Por Andrés Sáenz Peñas*
El 29 de enero de 2019, hace exactamente un mes, un grupo de sicarios acribilló a tiros a Silvio Montaño Arango. El señor Montaño se convirtió así, sin saberlo, en el primer precandidato de las próximas elecciones locales en ser asesinado en lo corrido del año. Lastimosamente no está solo.
En los últimos cuatro meses 34 líderes políticos, sociales o comunales han sido asesinados, y 107 han sido víctimas de violencia política a nivel nacional. Estos datos, del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral – MOE, nos revelan una verdad que como colombianos aún no hemos querido procesar o que revela parte del ethos de la normalización de la violencia en nuestra sociedad: en nuestro país se agrede a más de un líder por día y, pese a esto, la indignación no se ha canalizado mayoritariamente para exigir la protección de nuestros líderes.
Esta información no es novedosa. Los informes del programa ‘Somos Defensores’ muestran que en la última década más de 700 líderes sociales han sido asesinados. Así, la historia de nuestro país es también la historia de las violencias derivadas del conflicto armado, incluyendo aquella ejercida contra quienes se atreven a participar en política. Por no ir más lejos, el asesinato de candidatos y precandidatos a cargos de elección popular ha sido parte de la actualidad noticiosa nacional desde hace décadas. Pero esa violencia se expresa hoy por razones distintas a las del pasado.
Según el Instituto CAPAZ existen cuatro factores fundamentales que explican estas nuevas dinámicas de violencia: el reacomodamiento de los actores armados en los territorios que fueron abandonados por la antigua guerrilla de las FARC-EP; las disputas por la tierra y el territorio; la implementación de los cinco puntos del Acuerdo de Paz; y el cambio de estrategias en clave de política pública ocurrido como consecuencia del cambio de gobierno.
Asimismo, y contrario a la creencia popular, las víctimas de violencia política provienen de todo el espectro político y no sólo de una corriente ideológica específica. Es, por tanto, una problemática que afecta a todos los partidos políticos en Colombia, aunque con diferente intensidad. En cuanto al asesinato a líderes, el riesgo aumento a medida en que el liderazgo se concentra en la arena local y comunal. El caso del señor Montaño representa tan sólo la punta del iceberg de miles de personas cuyas vidas están en riesgo de cara a las próximas elecciones locales de este año.
No podemos obviar una realidad. Por su trabajo, sus causas, y la defensa de los intereses de sus comunidades los líderes políticos, sociales y comunales en Colombia están relacionados con la dinámica electoral, incluso cuando no se postulan a cargos de elección popular. Si el año pasado la Fiscalía General de la Nación reconoció la sistematicidad en el asesinato a líderes sociales en el país, ¿no tiene que existir una ruta y una política clara a nivel estatal que proteja a estos líderes y mitigue los riesgos contra su vida y su integridad física y moral?
Sí. De hecho, existe. En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) el gobierno nacional lanzó el noviembre de 2018 el Plan de Acción Oportuna (PAO) como una estrategia que busca asegurarle a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas las condiciones que les permitan realizar sus labores.
Aún están por verse los resultados de esta política pública. Pero su existencia plantea una serie de preguntas importantes para el gobierno, la ciudadanía, la academia, y la comunidad internacional. Entre ellas, ¿cómo se va a unificar el PAO con varios de los decretos promulgados durante el gobierno pasado que incluyen rutas de protección (Decreto 1066 de 2015), el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 de 2017), o la propia existencia del SISEP (Decreto 895 de 2017)? ¿Cuál es la ruta concreta para convertir en una instancia operativa al SISEP y garantizar que la voz de todos los partidos políticos y representantes de líderes sociales se tengan en cuenta en la Instancia de Alto Nivel del Sistema? ¿De qué forma se va a incluir el enfoque de derechos en las acciones que deban realizar las agencias del estado en las acciones relacionadas con líderes sociales?
No es suficiente con que reflexionemos alrededor de la necesidad de mejorar la protección de nuestros líderes políticos, sociales y comunales en el país. Se necesita de mecanismos concretos y de acciones tangibles que permitan que casos como los de Silvio Montaño y de cientos de líderes asesinados no se repitan nuevamente en el país. En muchos casos la respuesta estatal existe, pero no tiene en cuenta enfoque diferencial, o incluso en vez de mitigar el riesgo de los líderes aumenta su visibilidad con esquemas de protección tradicionales en áreas rurales y de difícil acceso. Este tema no da espera. Colombia debe pasar esa página de la historia y decirle a la violencia política: ni un muerto más.
*Gerente del Proyecto Acción Democrática para la Paz
Por Andrés Sáenz Peñas*
El 29 de enero de 2019, hace exactamente un mes, un grupo de sicarios acribilló a tiros a Silvio Montaño Arango. El señor Montaño se convirtió así, sin saberlo, en el primer precandidato de las próximas elecciones locales en ser asesinado en lo corrido del año. Lastimosamente no está solo.
En los últimos cuatro meses 34 líderes políticos, sociales o comunales han sido asesinados, y 107 han sido víctimas de violencia política a nivel nacional. Estos datos, del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral – MOE, nos revelan una verdad que como colombianos aún no hemos querido procesar o que revela parte del ethos de la normalización de la violencia en nuestra sociedad: en nuestro país se agrede a más de un líder por día y, pese a esto, la indignación no se ha canalizado mayoritariamente para exigir la protección de nuestros líderes.
Esta información no es novedosa. Los informes del programa ‘Somos Defensores’ muestran que en la última década más de 700 líderes sociales han sido asesinados. Así, la historia de nuestro país es también la historia de las violencias derivadas del conflicto armado, incluyendo aquella ejercida contra quienes se atreven a participar en política. Por no ir más lejos, el asesinato de candidatos y precandidatos a cargos de elección popular ha sido parte de la actualidad noticiosa nacional desde hace décadas. Pero esa violencia se expresa hoy por razones distintas a las del pasado.
Según el Instituto CAPAZ existen cuatro factores fundamentales que explican estas nuevas dinámicas de violencia: el reacomodamiento de los actores armados en los territorios que fueron abandonados por la antigua guerrilla de las FARC-EP; las disputas por la tierra y el territorio; la implementación de los cinco puntos del Acuerdo de Paz; y el cambio de estrategias en clave de política pública ocurrido como consecuencia del cambio de gobierno.
Asimismo, y contrario a la creencia popular, las víctimas de violencia política provienen de todo el espectro político y no sólo de una corriente ideológica específica. Es, por tanto, una problemática que afecta a todos los partidos políticos en Colombia, aunque con diferente intensidad. En cuanto al asesinato a líderes, el riesgo aumento a medida en que el liderazgo se concentra en la arena local y comunal. El caso del señor Montaño representa tan sólo la punta del iceberg de miles de personas cuyas vidas están en riesgo de cara a las próximas elecciones locales de este año.
No podemos obviar una realidad. Por su trabajo, sus causas, y la defensa de los intereses de sus comunidades los líderes políticos, sociales y comunales en Colombia están relacionados con la dinámica electoral, incluso cuando no se postulan a cargos de elección popular. Si el año pasado la Fiscalía General de la Nación reconoció la sistematicidad en el asesinato a líderes sociales en el país, ¿no tiene que existir una ruta y una política clara a nivel estatal que proteja a estos líderes y mitigue los riesgos contra su vida y su integridad física y moral?
Sí. De hecho, existe. En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) el gobierno nacional lanzó el noviembre de 2018 el Plan de Acción Oportuna (PAO) como una estrategia que busca asegurarle a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas las condiciones que les permitan realizar sus labores.
Aún están por verse los resultados de esta política pública. Pero su existencia plantea una serie de preguntas importantes para el gobierno, la ciudadanía, la academia, y la comunidad internacional. Entre ellas, ¿cómo se va a unificar el PAO con varios de los decretos promulgados durante el gobierno pasado que incluyen rutas de protección (Decreto 1066 de 2015), el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 de 2017), o la propia existencia del SISEP (Decreto 895 de 2017)? ¿Cuál es la ruta concreta para convertir en una instancia operativa al SISEP y garantizar que la voz de todos los partidos políticos y representantes de líderes sociales se tengan en cuenta en la Instancia de Alto Nivel del Sistema? ¿De qué forma se va a incluir el enfoque de derechos en las acciones que deban realizar las agencias del estado en las acciones relacionadas con líderes sociales?
No es suficiente con que reflexionemos alrededor de la necesidad de mejorar la protección de nuestros líderes políticos, sociales y comunales en el país. Se necesita de mecanismos concretos y de acciones tangibles que permitan que casos como los de Silvio Montaño y de cientos de líderes asesinados no se repitan nuevamente en el país. En muchos casos la respuesta estatal existe, pero no tiene en cuenta enfoque diferencial, o incluso en vez de mitigar el riesgo de los líderes aumenta su visibilidad con esquemas de protección tradicionales en áreas rurales y de difícil acceso. Este tema no da espera. Colombia debe pasar esa página de la historia y decirle a la violencia política: ni un muerto más.
*Gerente del Proyecto Acción Democrática para la Paz