, académicas, artísticas y, en fin, a concientizar -otra vez- sobre el drama de la desaparición forzada. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta julio de 2018, el conflicto armado en Colombia dejó un total de 80.514 desaparecidos, número que con seguridad seguirá creciendo de la mano de la violencia reciente contra los líderes sociales que, entre otras cosas, se dedican a buscar a los desaparecidos de este país.
Con la desaparición, la persona queda excluida de la protección que le corresponde como sujeto de derechos y su familia se enfrenta a la crueldad de la incertidumbre, el silencio sobre el destino del desaparecido y debe iniciar el arriesgado recorrido de hacer preguntas, de enfrentarse a un sistema de justicia inoperante, de sufrir el señalamiento de su ser querido, así como la falta de interés y de capacidad institucional del Estado para ayudarlo en su búsqueda; es decir, se enfrenta a la revictimización. Muchos de los relatos de los familiares de los desaparecidos que estoicamente siguen asistiendo a cuanto evento se hace alrededor de este tema, hablan de más de 20 años de infructuosa búsqueda, llena de obstáculos como la manipulación de la información, el manejo inadecuado de restos para identificar cuerpos, los entramados burocráticos, la falta de presupuesto para adelantar actividades forenses serias y, lamentablemente, el desprecio que se tiene por esas víctimas. Es como si al no verse, ni saberse nada, importaran menos.
Los Acuerdos de La Habana dispusieron la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Unidad fue reglamentada por decreto desde abril de 2017 y, sin embargo, sólo hasta este pasado 30 de agosto se le asignó un presupuesto de funcionamiento, luego de una fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo y las redes sociales, para tomar medidas que permitieran la puesta en marcha real de esta entidad.
La Unidad ha empezado a recibir informes provenientes de las FARC y en los próximos días la Fiscalía entregará al Sistema Integral 22.000 procesos sobre desaparición forzada. En el conversatorio que sobre este tema se realizó esta semana en Barranquilla se hizo particular énfasis en la necesidad de articular las entidades que trabajan el tema con la participación de los familiares de la persona dada por desaparecida -aspecto generalmente obviado-, y en dar un manejo técnico idóneo que responda no solo a los requerimientos científicos de las labores forenses, sino, sobretodo, a la dignidad, respeto y humanidad que debe reconocérsele en todo momento a los cuerpos de las víctimas.
El propósito de los Acuerdos con relación a las víctimas del conflicto armado es reparar el daño causado por todas las vías posibles. En los casos de desaparición forzada, la reparación, generalmente, la da el hecho de encontrar al desaparecido, que ‘aparezca’ -así sea sin vida-, para poder hacer un cierre y elaborar el duelo correspondiente. La esperanza que se tiene de que esa persona regrese o sea devuelta, solo termina con la certeza de su muerte. La verdad sobre lo ocurrido, por dolorosa que sea, es el vehículo que les permite a las víctimas tener una contraparte para perdonar -o no- y, sobretodo, para poder elaborar la historia completa y honrar la memoria de ese ser querido.
La reconciliación a la que aspiramos en esta etapa de postconflicto requiere reconocer el asunto de los desaparecidos como una tragedia nacional de dimensiones escandalosas sobre la cual deben adoptarse acciones contundentes. El relato del conflicto colombiano que se está construyendo desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad debe dar cuenta de este fenómeno, sirviendo tanto de mecanismo reparador que contribuya a aliviar el dolor de las víctimas, como de llamado social a la no repetición de esta práctica atroz. Para todo esto, la consolidación de la Unidad y el respaldo a su gestión deben ser prioridad del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Desde hace unas dos semanas se volvió a hablar del tema en Colombia, con campañas y llamados a acompañar actividades simbólicas, académicas, artísticas y, en fin, a concientizar -otra vez- sobre el drama de la desaparición forzada. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta julio de 2018, el conflicto armado en Colombia dejó un total de 80.514 desaparecidos, número que con seguridad seguirá creciendo de la mano de la violencia reciente contra los líderes sociales que, entre otras cosas, se dedican a buscar a los desaparecidos de este país.
Con la desaparición, la persona queda excluida de la protección que le corresponde como sujeto de derechos y su familia se enfrenta a la crueldad de la incertidumbre, el silencio sobre el destino del desaparecido y debe iniciar el arriesgado recorrido de hacer preguntas, de enfrentarse a un sistema de justicia inoperante, de sufrir el señalamiento de su ser querido, así como la falta de interés y de capacidad institucional del Estado para ayudarlo en su búsqueda; es decir, se enfrenta a la revictimización. Muchos de los relatos de los familiares de los desaparecidos que estoicamente siguen asistiendo a cuanto evento se hace alrededor de este tema, hablan de más de 20 años de infructuosa búsqueda, llena de obstáculos como la manipulación de la información, el manejo inadecuado de restos para identificar cuerpos, los entramados burocráticos, la falta de presupuesto para adelantar actividades forenses serias y, lamentablemente, el desprecio que se tiene por esas víctimas. Es como si al no verse, ni saberse nada, importaran menos.
Los Acuerdos de La Habana dispusieron la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Unidad fue reglamentada por decreto desde abril de 2017 y, sin embargo, sólo hasta este pasado 30 de agosto se le asignó un presupuesto de funcionamiento, luego de una fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo y las redes sociales, para tomar medidas que permitieran la puesta en marcha real de esta entidad.
La Unidad ha empezado a recibir informes provenientes de las FARC y en los próximos días la Fiscalía entregará al Sistema Integral 22.000 procesos sobre desaparición forzada. En el conversatorio que sobre este tema se realizó esta semana en Barranquilla se hizo particular énfasis en la necesidad de articular las entidades que trabajan el tema con la participación de los familiares de la persona dada por desaparecida -aspecto generalmente obviado-, y en dar un manejo técnico idóneo que responda no solo a los requerimientos científicos de las labores forenses, sino, sobretodo, a la dignidad, respeto y humanidad que debe reconocérsele en todo momento a los cuerpos de las víctimas.
El propósito de los Acuerdos con relación a las víctimas del conflicto armado es reparar el daño causado por todas las vías posibles. En los casos de desaparición forzada, la reparación, generalmente, la da el hecho de encontrar al desaparecido, que ‘aparezca’ -así sea sin vida-, para poder hacer un cierre y elaborar el duelo correspondiente. La esperanza que se tiene de que esa persona regrese o sea devuelta, solo termina con la certeza de su muerte. La verdad sobre lo ocurrido, por dolorosa que sea, es el vehículo que les permite a las víctimas tener una contraparte para perdonar -o no- y, sobretodo, para poder elaborar la historia completa y honrar la memoria de ese ser querido.
La reconciliación a la que aspiramos en esta etapa de postconflicto requiere reconocer el asunto de los desaparecidos como una tragedia nacional de dimensiones escandalosas sobre la cual deben adoptarse acciones contundentes. El relato del conflicto colombiano que se está construyendo desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad debe dar cuenta de este fenómeno, sirviendo tanto de mecanismo reparador que contribuya a aliviar el dolor de las víctimas, como de llamado social a la no repetición de esta práctica atroz. Para todo esto, la consolidación de la Unidad y el respaldo a su gestión deben ser prioridad del Estado y de la sociedad en su conjunto.