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“Aracataca sigue siendo una aldea polvorienta, llena de silencio y de muertos”, escribió Gabriel García Márquez en el Magazín Dominical de El Espectador (marzo 30 de 1995). La descripción está vigente en 2026 para el mismo pueblo del departamento de Magdalena donde nació nuestro Premio Nobel de Literatura y que durante el mes de febrero se convirtió en un campo de batalla entre ejércitos ilegales de extrema derecha, que se disputan a sangre y fuego las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta sin que las fuerzas del Estado puedan hacer mucho para impedirlo. (Lea otra crónica de Nelson Fredy Padilla sobre el sufrimiento de Aracataca por la escasez de agua potable).
Unos se hacen llamar Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y los otros Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la guerra que libran en las veredas de la parte alta del macizo montañoso mantiene bajo régimen de miedo e incertidumbre a un municipio que es símbolo de Colombia y lleva medio siglo denunciando la violencia que lo acosa sin que la situación cambie sino que tienda a agravarse.
Desde el 18 de febrero de este año habitantes de las veredas El Salto, Fuente Alta, Fuente Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y El Chimborazo empezaron a publicar en redes sociales videos de los combates en los que se percibe el pánico de los campesinos mientras suenan ráfagas de disparos de fusiles que obligaron a decenas de familias a refugiarse en sus viviendas y a otras a huir en busca de protección estatal. Ahí, a la vera de los ardientes caminos que inspiraron la literatura garciamarquiana yacían esta semana una decena de cadáveres sin que ninguna autoridad apareciera.
Las denuncias fueron confirmadas primero por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, que reportó al menos 55 familias desplazadas, unas 275 personas, y un censo de civiles confinados por realizarse. Una joven embarazada perdió a su bebé en medio de los combates y permanecía sin atención médica. Lerber Dimas Vásquez, vocero de esa entidad, denunció a El Espectador que cuando cesan los enfrentamientos hombres armados y con el rostro cubierto retienen a los campesinos en los caminos, les revisan los celulares, los amenazan y restringen su movilidad. Como de “miedo y abandono” calificó la situación y pidió un inmediato “cese bilateral al fuego”. La delegación de derechos humanos de la ONU reivindicó su testimonio y recibió otros de personas desplazadas que hablaron del abandono de fincas y puestos de trabajo, de la ocupación forzada de predios para ser usados como escondites, al tiempo que las familias temen caer en trampas explosivas y los niños dejan de ir a las escuelas rurales. Es la misma realidad de las zonas rurales de los municipios de la parte alta de la Sierra.
Al final de la semana, Vásquez reportó a este diario que “los combates han disminuido pero la amenaza sigue”, que “los dos bandos siguen fortaleciéndose y en cualquier momento habrá nuevos enfrentamientos”. Aunque estos hechos suceden en las veredas más lejanas del centro de Aracataca, en el casco urbano hay zozobra. El pasado miércoles el ICBF informó de una brigada de emergencia que realizó junto a la Alcaldía, la Unidad para las Víctimas y líderes comunitarios “para acompañar a familias víctimas y vulnerables”. ¿Qué pudieron hacer? “Apoyamos su reubicación voluntaria y entregamos bienestarina líquida”. Menores de edad participaron de un taller en el que sus dibujos reflejaron el estrés que viven por la violencia.
Mientras tanto, los bandos en disputa no dejaron de emitir comunicados amenazantes en redes sociales informando de bajas y decomisos de fusiles, municiones y equipos de comunicaciones que el oponente niega. El EGC publicó un comunicado encabezado por “un respetuoso saludo al pueblo del Magdalena y de la costa norte colombiana” y en el cual da cuenta de “intensos combates” y “operaciones de asalto”. En uno de los videos difundidos por hombres vestidos con uniformes camuflados y brazaletes de las ACSN uno de los presuntos comandantes asegura: “Esto apenas es el comienzo”.
La Defensoría del Pueblo ha cumplido con emitir alertas cada cierto tiempo reclamando a la fuerza pública y a las autoridades la protección de la población civil. La última fue la 020 de 2025 y el 22 de febrero de 2026 manifestó “profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la zona rural. En razón de los hechos ocurridos recientemente en el territorio, se evidencia la consumación del riesgo advertido”.
Según los archivos de Rutas del Conflicto, la violencia en esta región empezó en 1978, cuando Adán Rojas, alias el ‘Negro’, llegó al corregimiento del Palmor, municipio de Ciénaga, proveniente de Huila donde se había armado para enfrentarse a la guerrilla y vengar la muerte de su padre. Compró una finca y uno de sus aliados fue Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, quien impuso el paramilitarismo. Ellos se sirvieron de hombres entrenados en el Magdalena Medio por mercenarios como el israelí Yair Klein.
Se volvió normal ver paramilitares patrullando y cometiendo masacres, como la del 19 de febrero de 1993, cuando en la vereda La Fuente de Aracataca irrumpieron en un partido de fútbol para asesinar a cuatro personas acusadas de auxiliar a la guerrilla. Estos hechos fueron confesados por los desmovilizados de las Autodefensas del Palmor o “Los Rojas” en el marco de los procesos de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Contaron que hace 25 años también se desató la guerra entre los del Palmor y los hombres de Giraldo por disputas territoriales y el control del narcotráfico. En busca de respaldo, los primeros se aliaron con las autodefensas de Carlos Castaño, provenientes del Urabá antioqueño (Autodefensa Unidas de Colombia, AUC), en el intento de someter a Giraldo al llamado Bloque Norte. Eso implicó una confrontación con la avanzada regional de las AUC, liderada por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Una líder local que conozco desde 2008, cuando El Espectador recorrió la zona con motivo de los 80 años de la matanza de las bananeras, me repasa vía telefónica el expediente histórico de llamados a que el Estado proteja a los pobladores. En Aracataca se registraban masacres como la del 3 de febrero de 2002 cuando los paramilitares asesinaron a siete personas en un restaurante a orillas de la carretera en el sitio Raíces. A algunas víctimas se las llevaban y sus cuerpos luego eran arrojados a ríos como el Tucurica. De nada sirvieron las protestas masivas de los cataqueros y los habitantes de municipios aledaños pidiendo respeto a la población civil. El 27 de marzo de 2003, en la carretera que pasa por el sector conocido Casa Amarilla, los últimos reductos de la guerrilla de las Farc emboscaron a un camión del Ejército y mataron a 11 militares que habían acudido a la vereda El Cenizo luego de la denuncia del secuestro de varios campesinos. En febrero de 2005 murió el agricultor Rodrigo Alonso Borja a manos del Ejército Nacional durante un supuesto combate con guerrilleros. Seis años después la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía documentó el caso como uno de los “falsos positivos” que se cometieron contra civiles indefensos en Aracataca. Ella me dice: “Te podría citar también el inventario de asesinatos selectivos en zona urbana atribuidos a grupos de sicarios a nombre de las ‘Águilas Negras’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Nevados’. Todo en la impunidad”.
El 3 de febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó los alcances de la violencia en esa región con motivo del “informe de admisibilidad sobre la masacre de Bocas de Aracataca”, ocurrida en febrero del año 2000 y a la que se sumaron las de Nueva Venecia y Buena Vista, en noviembre del mismo año. Está basado en el testimonio de sobrevivientes y es prueba de la sevicia de los crímenes cometidos por paramilitares contra acusados de ayudar a la guerrilla por toda la zona de influencia de la Ciénaga Grande hasta la desembocadura del río Aracataca.
Las culturas indígenas de la Sierra han sido testigos y víctimas. Luis Salcedo Zalabata, gobernador del cabildo arhuaco del Magdalena le dijo a El Espectador que las medidas de protección para la población civil en Aracataca y los demás municipios afectados por la violencia deben priorizar a las comunidades ancestrales y en ese sentido reclamó la urgencia de que el gobierno nacional redefina la llamada “línea negra”, que marca la frontera de respeto integral de los “territorios originarios”. El presidente Gustavo Petro anunció a través de la red X la expedición de un nuevo decreto en ese sentido, aparte de medidas especiales para esa región que se comunicarán este 1 de marzo durante una cumbre en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Otro factor que podría mejorar la situación de seguridad de municipios como Aracataca es el anuncio del jefe negociador de paz del Gobierno con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Mauricio Silva, sobre el avance hacia la creación de una Zona de Ubicación Temporal y un cese al fuego. Según él, hay disposición de ese grupo ilegal para deponer “una gobernanza de cuarenta años”, entregar las armas y someterse a la justicia, pero “no a cambio de 25 años de cárcel”.
Mientras el Estado no consolide una paz duradera, la frustración manifestada por Gabriel García Márquez en su columna “El embrollo de la paz” (1983) resulta premonitoria: “Por donde quiera que se enfoque, la situación de esta guerra civil embrollada termina en un círculo vicioso”. Ha sido como se lo explicó su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, excombatiente de la Guerra de los Mil Días, como lo magnificó el escritor en la novela en Cien años de soledad a través de las 32 “guerras inútiles” del coronel Aureliano Buendía que desangraron al país y la matanza de las bananeras. En 2027 se cumplirán cien años del natalicio del Premio Nobel de Literatura y un año después será el centenario de la masacre de los trabajadores del banano, cuando se imponía la ley de la United Fruit Company, la misma multinacional que en 2003 admitió haber financiado el paramilitarismo en el norte de Colombia. En un siglo no parece haber cambiado nada.
En el centro de Aracataca, a la sombra de los “almendros tristes” y en el sopor de los 28 grados centígrados que parecen 35, los pobladores tratan de vivir una vida normal, los turistas no dejan de llegar en tren a conocer la Casa Museo de Gabriel García Márquez. Algunos quieren hacer los recorridos de la Ruta Macondo, que incluyen la Estación del Ferrocarril y la Casa del Telegrafista -donde esta semana hubo brigada de salud-, o ver la escultura del Gabo escritor frente a la iglesia, donde se acaba de difundir información de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena sobre riesgos de inundaciones por lluvias en la parte baja de la Sierra. Claro que quienes se roban la atención estos días son los políticos, pues están en plena campaña pidiendo “votos por la paz” para las elecciones de Congreso del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.
El circuito turístico no incluye la sede de la Unidad Nacional para la Atención de Víctimas, que funciona desde 2019. El 27 de agosto de 2025 se entregaron en Aracataca 1.003 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado. Esto para no olvidar que detrás de esa fachada de aparente normalidad está la realidad del que Gabriel García Márquez llamó “el país violento en que morimos”. En Vivir para contarla dijo que Aracataca es el reflejo de “un país sin fronteras” y las palabras de la columna “Vuelta a la semilla” (1983), que escribió tras una visita a su pueblo, retoman significado: “Es difícil imaginar otro lugar más olvidado, más abandonado, más apartado de los caminos de Dios”.
Las dos visiones, ficción y realidad, hoy parecen una. Como en el letrero gigante de concreto que da la bienvenida, donde se lee: “Aracataca, Macondo”.
