2018, el año más violento para la prensa en los últimos 15 años: FLIP
Colombia2020 reproduce apartados de un capítulo del informe que presentará la Fundación para la Libertad de Prensa el próximo viernes 8 de febrero, sobre el balance a este oficio durante el año pasado. Sus hallazgos arrojan 477 violaciones a la libertad de prensa (en su mayoría amenazas), con más de 600 víctimas en todo el país.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Los periodistas del país están rodeados de enemigos. Grupos al margen de la ley que asesinan, amenazan y desplazan. Funcionarios que estigmatizan, censuran, acosan en estrados judiciales y ocultan información. Una fuerza pública que agrede, obstruye el trabajo y detiene ilegalmente. Y un Estado que desprotege, no investiga y permite que los hechos de violencia contra la prensa queden en la impunidad. Aun así, los periodistas se levantan día a día y se sobreponen al asedio de la violencia con la que están obligados a convivir.
El 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas y se configura como el más violento para la prensa en los últimos quince años. Tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las FARC en territorio colombiano del margen fronterizo con Ecuador mientras investigaban las acciones delictivas de los carteles del narcotráfico en la zona.
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Frente a estos hechos, los gobiernos de Colombia y Ecuador dieron muestras de descoordinación, mensajes contradictorios, desprendimiento de la responsabilidad que les asistía para proteger a los periodistas, mucha opacidad e ineptitud. Otros tres comunicadores colombianos fueron asesinados en circunstancias que aún no han sido aclaradas por las autoridades. La FLIP ha recibido información según la cual por lo menos uno de esos asesinatos estaría relacionado con el oficio periodístico.
En 2018, la FLIP documentó en total 477 violaciones a la libertad de prensa, con más de 600 víctimas que se extienden por todo el país. Este es el mayor número de agresiones registradas por la FLIP en un solo año. Entre ellas la más frecuente fue la amenaza. De 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. Nunca la FLIP había registrado cifras tan altas. El aumento inusitado en las amenazas llevó a que en julio 19 embajadas y organizaciones internacionales expresaran su preocupación y respaldo a los periodistas en Colombia.
De los autores conocidos de la violencia contra la prensa, los mayores agresores son los funcionarios públicos. La fuerza pública prefiere las agresiones físicas y la obstrucción. Los demás funcionarios acuden al acoso judicial y las estigmatizaciones. Existe un patrón donde las declaraciones estigmatizantes de los liderazgos públicos activan e incrementan los riesgos de violencia contra la prensa. En abril de 2018, un comandante de la Policía de Convención (Norte de Santander) tildó a los periodistas de la emisora Manantial Estéreo de ser facilitadores de grupos armados y de hacer apología a la guerrilla. Lo anterior sucedió luego de que la emisora fuera obligada por el EPL a leer al aire dos comunicados y a pesar de que la aclarara que había sido presionada para hacerlo. Esta clase de señalamientos pueden incrementar el riesgo de los periodistas, obligados a informar en una región en la que cuentan con pocas garantías para su trabajo.
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La vulnerabilidad se escala significativamente cuando la estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con audiencias importantes. Cuando la intolerancia a la crítica se convierte en declaraciones injustas que vinculan a periodistas con organizaciones o acciones ilegales, se pone un blanco en el cuerpo de los periodistas: los señalamientos pueden ser entendidos como incitaciones o autorizaciones para la comisión de actos violentos contra la prensa.
El incremento de las agresiones contra la prensa durante los últimos años hace parte de un contexto general de recrudecimiento de la violencia en Colombia, que ha afectado también a líderes sociales y defensores de derechos humanos. La implementación de los acuerdos de paz ha generado transformaciones que han despertado el interés de la prensa. Estos cambios han impactado el desarrollo de su trabajo, sobre todo a nivel regional: el cubrimiento de asuntos como la reincorporación de excombatientes o su permanencia en grupos disidentes, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la reorganización de grupos que buscan apropiarse del negocio del narcotráfico crean nuevos riesgos para el ejercicio del periodismo.
Son testigos de estas transformaciones las zonas que fueron más afectadas por el conflicto. Estas son, también, las zonas más silenciadas, donde el mismo conflicto ha ocasionado que haya poca o nula oferta de medios de comunicación. La zonas de frontera son especialmente sensibles por el interés que existe en controlar estos corredores del tráfico de drogas, rentas ilegales, armas y contrabando y por el abandono por parte del Estado que se suele sufrir en estos territorios.
En 2018 también se celebraron elecciones presidenciales. Los tiempos electorales suelen ser difíciles para el cubrimiento periodístico. Este año la FLIP documentó agresiones provenientes tanto de grupos armados como de fuerza pública. Al igual que con la implementación de los acuerdos de paz, estos son temas que interesan a la ciudadanía. El Estado tiene el deber de proteger a los periodistas y de asegurar ambientes óptimos para su trabajo, tanto por el interés que tiene la prensa de informar como por el que tiene la ciudadanía de conocer sobre estos asuntos.
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El acoso de los grupos armados ilegales
En 2018 la violencia contra la prensa arremetió con fuerza en Norte de Santander, uno de los departamentos con el número más alto de violaciones a la libertad de prensa. La FLIP documentó 29 agresiones con 40 víctimas; un aumento considerable en relación con las 10 agresiones y 15 víctimas de 2017. La mitad de las agresiones ocurrieron en el Catatumbo, región donde la ciudadanía y la prensa están acorraladas en medio de la guerra entre el ELN y el EPL.Tras la imposición del paro armado de abril de 2018, el acoso de los grupos armados hizo que durante casi un mes las emisoras del Catatumbo tuvieran que cerrar u operar a media marcha, cediendo a las amenazas de los violentos que exigían la publicación de comunicados sobre el paro. Estas exigencias crean un riesgo adicional para los periodistas, ya que pueden ser señalados de ser colaboradores de grupos armados.
Las guerrillas del EPL y el ELN, los paramilitares y las bandas criminales fueron responsables de por lo menos 53 ataques a la prensa en todo el país. De estas agresiones, diez corresponden a amenazas hechas bajos el nombre de “Águilas Negras”.
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¿Qué se viene?
2019 será el año para evaluar los primeros resultados del Programa de Acción Oportuna del Ministerio de Interior. Parte del PAO previó la construcción de una política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos buscó, sin éxito, el desarrollo de una política pública para el mejoramiento de las garantías a la libertad de expresión. Sin embargo, el trabajo descoordinado y sin suficiente participación llevó a que el intento fracasara.La FLIP espera que el gobierno actual aprenda de los errores de esta experiencia y que, contrario a lo que hizo cuando publicó el PAO, garantice la participación amplia y constante de la sociedad civil en la construcción de la política pública que propone.
Salvo que la justicia sufra avances en la investigación de los asesinatos de periodistas, en 2019 prescribirán otros seis casos, que se sumarán a los 83 casos que hasta la fecha han prescrito en impunidad. Lo anterior sin contar otros casos de graves agresiones contra la prensa en los que tampoco se ha conseguido justicia.
En 2019 también se empezarán a ver las acciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de los acuerdos de paz en relación con la violencia contra la prensa. La Comisión de la Verdad empezará a sesionar para medir el impacto del conflicto y establecer patrones de violencia y producir un informe en el que tendrá que considerar la afectación sufrida por la prensa. La Comisión ha anunciado que tendrá 26 “Casas de Verdad”, espacios donde recogerá testimonios y organizará encuentros de convivencia entre víctimas y victimarios a lo largo del país.
Por su parte, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ya ha empezado a sesionar. En relación con los crímenes contra la prensa, la JEP tendrá que empezar a tomar decisiones sobre amnistías. Graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario como el homicidio y la toma de rehenes no son amnistiables. La decisión sobre la amnistía de otros delitos también deberá considerar que los periodistas son sujetos de especial protección en el derecho internacional que fueron víctimas de delitos que no siempre estuvieron relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión. La JEP puede ser el escenario donde los periodistas afectados por el conflicto, descuidados por la justicia ordinaria, obtengan verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición
Los periodistas del país están rodeados de enemigos. Grupos al margen de la ley que asesinan, amenazan y desplazan. Funcionarios que estigmatizan, censuran, acosan en estrados judiciales y ocultan información. Una fuerza pública que agrede, obstruye el trabajo y detiene ilegalmente. Y un Estado que desprotege, no investiga y permite que los hechos de violencia contra la prensa queden en la impunidad. Aun así, los periodistas se levantan día a día y se sobreponen al asedio de la violencia con la que están obligados a convivir.
El 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas y se configura como el más violento para la prensa en los últimos quince años. Tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por disidencias de las FARC en territorio colombiano del margen fronterizo con Ecuador mientras investigaban las acciones delictivas de los carteles del narcotráfico en la zona.
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Frente a estos hechos, los gobiernos de Colombia y Ecuador dieron muestras de descoordinación, mensajes contradictorios, desprendimiento de la responsabilidad que les asistía para proteger a los periodistas, mucha opacidad e ineptitud. Otros tres comunicadores colombianos fueron asesinados en circunstancias que aún no han sido aclaradas por las autoridades. La FLIP ha recibido información según la cual por lo menos uno de esos asesinatos estaría relacionado con el oficio periodístico.
En 2018, la FLIP documentó en total 477 violaciones a la libertad de prensa, con más de 600 víctimas que se extienden por todo el país. Este es el mayor número de agresiones registradas por la FLIP en un solo año. Entre ellas la más frecuente fue la amenaza. De 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. Nunca la FLIP había registrado cifras tan altas. El aumento inusitado en las amenazas llevó a que en julio 19 embajadas y organizaciones internacionales expresaran su preocupación y respaldo a los periodistas en Colombia.
De los autores conocidos de la violencia contra la prensa, los mayores agresores son los funcionarios públicos. La fuerza pública prefiere las agresiones físicas y la obstrucción. Los demás funcionarios acuden al acoso judicial y las estigmatizaciones. Existe un patrón donde las declaraciones estigmatizantes de los liderazgos públicos activan e incrementan los riesgos de violencia contra la prensa. En abril de 2018, un comandante de la Policía de Convención (Norte de Santander) tildó a los periodistas de la emisora Manantial Estéreo de ser facilitadores de grupos armados y de hacer apología a la guerrilla. Lo anterior sucedió luego de que la emisora fuera obligada por el EPL a leer al aire dos comunicados y a pesar de que la aclarara que había sido presionada para hacerlo. Esta clase de señalamientos pueden incrementar el riesgo de los periodistas, obligados a informar en una región en la que cuentan con pocas garantías para su trabajo.
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La vulnerabilidad se escala significativamente cuando la estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con audiencias importantes. Cuando la intolerancia a la crítica se convierte en declaraciones injustas que vinculan a periodistas con organizaciones o acciones ilegales, se pone un blanco en el cuerpo de los periodistas: los señalamientos pueden ser entendidos como incitaciones o autorizaciones para la comisión de actos violentos contra la prensa.
El incremento de las agresiones contra la prensa durante los últimos años hace parte de un contexto general de recrudecimiento de la violencia en Colombia, que ha afectado también a líderes sociales y defensores de derechos humanos. La implementación de los acuerdos de paz ha generado transformaciones que han despertado el interés de la prensa. Estos cambios han impactado el desarrollo de su trabajo, sobre todo a nivel regional: el cubrimiento de asuntos como la reincorporación de excombatientes o su permanencia en grupos disidentes, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la reorganización de grupos que buscan apropiarse del negocio del narcotráfico crean nuevos riesgos para el ejercicio del periodismo.
Son testigos de estas transformaciones las zonas que fueron más afectadas por el conflicto. Estas son, también, las zonas más silenciadas, donde el mismo conflicto ha ocasionado que haya poca o nula oferta de medios de comunicación. La zonas de frontera son especialmente sensibles por el interés que existe en controlar estos corredores del tráfico de drogas, rentas ilegales, armas y contrabando y por el abandono por parte del Estado que se suele sufrir en estos territorios.
En 2018 también se celebraron elecciones presidenciales. Los tiempos electorales suelen ser difíciles para el cubrimiento periodístico. Este año la FLIP documentó agresiones provenientes tanto de grupos armados como de fuerza pública. Al igual que con la implementación de los acuerdos de paz, estos son temas que interesan a la ciudadanía. El Estado tiene el deber de proteger a los periodistas y de asegurar ambientes óptimos para su trabajo, tanto por el interés que tiene la prensa de informar como por el que tiene la ciudadanía de conocer sobre estos asuntos.
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El acoso de los grupos armados ilegales
En 2018 la violencia contra la prensa arremetió con fuerza en Norte de Santander, uno de los departamentos con el número más alto de violaciones a la libertad de prensa. La FLIP documentó 29 agresiones con 40 víctimas; un aumento considerable en relación con las 10 agresiones y 15 víctimas de 2017. La mitad de las agresiones ocurrieron en el Catatumbo, región donde la ciudadanía y la prensa están acorraladas en medio de la guerra entre el ELN y el EPL.Tras la imposición del paro armado de abril de 2018, el acoso de los grupos armados hizo que durante casi un mes las emisoras del Catatumbo tuvieran que cerrar u operar a media marcha, cediendo a las amenazas de los violentos que exigían la publicación de comunicados sobre el paro. Estas exigencias crean un riesgo adicional para los periodistas, ya que pueden ser señalados de ser colaboradores de grupos armados.
Las guerrillas del EPL y el ELN, los paramilitares y las bandas criminales fueron responsables de por lo menos 53 ataques a la prensa en todo el país. De estas agresiones, diez corresponden a amenazas hechas bajos el nombre de “Águilas Negras”.
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¿Qué se viene?
2019 será el año para evaluar los primeros resultados del Programa de Acción Oportuna del Ministerio de Interior. Parte del PAO previó la construcción de una política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos buscó, sin éxito, el desarrollo de una política pública para el mejoramiento de las garantías a la libertad de expresión. Sin embargo, el trabajo descoordinado y sin suficiente participación llevó a que el intento fracasara.La FLIP espera que el gobierno actual aprenda de los errores de esta experiencia y que, contrario a lo que hizo cuando publicó el PAO, garantice la participación amplia y constante de la sociedad civil en la construcción de la política pública que propone.
Salvo que la justicia sufra avances en la investigación de los asesinatos de periodistas, en 2019 prescribirán otros seis casos, que se sumarán a los 83 casos que hasta la fecha han prescrito en impunidad. Lo anterior sin contar otros casos de graves agresiones contra la prensa en los que tampoco se ha conseguido justicia.
En 2019 también se empezarán a ver las acciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de los acuerdos de paz en relación con la violencia contra la prensa. La Comisión de la Verdad empezará a sesionar para medir el impacto del conflicto y establecer patrones de violencia y producir un informe en el que tendrá que considerar la afectación sufrida por la prensa. La Comisión ha anunciado que tendrá 26 “Casas de Verdad”, espacios donde recogerá testimonios y organizará encuentros de convivencia entre víctimas y victimarios a lo largo del país.
Por su parte, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ya ha empezado a sesionar. En relación con los crímenes contra la prensa, la JEP tendrá que empezar a tomar decisiones sobre amnistías. Graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario como el homicidio y la toma de rehenes no son amnistiables. La decisión sobre la amnistía de otros delitos también deberá considerar que los periodistas son sujetos de especial protección en el derecho internacional que fueron víctimas de delitos que no siempre estuvieron relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión. La JEP puede ser el escenario donde los periodistas afectados por el conflicto, descuidados por la justicia ordinaria, obtengan verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición