No dejan de sorprender las noticias diarias con los duros cuestionamientos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), tema de preocupación dentro del capítulo en la implementación de los acuerdos, no sólo para el país y la comunidad internacional, que de hecho ha realizado ingentes esfuerzos en aras de la consolidación de la paz, sino también por las víctimas quienes están expectantes de su funcionamiento.
La lucha de poderes es un factor predominante en nuestra institucionalidad. Una cultura arraigada de egocentrismo que le ha hecho daño al país. Basta recordar los famosos choques de trenes entre las altas cortes; el pulso entre el poder ejecutivo y el Congreso por querer imponer sus proyectos de ley, sirviéndose de la famosa “mermelada” para “torcer” la voluntad popular que representan, y, por qué no nombrar los jefes de ciertos organismos de control en pasadas administraciones criticados por su evangelización y por sus cuotas burocráticas.
Flaco favor le hacen a la democracia los intereses políticos mezquinos y el poder omnímodo que pretenden algunos servidores públicos desde sus altos cargos. Olvidan a quiénes representan y cuál es el rumbo que deben seguir para cumplir a cabalidad con los postulados que les fijó la Constitución y el pueblo.
La JEP parece no estar exenta de estas actividades. El reciente enfrentamiento entre los magistrados en cabeza de su presidenta, Patricia Linares, y el exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, no dejan bien parada a esa jurisdicción especial. Si bien es claro que debe ser mirada con lupa la administración y gestión del abogado Correa en el cargo, no es menos cierto que esa secretaría fue creada e instituida con una concepción muy diferente a la que tienen hoy las altas cortes para desligar la función netamente administrativa de la de administrar justicia, lamentablemetne parece que se cambió su rumbo.
No podemos pasar por alto que para la justicia ordinaria se creó la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con una dirección ejecutiva, independiente y autónoma. En plata blanca, los magistrados no están para administrar recursos, ni para celebrar contratos o para manejar la nómina. Sus actividades administrativas están limitadas a lo estrictamente necesario para cumplir su función. Zapatero a tus zapatos.
Las acusaciones realizadas por el saliente secretario en el sentido de existir componendas y tráfico de influencias para modificar las funciones inicialmente establecidas para dicha secretaria son por demás graves y deben llevar a sus últimas consecuencias en la investigación que, según la Procuraduría, ordenó hace pocos días. No se trata de personas, se trata de la institucionalidad que está por encima de cualquier lucha de poder y desavenencias personales.
La JEP no puede convertirse en fortín burocrático y desde ya deben estar encomiando sus esfuerzos hacia los ocho millones de víctimas y los cerca de 7.000 postulados ante esa jurisdicción.
Por otro lado, el proyecto de normas para que entre a funcionar la JEP, que en principio constaba de más de 200 artículos, en buena hora quedó reducido a 76. Sin embargo, no hay que dejar de lado que ya despierta suspicacias algunos de sus artículos, como el 54 o norma “Santrich”, que pretende reevaluar el tema de la extradición en Colombia en materia de su trámite, al considerar que es posible practicar pruebas más allá de la simple verificación de la fecha de ocurrencia de los hechos por la Sala de Revisión de ese tribunal.
Lo cierto, y como quedó establecido en el acto legislativo que creó la JEP, el único requisito a cumplirse para estos efectos y para que en un caso dado conozca la justicia ordinaria, es la certificación de que los hechos hayan ocurrido con posterioridad a la refrendación de los acuerdos de paz, el primero de diciembre del 2016, independientemente, de si sea o no conveniente su extradición por el tema de víctimas, que también está sobre la mesa.
Con todos estos reparos, críticas, cuestionamientos, empezado a cumplir sus funciones judiciales la JEP, no deja de preocupar desde ya su futuro y la esperanza que en ella han puesto las víctimas. Es tiempo de empezar a rendir cuentas y dar resultados tangibles. Al Congreso le corresponde la magna tarea de revisar con detallado cuidado las normas que la regularán, así como sus alcances. Y a la sociedad le toca propender porque se cumpla lo pactado por las partes y que las nuevas instituciones no dejen manto de duda en su transparencia.
*Exmagistrado del Tribunal Superior Militar. Capitán de Navío de la Reserva Activa.
No dejan de sorprender las noticias diarias con los duros cuestionamientos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), tema de preocupación dentro del capítulo en la implementación de los acuerdos, no sólo para el país y la comunidad internacional, que de hecho ha realizado ingentes esfuerzos en aras de la consolidación de la paz, sino también por las víctimas quienes están expectantes de su funcionamiento.
La lucha de poderes es un factor predominante en nuestra institucionalidad. Una cultura arraigada de egocentrismo que le ha hecho daño al país. Basta recordar los famosos choques de trenes entre las altas cortes; el pulso entre el poder ejecutivo y el Congreso por querer imponer sus proyectos de ley, sirviéndose de la famosa “mermelada” para “torcer” la voluntad popular que representan, y, por qué no nombrar los jefes de ciertos organismos de control en pasadas administraciones criticados por su evangelización y por sus cuotas burocráticas.
Flaco favor le hacen a la democracia los intereses políticos mezquinos y el poder omnímodo que pretenden algunos servidores públicos desde sus altos cargos. Olvidan a quiénes representan y cuál es el rumbo que deben seguir para cumplir a cabalidad con los postulados que les fijó la Constitución y el pueblo.
La JEP parece no estar exenta de estas actividades. El reciente enfrentamiento entre los magistrados en cabeza de su presidenta, Patricia Linares, y el exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, no dejan bien parada a esa jurisdicción especial. Si bien es claro que debe ser mirada con lupa la administración y gestión del abogado Correa en el cargo, no es menos cierto que esa secretaría fue creada e instituida con una concepción muy diferente a la que tienen hoy las altas cortes para desligar la función netamente administrativa de la de administrar justicia, lamentablemetne parece que se cambió su rumbo.
No podemos pasar por alto que para la justicia ordinaria se creó la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con una dirección ejecutiva, independiente y autónoma. En plata blanca, los magistrados no están para administrar recursos, ni para celebrar contratos o para manejar la nómina. Sus actividades administrativas están limitadas a lo estrictamente necesario para cumplir su función. Zapatero a tus zapatos.
Las acusaciones realizadas por el saliente secretario en el sentido de existir componendas y tráfico de influencias para modificar las funciones inicialmente establecidas para dicha secretaria son por demás graves y deben llevar a sus últimas consecuencias en la investigación que, según la Procuraduría, ordenó hace pocos días. No se trata de personas, se trata de la institucionalidad que está por encima de cualquier lucha de poder y desavenencias personales.
La JEP no puede convertirse en fortín burocrático y desde ya deben estar encomiando sus esfuerzos hacia los ocho millones de víctimas y los cerca de 7.000 postulados ante esa jurisdicción.
Por otro lado, el proyecto de normas para que entre a funcionar la JEP, que en principio constaba de más de 200 artículos, en buena hora quedó reducido a 76. Sin embargo, no hay que dejar de lado que ya despierta suspicacias algunos de sus artículos, como el 54 o norma “Santrich”, que pretende reevaluar el tema de la extradición en Colombia en materia de su trámite, al considerar que es posible practicar pruebas más allá de la simple verificación de la fecha de ocurrencia de los hechos por la Sala de Revisión de ese tribunal.
Lo cierto, y como quedó establecido en el acto legislativo que creó la JEP, el único requisito a cumplirse para estos efectos y para que en un caso dado conozca la justicia ordinaria, es la certificación de que los hechos hayan ocurrido con posterioridad a la refrendación de los acuerdos de paz, el primero de diciembre del 2016, independientemente, de si sea o no conveniente su extradición por el tema de víctimas, que también está sobre la mesa.
Con todos estos reparos, críticas, cuestionamientos, empezado a cumplir sus funciones judiciales la JEP, no deja de preocupar desde ya su futuro y la esperanza que en ella han puesto las víctimas. Es tiempo de empezar a rendir cuentas y dar resultados tangibles. Al Congreso le corresponde la magna tarea de revisar con detallado cuidado las normas que la regularán, así como sus alcances. Y a la sociedad le toca propender porque se cumpla lo pactado por las partes y que las nuevas instituciones no dejen manto de duda en su transparencia.
*Exmagistrado del Tribunal Superior Militar. Capitán de Navío de la Reserva Activa.