Vergonzante

El Estado colombiano sigue haciendo lo imposible por lavar la historia de una tierra manchada por el despojo a comunidades indígenas que viven en la mendicidad y por la sangre de niños reclutados para la guerra. Y de paso, limpiar el enorme negocio del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, señalado de auspiciar el paramilitarismo y de acumular decenas de miles de hectáreas en los Llanos Orientales con ayuda de servidores públicos.

En abril pasado, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, cumplió de manera vergonzante con la orden que le había dado el Tribunal Superior de Bogotá, para que decidiera sobre una solicitud interpuesta por el senador Iván Cepeda, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro que buscaba tumbar las adjudicaciones de las fincas que conforman la hacienda El Brasil en Puerto Gaitán. En otras palabras, que determinara si los beneficiarios a los que el Estado les entregó 13 mil hectáreas en los noventa, eran campesinos pobres sujetos de reforma agraria o testaferros de Carranza.

Si la ANT decidía revocar estas adjudicaciones, todos los negocios realizados con estas tierras posteriormente se anularían, los predios volverían a ser baldíos de la nación y podrían ser entregados a las comunidades indígenas o campesinos pobres de la región que los reclaman. Quien perdería el terreno sería la Agropecuaria Aliar, con su marca de carnes de cerdo La Fazenda.

Por supuesto, la ANT negó la solicitud de revocatoria, en una decisión a mediados de abril, de la que apenas se vino a saber hace unas semanas. La decisión favorece un enorme negocio que ha sido promovido por todos los gobiernos de las dos pasadas décadas, de la que hacen parte grandes cacaos de la producción de concentrados agropecuarios en Colombia. Entre ellos los antioqueños del Grupo Bíos (dueños de la marca Contegral y la fortuna 14 más grande de Colombia); los también paisas de Premex, cuyo presidente, Alejandro Meza, fue uno de los donantes a la campaña presidencial de Iván Duque; y una sociedad de empresarios santandereanos llamada Promialianza.

La ANT sustentó su decisión en que habían revisado el proceso realizado por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, y no halló irregularidades. Dijo que los documentos mostraban que los adjudicatarios eran sujetos de reforma agraria, habían ocupado el predio por más de cinco años (como lo exige la ley para que el Estado entregue estos predios) y no eran paramilitares. Además que si no se mostraban pruebas de la presunta corrupción de los funcionarios, se debía presumir su inocencia. En otras palabras, que no eran testaferros de Carranza.

Todas las investigaciones que se han hecho desde el periodismo y la academia demuestran lo contrario. Tal vez la más completa la realizó la reportera Ana Guzmán, en un especial multimedia que publicó en Rutas del Conflicto (perdonen el autobombo). El extenso trabajo muestra cómo desde la década de los sesenta, llegaron al predio unos colonos paisas de apellido Jaramillo, luego del desplazamiento de comunidades sikuani, que huían por la violencia que sufrían de manos del mismo Ejército.

Aunque el predio continuaba siendo un baldío, los colonos cercaron, hicieron algunas construcciones para ganadería y luego lo ‘vendieron’, y así la tierra pasó por varias manos. Pero en realidad la venta fue de las mejoras sobre el terreno, e inclusive la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, abrió un folio para registrar estas transacciones. Así, aunque el predio continuaba perteneciendo a la nación, hay certificados de tradición y libertad que dan cuenta de la ocupación. La investigación de Guzmán muestra fotografías de toda la actividad ganadera en el predio en esos años.

Este certificado muestra como último comprador de estas mejoras a Carlos Julio Baquero a finales de los años ochenta. Según testimonios recogidos por la periodista, en 1992, llegó al predio Víctor Carranza e intimidó al ocupante para que le vendiera, pero este se negó. Baquero desapareció los meses siguientes y sus empleados cuentan que desde ese momento Carranza fue el dueño de facto del predio.

Tres años después se realizaron las adjudicaciones a personas que nadie conoce en la zona, algunos con documentos de identidad expedidos en Muzo. Varias de estas adjudicaciones se hicieron el mismo día y prácticamente todo el proceso de estudio para entregar las tierras fue realizado por un solo funcionario.

Mientras todo esto ocurría se consolidó una base paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada en el predio. Los habitantes de la región les decían ‘Carranceros’ porque siempre los vieron como el ejército privado de Víctor Carranza. En El Brasil fueron asesinados y enterrados en fosas comunes varios niños que habían sido reclutados. El predio también sirvió como centro logístico para la incursión paramilitar que llegó desde el Urabá a Mapiripán en 1997.

En 2007, todos los predios del Brasil pasaron a manos de la empresa Agualinda de la familia Carranza, para agruparlos en una sola finca. Las irregularidades son tan evidentes, que inclusive uno de los adjudicatarios le vendió a los Carranza estando muerto, según lo documentó Verdad Abierta en una investigación publicada en 2013.

Y así, se concretó el negocio. Carranza le vendió el predio a los cacaos de Agropecuaria Aliar a través de una fiducia en la que participó el banco Helm. El mismo Álvaro Uribe fue a inaugurar la planta en junio de 2008. “Esto es un sueño. Hace muchos años hablábamos con el doctor Liévano (Jaime Liévano Camargo, presidente de Aliar) y le escuchábamos este proyecto y lo ansiábamos”, dijo Uribe.

Juan Manuel Santos con su gobierno también respaldó el negocio. Cuando sancionó la Ley Zidres, que abrió la puerta para que grandes empresas exploten baldíos en Colombia, invitó a Jaime Liévano y lo mostró como ejemplo de lo que debía hacerse en la Altillanura.

Hace apenas unos meses, el que visitó la región fue el ahora presidente Iván Duque, para inaugurar una planta de energía de Aliar, en un predio cercano a El Brasil, otro espaldarazo para reafirmar que al final lo único que importa es el negocio.

Aunque quedan instancias para revisar la decisión de la ANT, tantos años de decidida actuación estatal a favor del lavado de cara de estas tierras en favor de la agroindustria, le deja muy pocas oportunidades a los indígenas y campesinos que siguen insistiendo, en medio de la miseria, en reclamar lo que consideran suyo.