—¿Qué tipo de relación existe entre la profundización del dominio del Clan del Golfo en esta región y los megaproyectos de infraestructura y de minería a gran escala que avanzan tanto en Frontino como en Dabeiba? —le pregunté el viernes pasado a monseñor Hugo Alberto Torres. Concluía en este último municipio una misión humanitaria organizada por diversas instituciones del ámbito interreligioso, particularmente de origen católico, luterano y presbiteriano. El propósito del viaje había sido conocer de primera mano la realidad de varias comunidades indígenas tanto de Dabeiba como de Frontino afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal, para, así, poder, posteriormente, visibilizar la crisis en la que se encuentran y llevar a cabo acciones de incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional.
—Ese es un tema que podríamos profundizar por mucho tiempo y con instancias de gran calado —respondió el obispo de Apartadó, en atención a mi pregunta. A lo lejos se veían avanzar las obras de la Autopista al Mar 2. Con una longitud concesionada de 254 km, entre Cañas Gordas y Necoclí, y una inversión capex de $1,8 billones, la vía 4G está a cargo de la concesionaria Autopistas Urabá, integrada, en orden de participación, por China Harbour Concessions Company S.L., China Harbour Engineering Company (Chec) Limited Colombia, SP Ingenieros, Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas y Termotécnica Coindustrial.
-Yo preguntaba en alguna de las comunidades en las que estuve —siguió Torres— cuál era la motivación para que los grupos al margen de la ley hicieran presencia en estos territorios aparentemente tan olvidados y tan sin interés para muchos, y la respuesta fue contundente: la coca es el motivo para que hayan estas fuerzas que tratan de proteger el cultivo y se aprovechan directa o indirectamente de sus ganancias. Pero, además, las comunidades comenzaron a contar que ya habían sido consultadas algunas personas, usualmente líderes, sobre temas de hidroeléctricas y minería de roca. Yo sí creería que detrás de toda esta posesión y dominio vendrá la gran minería. Esta parte de Antioquia está saturada de títulos mineros y el mapa geográfico ya está de cierta manera visibilizado como un potencial aurífero y de otros elementos. Todo este dominio va en función de esos megaproyectos.
A la mesa, también estaba sentado Luis Fernando Caisamo Iságama, consejero de derechos humanos y paz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Su voz aglutinó las voces de otros líderes embera, tanto hombres como mujeres, que por razones de seguridad debieron abstenerse de ofrecer declaraciones a la prensa esa mañana:
—Nosotros, los pueblos indígenas, nos hemos dado cuenta que se han realizado a nuestras espaldas estudios —dijo el representante de la OIA. A flor de piel llevaba el recuerdo de Kimy Pernía, el líder indígena que se opuso a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I y que fue asesinado hace 20 años por el proyecto paramilitar—. Ellos ya tienen toda la tecnología, toda la maquinaria para realizar estudios, inclusive aéreos, sobrevolando nuestros territorios. Hay una infinidad de estudios y muchas veces ellos, como saben que es territorio indígena, la única que ven es amedrentar a nuestros líderes, asustando a nuestros comuneros, porque legalmente no pueden estar allí. La única manera que ellos conocen es el miedo, la intimidación, la desaparición, el asesinato sistemático. Muchas veces estas transnacionales se ven apoyadas en estos grupos —concluyó tajante.
Así como Caisamo quiere ver libre de minas a cielo abierto el territorio indígena de Antioquia, otros embera, cuya integridad también debe ser protegida, llaman la atención sobre el hecho de que, tanto en Dabeiba como Frontino, así como en otros municipios cercanos, algunas áreas abarcadas por títulos de exploración corresponden a zonas contaminadas hoy por la instalación de minas antipersonales. Dichas áreas no solo coinciden con sitios en los que el Clan del Golfo le ha ido arrebatando poder al ELN, tras la salida de las FARC. También conforman el paisaje de los lugares en los que los embera eyabida están siendo sometidos a presiones por parte de foráneos que reparten billete para que los dejen entran a explorar sus tierras.
Hay profesores indígenas atormentados por la posibilidad de que una mina antipersonal explote a su paso, entre barrizales. Hay otros que denuncian que, incluso, hombres del Clan del Golfo ocupan escuelas para fabricar dicha clase de artefactos. Montaña arriba se han presentado más accidentes de los que hasta el momento han salido a la luz. Involucran también a mujeres y a niños. Hay comunidades confinadas pasando hambre, mientras en sus territorios se advierte la presencia de informantes bien alimentados. Hombres, por lo general, venidos de afuera, ataviados con ropa negra y una que otra chaqueta de marca, que vigilan a plena luz del día las entradas a las veredas y a los resguardos, incluso a escasos metros de la vía intermunicipal y no a más de una hora, por ejemplo, del casco urbano de Dabeiba, rumbo a Mutatá.
Por cosas como esta última es que se multiplican los señalamientos sobre complicidad por parte, ya no solamente, de sectores de la fuerza pública, sino también de sectores de la clase política y económica de Urabá y del departamento, a los que —según se dice— les convendría el desplazamiento forzado y el despojo para materializar sus ambiciones en la denominada “mejor esquina de Sur América”.
El llamamiento que hacen las autoridades indígenas de Dabeiba y de Frontino sobre la grave crisis humanitaria en la que se encuentran sus comunidades ya fue escuchado por hombres y mujeres de varias iglesias, comprometidos con la construcción de paz. Ahora falta que el Gobierno actúe. De lo contrario seguirá pecando por omisión.