¿Y el decreto de coca?

Hoy en Colombia existen múltiples iniciativas que aprovechan la hoja de coca de manera diferente a como lo ha hecho el narcotráfico en las últimas décadas. Basta recorrer algunas cuadras del centro de Bogotá para encontrar variedad de productos - pomadas, cremas, bebidas, aceites - pero muchos de ellos están bajo un vacío regulatorio que este gobierno prometió resolver y aún no ha hecho.

A diferencia de los usos de la coca para el narcotráfico, que encuentra seguridad y respaldo en la prohibición, la hoja enfrenta dificultades para prosperar ante un limbo jurídico que no regula aún la manera de investigar sus posibles usos y efectos, y aún más lejana, la regulación para sus usos comerciales.

Aunque desde los ochenta el estatuto de estupefacientes permitió los usos médicos y científicos de plantas como la coca, tal como lo habilitan también los tratados internacionales de drogas, a la fecha, ningún gobierno se ha encargado de regular las vías para hacer posibles estos usos. De manera audaz, el gobierno Petro, en dos ocasiones, presentó un borrador de decreto que pretendía avanzar en esa dirección, pero como otras tantas iniciativas de este gobierno, esta no se hizo realidad. A menos de un año de que termine este periodo presidencial, todo indica que la deuda histórica con los usos lícitos de la hoja de coca no será saldada.

La ambigüedad jurídica en la que se encuentra la hoja de coca en Colombia es única. Estamos ante una planta que se clasifica y persigue como droga en sí misma, y al tiempo, se protege y se trata como patrimonio cultural los usos tradicionales de las comunidades indígenas del país. Todo esto, precedido por una normatividad que permite el autocultivo de hasta 20 plantas.

En este contexto han florecido iniciativas que transforman la hoja de coca en alimentos, abonos y textiles, pero tienen serios problemas, tanto para adquirir la materia prima de manera legal, como para su comercialización. Además, la falta de reglamentación de los usos médicos y científicos, en la práctica, ha generado trabas burocráticas a proyectos de investigación. Solo existen tres permisos de investigación para esta planta que ostentan tres organizaciones: la Policía Nacional, el Sena regional Cauca y el de la Universidad de los Andes.

Ante este panorama, en noviembre de 2024, el Ministerio de Justicia publicó la segunda versión de un borrador de decreto con el propósito de regular los usos médicos, científicos e industriales de la hoja de coca y la amapola.

Después de un año del primer borrador, una solución parecía vislumbrarse en el paisaje, más porque esta iniciativa regulatoria hace parte de la agenda de drogas que el propio gobierno trazó en su Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Nacional de Drogas. Si bien, como evidenciamos desde Dejusticia, el borrador de decreto tenía limitaciones, porque permitía estos usos exclusivamente mediante la intervención de una entidad pública y no resolvía los problemas de comercialización de los productos derivados de la hoja de coca, la adopción de esta regulación era y es más que necesaria para el país.

Empezar a desanudar el embrollo de la situación jurídica de la coca en Colombia no solo es una cuestión práctica que permite hacerle el quiebre a la prohibición, sino que también es una cuestión para materializar nuestros derechos económicos, sociales y culturales.

De una parte, como bien lo pretendía el último borrador de decreto, cualquier proyecto medicinal, científico o industrial que involucre a las comunidades indígenas debe proteger los derechos de propiedad intelectual de los que gozan estas comunidades por sus conocimientos sobre la planta, mediante consulta previa.

Cabe aclarar que los usos tradicionales de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas no fueron incluidos en el borrador de regulación, por cuanto esto demanda del derecho a la consulta previa que gozan estos pueblos. Por otra parte, posibilitar la investigación sobre la coca permitirá asegurar nuestro derecho de gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, porque sin investigación sobre esta planta, no podremos disfrutar de los potenciales beneficios de su consumo, ni adoptar medidas para reducir sus riesgos, si es que los hay.

La falta de compromiso de este gobierno con la agenda regulatoria en materia de drogas es preocupante y lo único que ha dejado a su paso son oportunidades pérdidas.

La inacción sobre la hoja de coca se suma a la larga lista de iniciativas legislativas y regulatorias que no han avanzado por la desidia: cannabis, reducción de riesgos y daños, por mencionar algunas. La incoherencia en la agenda de drogas en el país resulta evidente al contrastar esta inacción doméstica con las posturas internacionales que asume Colombia en Naciones Unidas.

A nivel internacional, Colombia logró una histórica resolución que le exige una evaluación independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas y ha avanzado en desafiar la injusta prohibición de la hoja de coca, mediante el proceso de revisión crítica iniciado por Bolivia. En cambio, a nivel doméstico las discusiones si acaso llegan a ser un borrador de decreto. La regulación de los usos científicos, medicinales e industriales de la hoja de coca era la oportunidad ideal para demostrarle al mundo las potencialidades de la hoja de coca más allá de la cocaína, pero al parecer la deuda histórica con la coca seguirá sin ser saldada.

*Investigador de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia

**Coordinadora senior de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia