Por: Daniel Marín López*
La ley de presupuesto general de la nación para 2020 parece estar cocinada para antes del 20 de octubre en Congreso, como advirtió Portafolio hace unas semanas. Como todo debate que gira en torno a la economía del país, la conversación ha sido entre los pocos que entienden de los tecnicismos y las complejidades de las finanzas públicas. En lenguajes cada vez más arcanos para la ciudadanía de a pie, el gobierno de Duque, su ministro Carrasquilla y el DNP han tratado de delinear lo que, en su concepto, es su política de estado austero. Uno en el que prime una contracción del Estado –cuando en realidad todavía hay lugares sin su presencia – y por consiguiente una disminución de sus gastos de funcionamiento e inversión.
Esta contracción puede llegar a generar un impacto desmedido en los ciudadanos, pues genera recortes en los programas que debe poner en marcha el Estado para garantizar los derechos de la sociedad. Para ofrecer un ejemplo aquí quisiera referirme al impacto que el proyecto que cursa en el Congreso tiene sobre las víctimas del conflicto armado en el país.
En un blog reciente, mi colega Alejandro Rodríguez mostró cómo los rubros asignados a las instituciones de la ruralidad afectan desproporcionadamente las políticas de la reforma rural integral, una de las principales banderas del Acuerdo Final de Paz. Rodríguez demostró con evidencia los recortes que tendrían la Agencia Nacional de Tierras (-18.9%) y la Agencia de Renovación del Territorio (-10,4%) frente a sus asignaciones de 2019. Esta situación las dejaría a gatas para implementar proyectos tan ambiciosos para el postacuerdo, como el acceso a tierras y el desarrollo integral de las zonas rurales. Con este panorama, se pregunta, ¿cómo pretende el Gobierno impulsar una reforma rural exitosa y socialmente justa si está desfinanciando sus pilares claves?
Si es así como el Gobierno de Duque está pensando afrontar las políticas de la ruralidad, la financiación de las instituciones encargadas de poner en marcha la justicia transicional tiene un balance agridulce. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un recorte de su presupuesto de funcionamiento del 1,2% con respecto al de este año, que a su vez, como lo explica la Comisión Internacional de Juristas, había sido reducido en un 80% en el 2019 con respecto a las proyecciones que tenía la misma JEP. Preocupa que una institución clave para la realización de la justicia y que se encuentra con congestiones complejas en sus Salas, en particular en la concesión de amnistías, hoy siga sufriendo recortes en su funcionamiento.
Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas logró un aumento en su presupuesto de 17,6% y 47% respectivamente, en comparación con el 2019. Sin embargo, este incremento presupuestal está muy por debajo del esperado, teniendo en cuenta los estrepitosos recortes que sufrieron para su funcionamiento durante este año que termina, según lo expuso Colombia 2020 en su momento.
Este panorama es aún más preocupante, pues en el análisis que hemos hecho en Dejusticia del proyecto de Ley de presupuesto general de la nación descubrimos que no existe un rubro asignado para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, un ente clave porque apoya la investigación criminal de las graves violaciones que fueron cometidas en el conflicto y, sobre todo, la protección de las víctimas y demás testigos que acudan a la jurisdicción. A esta entidad le fue otorgada la autonomía presupuestal dentro del plan de desarrollo aprobado hace unos meses, a pesar de que muchos nos opusimos a ella por considerarla innecesaria. No obstante, brilla por su ausencia y si no se corrige en lo que sigue del debate legislativo, con planes de inversión robustos en materia de protección, la supuesta autonomía presupuestal quedaría perdida.
Con todo, el actual proyecto de ley de presupuesto general para el 2020 deja clara la apuesta de paz minimalista que el Gobierno Duque y su partido no han dudado en tener como bandera. Estas decisiones traicionan los ideales del presidente de traer una paz con estabilización y legalidad. Por un lado, al no promover decididamente las reformas sociales en la ruralidad aporta poco para su progreso y “estabilización”. Por el otro, al mantener unas asignaciones básicas para el funcionamiento del sistema de justicia transicional deja claro su poco interés por develar las violaciones del pasado y garantizar que no se repita.
Si la violencia sigue aumentando, ¿el presupuesto de la paz? Bien, gracias…
*Investigador de la línea de justicia transicional de Dejusticia
Por: Daniel Marín López*
La ley de presupuesto general de la nación para 2020 parece estar cocinada para antes del 20 de octubre en Congreso, como advirtió Portafolio hace unas semanas. Como todo debate que gira en torno a la economía del país, la conversación ha sido entre los pocos que entienden de los tecnicismos y las complejidades de las finanzas públicas. En lenguajes cada vez más arcanos para la ciudadanía de a pie, el gobierno de Duque, su ministro Carrasquilla y el DNP han tratado de delinear lo que, en su concepto, es su política de estado austero. Uno en el que prime una contracción del Estado –cuando en realidad todavía hay lugares sin su presencia – y por consiguiente una disminución de sus gastos de funcionamiento e inversión.
Esta contracción puede llegar a generar un impacto desmedido en los ciudadanos, pues genera recortes en los programas que debe poner en marcha el Estado para garantizar los derechos de la sociedad. Para ofrecer un ejemplo aquí quisiera referirme al impacto que el proyecto que cursa en el Congreso tiene sobre las víctimas del conflicto armado en el país.
En un blog reciente, mi colega Alejandro Rodríguez mostró cómo los rubros asignados a las instituciones de la ruralidad afectan desproporcionadamente las políticas de la reforma rural integral, una de las principales banderas del Acuerdo Final de Paz. Rodríguez demostró con evidencia los recortes que tendrían la Agencia Nacional de Tierras (-18.9%) y la Agencia de Renovación del Territorio (-10,4%) frente a sus asignaciones de 2019. Esta situación las dejaría a gatas para implementar proyectos tan ambiciosos para el postacuerdo, como el acceso a tierras y el desarrollo integral de las zonas rurales. Con este panorama, se pregunta, ¿cómo pretende el Gobierno impulsar una reforma rural exitosa y socialmente justa si está desfinanciando sus pilares claves?
Si es así como el Gobierno de Duque está pensando afrontar las políticas de la ruralidad, la financiación de las instituciones encargadas de poner en marcha la justicia transicional tiene un balance agridulce. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un recorte de su presupuesto de funcionamiento del 1,2% con respecto al de este año, que a su vez, como lo explica la Comisión Internacional de Juristas, había sido reducido en un 80% en el 2019 con respecto a las proyecciones que tenía la misma JEP. Preocupa que una institución clave para la realización de la justicia y que se encuentra con congestiones complejas en sus Salas, en particular en la concesión de amnistías, hoy siga sufriendo recortes en su funcionamiento.
Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas logró un aumento en su presupuesto de 17,6% y 47% respectivamente, en comparación con el 2019. Sin embargo, este incremento presupuestal está muy por debajo del esperado, teniendo en cuenta los estrepitosos recortes que sufrieron para su funcionamiento durante este año que termina, según lo expuso Colombia 2020 en su momento.
Este panorama es aún más preocupante, pues en el análisis que hemos hecho en Dejusticia del proyecto de Ley de presupuesto general de la nación descubrimos que no existe un rubro asignado para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, un ente clave porque apoya la investigación criminal de las graves violaciones que fueron cometidas en el conflicto y, sobre todo, la protección de las víctimas y demás testigos que acudan a la jurisdicción. A esta entidad le fue otorgada la autonomía presupuestal dentro del plan de desarrollo aprobado hace unos meses, a pesar de que muchos nos opusimos a ella por considerarla innecesaria. No obstante, brilla por su ausencia y si no se corrige en lo que sigue del debate legislativo, con planes de inversión robustos en materia de protección, la supuesta autonomía presupuestal quedaría perdida.
Con todo, el actual proyecto de ley de presupuesto general para el 2020 deja clara la apuesta de paz minimalista que el Gobierno Duque y su partido no han dudado en tener como bandera. Estas decisiones traicionan los ideales del presidente de traer una paz con estabilización y legalidad. Por un lado, al no promover decididamente las reformas sociales en la ruralidad aporta poco para su progreso y “estabilización”. Por el otro, al mantener unas asignaciones básicas para el funcionamiento del sistema de justicia transicional deja claro su poco interés por develar las violaciones del pasado y garantizar que no se repita.
Si la violencia sigue aumentando, ¿el presupuesto de la paz? Bien, gracias…
*Investigador de la línea de justicia transicional de Dejusticia