Una oposición sin estatuto: en manos de la Corte Constitucional

Uno de los logros del Acuerdo Final fue facilitar el cumplimiento de disposiciones incorporadas en la Constitución de 1991 y que llevaban más de 25 años sin desarrollo. Este es el caso del artículo 112 que estableció la necesidad de expedir un estatuto de la oposición, es decir, unas reglas para que los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno ejerzan libremente una función crítica frente a este y puedan plantear, así como desarrollar, alternativas políticas.

La oposición política juega un papel esencial en la democracia constitucional al ser expresión de sus supuestos esenciales, como la igualdad, la pluralidad, las mayorías como formula para la adopción de decisiones y la participación; y al mismo tiempo permitir el cumplimiento de sus propósitos en el orden jurídico y social, relacionados con el control político democrático, la deliberación, los pesos y contrapesos y la convivencia.

En esa medida, la oposición surge como un presupuesto indispensable de la vida en sociedad y la adopción de las reglas para su ejercicio presuponen el mantenimiento de la cohesión y la convivencia pacífica, fundando en el ejercicio de la política la posibilidad de oponerse a políticas, programas, medidas y otras decisiones.

La comprensión del surgimiento de conflictos a partir de las diferencias existentes en la sociedad, y más aún las reglas y límites para el ejercicio del poder como presupuesto básico del Estado de derecho, cumplen el propósito catalizador de la violencia, aunque no el de la terminación de los conflictos, pues como señalaba Estanislao Zuleta, no debemos vivir a pesar de ellos sino productiva e inteligentemente en ellos.

Y es la comprensión racional de los conflictos la que se encuentra en la concepción de la oposición política que es relevante a la democracia. En nuestro país esto es más importante teniendo en cuenta nuestros históricos antecedentes de violencia asociada a la oposición política.

Después de varios intentos en las últimas tres décadas por fin, el 26 de abril de 2017, fue aprobado en el Congreso de la República un proyecto que establece un marco general para el ejercicio y la protección del derecho a la oposición, pasando al estudio de la Corte Constitucional quien lo analizó durante un año y el pasado 4 de abril lo encontró ajustado a la Constitución, tal y como lo anunció en un comunicado de prensa.

No obstante, el texto de la sentencia no ha sido publicado, a pesar de que pasaron los 30 días hábiles que dispone su reglamento para hacerlo, y esta situación impide que el proyecto sea remitido al Congreso de la República y de allí al Presidente de la República para su sanción como ley.

Esto quiere decir que, aunque tenemos aprobado un proyecto de estatuto de la oposición, este no podría convertirse en ley y empezar a regir en el periodo legislativo que inicia el 20 de julio si la Corte Constitucional no cumple con su función, así que los titulares de prensa y comentarios de los analistas que plantean como histórico el estreno de un estatuto de la oposición carecen de fundamento.

En esa medida, vale la pena hacer un llamado a la Corte Constitucional para que cumpla con su reglamento y publique el texto de la sentencia C-018 de 2018 para que el Estatuto de la Oposición, anunciado desde 1991, pueda ser una ley exigible en los diversos escenarios públicos y se envíe un claro mensaje a la sociedad que los conflictos políticos deben resolverse con deliberación.