El miedo no permitió que José Obdulio recibiera una digna sepultura. Era tan solo un niño, de esos que llenan de vida el Alto Baudó en Chocó. Pero cuando murió, nadie se atrevió a asistir al velorio. El temor como consecuencia del confinamiento reprimió una tradición ancestral en el territorio: entonar los chigualos (cantos afrocolombianos para despedir a niñas y niños fallecidos).
Prohibir que tradiciones familiares y comunitarias se pierdan es lo que pasa, en promedio, cada semana en algunos territorios rurales del país, pero se expande a otras actividades como cazar, pescar, buscar gasolina o sencillamente caminar por el territorio. Las comunidades lo describen como un encierro: una privación de la libertad sin formalismos.
En la casa de José Obdulio todo sigue ahí. Los enseres con los que jugó cuando aún era más niño, su casa de madera y construcciones hechizas y el cultivo y plantas ancestrales que alimentaron por generaciones a su familia y el resto del consejo comunitario. Pero ya no se pueden usar. Vivir, como dice a El Espectador un integrante en su comunidad, se convirtió en una cuestión de vida o muerte.
Esta problemática tiene nombre: confinamiento. Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, lo describe como una grave crisis humanitaria con muchos protagonistas, pero pocas voces que la visibilicen. Los más afectados, dice Rizzo, son las comunidades étnicas y campesinas. “Las cifras son tan alarmantes que representan como encerrar a todos los habitantes de Leticia o privar de movilidad la población completa de la isla de San Andrés”, comenta.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 128.000 personas fueron víctimas de confinamiento en Colombia. Sin embargo, no existen consensos de una cifra única sobre la magnitud del fenómeno, pues distintas organizaciones registran datos diferentes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por ejemplo, estima que en los últimos 10 años un número de personas cercano a toda la población de Cúcuta ha sido sometida a confinamiento. En las bases de datos de la Unidad de Víctimas, las cifras en la última década contabilizan en tan menos de 300.000 las víctimas de confinamiento.
Para Iris Marín, defensora del Pueblo, el escenario es a todas luces alarmante: “Si bien se registran esfuerzos por mantener la atención, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía (…). Esto retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos”, dice Marín.
Los estragos del confinamiento
El confinamiento sigue reportándose hoy en día en los territorios, pero no es un hecho ni nuevo, ni aislado. El Estado empezó a brindarle más atención en la última década. Expedientes judiciales demuestran que el mismo Estado ha registrado estos hechos, pero las soluciones a estas dinámicas del conflicto requieren de una mayor atención. En 1996, por ejemplo, un grupo armado organizado parte del conflicto ya realizaba esta práctica que afectó por más de medio año a comunidades chocoanas. Así lo describe el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional cuando evidenció que las familias, justo después de ver asesinatos de sus líderes, eran sometidos a seis meses de encierro. Luego llegaba el “bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad” hasta que vivir allí se volvía insostenible y las familias optaban por desplazarse. En ese caso, dos niños murieron por desnutrición.
La Corte Constitucional define los derechos de la población jurídicamente: un confinamiento pone en jaque la garantía de mínimos básicos como el alimento, acceder a salud y educación e incluso moverse libremente, en condiciones dignas.
Natalia Ángel, magistrada del tribunal constitucional, explica que las afectaciones van mucho más allá de los daños individuales. Para la togada, los daños de confinar a toda una población impactan las familias, las comunidades y, ante todo, sus posibilidades de subsistencia y futuro en el territorio.
“Restringir la movilidad también puede comprometer derechos colectivos, como la identidad cultural, la autonomía, el autogobierno y ponen en riesgo la pervivencia misma de las comunidades (…)”, dice la magistrada Ángel.
Un consejo comunitario negro, como el de José Obdulio, que no puede despedir a sus muertos, que permanece sometido al encierro, que ve truncadas sus costumbres o sienten que sus vidas están en riesgo termina dedicando sus esfuerzos, más que a vivir en armonía con sus mandatos internos, a sobrevivir.
El Derecho Internacional Humanitario es categórico: todas las partes en conflicto están obligadas a respetar la dignidad de la población civil. Está totalmente prohibida cualquier conducta que implique tratos crueles, humillantes o degradantes, así obstaculizar el ingreso de la ayuda humanitaria.
“Esto es como estar preso. No sé cuándo podré volver a la libertad. Ni el Santo Padre se ha acordado de nosotros aquí”, dijo a este diario un líder comunitario en Bajo Baudó refiriéndose a las situaciones de confinamiento que han sufrido durante más de un año en su sector.
Tarde, no imposible
La solución no es sencilla, pero tampoco imposible. Paula Gaviria, relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los desplazados internos, asegura que los intentos institucionales de visibilizar el confinamiento por parte del Estado han contribuido a mostrarle al país una faceta del conflicto que había permanecido invisibilizado es positivo. Y es que en el pasado hubo otros hechos relacionados con el conflicto que hasta que no recibieron un foco mediático o una tipificación legal, no recibieron respuestas jurídicas o preventivas, como el mismo desplazamiento forzado o los mal llamados “falsos positivos”.
Para Gaviria, la solución ya ha empezado a pavimentarse, pero aún falta mucho tramo por recorrer para que los derechos más básicos de una comunidad se garanticen. “Colombia ya es un referente en desarrollos normativos sobre cómo atender con políticas públicas e institucionalidad el desplazamiento forzado, lo ideal ahora es aplicarlo y que el confinamiento no permanezca en el tiempo”, dice la relatora de la ONU.
Pero otra solución versa sobre un Estado que por décadas ha permanecido ausente en los territorios rurales y, precisamente ese vacío de poder fue ocupado por los grupos armados. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), considera que hay dos futuros posibles: uno inmediato y otro a largo plazo.
La primera consiste en ofrecer respuestas humanitarias que alivian el sufrimiento de quienes son confinados unos cuantos días o más de un año. Sin esas ayudas, su supervivencia se convierte en un laberinto muy difícil de salir. Pero la segunda recae en que el Estado y sus instituciones, tanto las que garantizan el orden público como las que ofrecen derechos básicos, lleguen al territorio de forma permanente.
“El acompañamiento institucional no debe ni puede terminar con una única entrega de ayuda. Las comunidades requieren presencia sostenida del Estado para prevenir nuevos conflictos, fortalecer su protección y, ante todo, garantizar que sus vidas no vuelvan a ser confinadas en un futuro”, concluye Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.