Amenazan a líder de víctimas de desaparición forzada en Casanare
Después de entregar un informe a la Comisión de la Verdad sobre los desaparecidos de Recetor y Chámeza, el líder Yeisson Salamanca recibió una llamada en la que le dieron cuarenta minutos para abandonar el territorio, amenazaron también a su familia y lo extorsionaron.
El 14 de febrero de 2003 el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare desapareció a Emperatriz Salamanca Peña. Se la llevaron de la finca El Higuerón, en Recetor (Casanare), donde vivía y trabajaba. Tenía seis hijos, uno de ellos es Yeisson Salamanca. Él, que además tiene seis familiares más desaparecidos, le pidió a la Comisión de la Verdad el pasado 27 de agosto que esclarecieran ese y otros crímenes que fueron cometidos contra la población de este municipio y del de Chámeza. En su intervención dentro del evento de entrega del informe Desapariciones forzadas en Recetor y Chámeza: el exterminio de una comunidad campesina, Salamanca hizo énfasis en que en 2003 las Fuerzas Militares ya hacían presencia en el territorio, y al mismo tiempo ocurrían las desapariciones. Pidió que se investigara si los militares tenían responsabilidad en los hechos. Salamanca fue amenazado el pasado 7 de septiembre.
(Lea también: Peligra la memoria de 307 familias de desaparecidos en Granada (Antioquia))
Según una carta de la Fundación Nydia Érika Bautista, también autores del informe entregado a la Comisión de la Verdad, el líder de víctimas recibió una llamada a su celular personal mientras estaba trabajando en el campo y un hombre, que se identificó como “comandante del Frente 28 de las disidencias de las Farc”, le dijo que él era objetivo militar y que tenía a su disposición las unidades para asesinarlo a él y a su familia. Le dio 40 minutos para salir del pueblo y le exigió el pago de seis millones de pesos (tres en efectivo y tres en explosivos).
Además, “en la llamada el hombre identificó las características de los familiares más cercanos de Yeisson Salamanca y las características del automotor en el que se desplazó este día hacia su trabajo”, explica el documento. Salamanca alertó al personero municipal y este, a su vez, hizo lo propio con el Gaula Casanare.
El comisionado de la Verdad Saúl Franco se refirió a este hecho en una entrevista a un medio local. Destacó el liderazgo Salamanca, quien es campesino y compositor, y su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. Franco agregó que en la amenaza “alguien se hizo pasar como un comandante del Frente 28”, pues no tiene sentido que mientras Salamanca denunciara a los paramilitares y a los militares, respondiera un grupo guerrillero.
También dijo que el informe que entregaron a la Comisión es muy importante para el esclarecimiento de la verdad de estos municipios. “El informe nos da unas pistas de la gravedad de lo que pasó, porque tiene una serie de documentación supremamente precisa en términos de lugares, fechas, horas, nombres, circunstancias de los acontecimientos y nos hace ver la magnitud de esto y la crueldad que se tuvo”, señaló Franco.
A finales de 2002 y comienzos de 2003 las ACC incursionaron en los municipios de Chámeza y Recetor y desaparecieron a aproximadamente 60 personas, según cifras de las víctimas; 17 en el primer municipio y 33 en el segundo. Se registraron torturas, desmembramientos y enterramientos en fosas comunes. Después de estos hechos los pueblos quedaron casi deshabitados. Salamanca recordó que en una ocasión les dieron solo algunas horas para que salieran, por lo que tuvieron que dejar todas sus cosas.
(Lea: Los audios que prueban que Karina García alertó sobre su asesinato)
Los familiares que retornaron han recibido todo tipo de amenazas y, en ocasiones, han sufrido nuevos desplazamientos. La responsabilidad estatal en las desapariciones de campesinos de Chámeza y Recetor todavía está por determinarse.
La denuncia ya fue interpuesta y las organizaciones que entregaron el informe junto a Salamanca hacen un llamado a la Fiscalía para que realice las investigaciones penales correspondientes, de modo que puedan esclarecer de dónde viene realmente la amenaza. Además, piden, conjuntamente con la Comisión de la Verdad, que la Unidad Nacional de Protección brinde las medidas necesarias para garantizar la vida del líder y de su familia.
De acuerdo al registro del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), desde el primero de enero de este año hasta mayo de este año han sido asesinados 205 líderes sociales.
El 14 de febrero de 2003 el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare desapareció a Emperatriz Salamanca Peña. Se la llevaron de la finca El Higuerón, en Recetor (Casanare), donde vivía y trabajaba. Tenía seis hijos, uno de ellos es Yeisson Salamanca. Él, que además tiene seis familiares más desaparecidos, le pidió a la Comisión de la Verdad el pasado 27 de agosto que esclarecieran ese y otros crímenes que fueron cometidos contra la población de este municipio y del de Chámeza. En su intervención dentro del evento de entrega del informe Desapariciones forzadas en Recetor y Chámeza: el exterminio de una comunidad campesina, Salamanca hizo énfasis en que en 2003 las Fuerzas Militares ya hacían presencia en el territorio, y al mismo tiempo ocurrían las desapariciones. Pidió que se investigara si los militares tenían responsabilidad en los hechos. Salamanca fue amenazado el pasado 7 de septiembre.
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Según una carta de la Fundación Nydia Érika Bautista, también autores del informe entregado a la Comisión de la Verdad, el líder de víctimas recibió una llamada a su celular personal mientras estaba trabajando en el campo y un hombre, que se identificó como “comandante del Frente 28 de las disidencias de las Farc”, le dijo que él era objetivo militar y que tenía a su disposición las unidades para asesinarlo a él y a su familia. Le dio 40 minutos para salir del pueblo y le exigió el pago de seis millones de pesos (tres en efectivo y tres en explosivos).
Además, “en la llamada el hombre identificó las características de los familiares más cercanos de Yeisson Salamanca y las características del automotor en el que se desplazó este día hacia su trabajo”, explica el documento. Salamanca alertó al personero municipal y este, a su vez, hizo lo propio con el Gaula Casanare.
El comisionado de la Verdad Saúl Franco se refirió a este hecho en una entrevista a un medio local. Destacó el liderazgo Salamanca, quien es campesino y compositor, y su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. Franco agregó que en la amenaza “alguien se hizo pasar como un comandante del Frente 28”, pues no tiene sentido que mientras Salamanca denunciara a los paramilitares y a los militares, respondiera un grupo guerrillero.
También dijo que el informe que entregaron a la Comisión es muy importante para el esclarecimiento de la verdad de estos municipios. “El informe nos da unas pistas de la gravedad de lo que pasó, porque tiene una serie de documentación supremamente precisa en términos de lugares, fechas, horas, nombres, circunstancias de los acontecimientos y nos hace ver la magnitud de esto y la crueldad que se tuvo”, señaló Franco.
A finales de 2002 y comienzos de 2003 las ACC incursionaron en los municipios de Chámeza y Recetor y desaparecieron a aproximadamente 60 personas, según cifras de las víctimas; 17 en el primer municipio y 33 en el segundo. Se registraron torturas, desmembramientos y enterramientos en fosas comunes. Después de estos hechos los pueblos quedaron casi deshabitados. Salamanca recordó que en una ocasión les dieron solo algunas horas para que salieran, por lo que tuvieron que dejar todas sus cosas.
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Los familiares que retornaron han recibido todo tipo de amenazas y, en ocasiones, han sufrido nuevos desplazamientos. La responsabilidad estatal en las desapariciones de campesinos de Chámeza y Recetor todavía está por determinarse.
La denuncia ya fue interpuesta y las organizaciones que entregaron el informe junto a Salamanca hacen un llamado a la Fiscalía para que realice las investigaciones penales correspondientes, de modo que puedan esclarecer de dónde viene realmente la amenaza. Además, piden, conjuntamente con la Comisión de la Verdad, que la Unidad Nacional de Protección brinde las medidas necesarias para garantizar la vida del líder y de su familia.
De acuerdo al registro del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), desde el primero de enero de este año hasta mayo de este año han sido asesinados 205 líderes sociales.