2017: El año en el que más defensores del medio ambiente fueron asesinados

En 2017, cada dos días, una persona —probablemente un indígena o un campesino— fue asesinada.

¿La razón? Defender sus territorios y recursos naturales de intereses que van desde actividades criminales hasta la agroindustria, la minería —legal e ilegal— o la tala. De acuerdo con el sexto informe de la organización Global Witness, 2017 fue el año más letal para los defensores del medio ambiente, con un total de 207 casos, seis más que en 2016.

“Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. ¡Basta ya!”, señaló Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness, en el lanzamiento del informe.

Hasta 2016, el sector minero se había coronado como el más “sangriento” para los defensores ambientales. Pero este año ocurrió un fenómeno que nunca antes se había observado: por primera vez, la mayoría (el 22%) de las personas asesinadas se habían manifestado contra las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales y caña de azúcar, así como contra la ganadería.

También lea: Impunidad, el capítulo colombiano de los ambientalistas asesinados

El rápido aumento en la demanda de estos bienes primarios, y la competencia por las enormes extensiones de tierra que se necesitan para llevarlas a cabo, van dejando tras de sí violaciones sistemáticas a los derechos humanos, concluye la ONG.

Por eso, el año pasado, la agroindustria se puso a la cabeza como el sector más peligroso para hacer oposición.

Muchos se preguntaran, ¿dónde están los Estados para proteger a sus ciudadanos? De acuerdo con los casos documentados por Global Witness, la respuesta es bastante desoladora: sentados a la mesa con los inversionistas.

En Brasil, por ejemplo, el presidente Michel Temer echó atrás “sistemáticamente la legislación, las instituciones y los presupuestos que podrían apoyar a los pueblos indígenas, prevenir posibles conflictos por la tierra y proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Este año, Brasil se consolidó una vez más, como el país donde más personas son asesinadas por hacer activismo ambiental, con 57 muertes violentas.

Hay casos en que los gobiernos no solo se ponen del lado de los poderosos, sino que atacan de forma directa a la población. En Filipinas, el segundo país con más asesinatos en 2017 —con 48 registros—, el presidente Rodrigo Duterte anunció que asignaría 1,6 millones de hectáreas de tierra para plantaciones industriales, el 67% de ellas ubicadas en la pequeña isla de Mindanao, donde este año el Ejército filipino masacró a ocho defensores de derechos humanos. A esto se le suma el desplazamiento de 200 indígenas y la desaparición de otros diez.

Duterte ha calificado de terroristas a los relatores de la ONU que han denunciado esos asesinatos, y ha amenazado con “echar a los cocodrilos” a otros expertos de derechos humanos.

De hecho, según los datos de la organización, las fuerzas de seguridad filipinas están relacionadas con 53 de los asesinatos: 30 con el ejército y 23 con la Policía.

Pero Filipinas no es el único país donde las fuerzas del Estado se han ensañado contra la población civil.

“Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, ética o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que los convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado”, se lee en el informe que elaboró la organización, en el que se recogen datos de 22 países.

Colombia no se queda atrás. En 2016 el país ocupó el segundo lugar de esta infame lista, con 37 líderes ambientales asesinados, y a pesar de que bajó al tercer lugar en 2017, el panorama no es alentador. El año pasado mataron a 24 defensores del medio ambiente colombianos. La mayoría de los casos continúa en la impunidad.

Global Witness asegura que mientras los países no resuelvan el débil talante de las instituciones y las leyes, y al avance de la corrupción y la impunidad, el próximo año no traerá mejores noticias para los defensores de derechos humanos y ambientales, ni para el medio ambiente.

También lea: "La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento"

Conozca proyecto periodístico La Paz en el terreno

En 2017, cada dos días, una persona —probablemente un indígena o un campesino— fue asesinada.

¿La razón? Defender sus territorios y recursos naturales de intereses que van desde actividades criminales hasta la agroindustria, la minería —legal e ilegal— o la tala. De acuerdo con el sexto informe de la organización Global Witness, 2017 fue el año más letal para los defensores del medio ambiente, con un total de 207 casos, seis más que en 2016.

“Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. ¡Basta ya!”, señaló Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness, en el lanzamiento del informe.

Hasta 2016, el sector minero se había coronado como el más “sangriento” para los defensores ambientales. Pero este año ocurrió un fenómeno que nunca antes se había observado: por primera vez, la mayoría (el 22%) de las personas asesinadas se habían manifestado contra las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales y caña de azúcar, así como contra la ganadería.

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El rápido aumento en la demanda de estos bienes primarios, y la competencia por las enormes extensiones de tierra que se necesitan para llevarlas a cabo, van dejando tras de sí violaciones sistemáticas a los derechos humanos, concluye la ONG.

Por eso, el año pasado, la agroindustria se puso a la cabeza como el sector más peligroso para hacer oposición.

Muchos se preguntaran, ¿dónde están los Estados para proteger a sus ciudadanos? De acuerdo con los casos documentados por Global Witness, la respuesta es bastante desoladora: sentados a la mesa con los inversionistas.

En Brasil, por ejemplo, el presidente Michel Temer echó atrás “sistemáticamente la legislación, las instituciones y los presupuestos que podrían apoyar a los pueblos indígenas, prevenir posibles conflictos por la tierra y proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Este año, Brasil se consolidó una vez más, como el país donde más personas son asesinadas por hacer activismo ambiental, con 57 muertes violentas.

Hay casos en que los gobiernos no solo se ponen del lado de los poderosos, sino que atacan de forma directa a la población. En Filipinas, el segundo país con más asesinatos en 2017 —con 48 registros—, el presidente Rodrigo Duterte anunció que asignaría 1,6 millones de hectáreas de tierra para plantaciones industriales, el 67% de ellas ubicadas en la pequeña isla de Mindanao, donde este año el Ejército filipino masacró a ocho defensores de derechos humanos. A esto se le suma el desplazamiento de 200 indígenas y la desaparición de otros diez.

Duterte ha calificado de terroristas a los relatores de la ONU que han denunciado esos asesinatos, y ha amenazado con “echar a los cocodrilos” a otros expertos de derechos humanos.

De hecho, según los datos de la organización, las fuerzas de seguridad filipinas están relacionadas con 53 de los asesinatos: 30 con el ejército y 23 con la Policía.

Pero Filipinas no es el único país donde las fuerzas del Estado se han ensañado contra la población civil.

“Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, ética o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que los convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado”, se lee en el informe que elaboró la organización, en el que se recogen datos de 22 países.

Colombia no se queda atrás. En 2016 el país ocupó el segundo lugar de esta infame lista, con 37 líderes ambientales asesinados, y a pesar de que bajó al tercer lugar en 2017, el panorama no es alentador. El año pasado mataron a 24 defensores del medio ambiente colombianos. La mayoría de los casos continúa en la impunidad.

Global Witness asegura que mientras los países no resuelvan el débil talante de las instituciones y las leyes, y al avance de la corrupción y la impunidad, el próximo año no traerá mejores noticias para los defensores de derechos humanos y ambientales, ni para el medio ambiente.

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