:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/l7H3xGB8gGzdDxwr5Bok6P_b1rs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KDZ5BLDCOREAHF6QDGPJZNCEFU.JPG)
“A través de una llamada, se presentaron como integrantes de un grupo (armado ilegal), y después dijeron el objetivo: que necesitaban plata. Al decir que no tenía, la amenaza fue que ‘en el camino nos esperaban’. La zozobra es latente, porque nosotros trabajamos en una zona rural, y eso implica viajar durante un buen tiempo. En el transcurso de ese tiempo uno no sabe lo incierta que es la vía, porque en más de un caso las amenazas no se quedan en palabras”. El testimonio de este maestro, que trabaja en un municipio del suroccidente del Cauca, da cuenta del riesgo al que se enfrentan los docentes del departamento.
Según los registros de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca), en lo corrido del 2022 han sido amenazados por lo menos 200 profesores. “De estos 200 amenazados, desplazados, extorsionados, hoy permanecen 40 maestros en la Secretaría de Educación del departamento a la espera de que les resuelvan su situación”, dice Aureliano Guzmán, directivo de Asoinca.
No se trata de un fenómeno nuevo en el país. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), al menos 1.063 maestros de escuelas y colegios en zonas rurales han sido asesinados selectivamente en Colombia. Y bajo el contexto de persistencia del conflicto en varias zonas, los profesores continúan en la mira de los actores armados.
En Cauca, de acuerdo con el sindicato Asoinca, ninguna región se salva de estos riesgos. Entre las regiones con mayores índices de violencia contra esta población están Argelia, Balboa y El Tambo, en el occidente caucano, la zona de Tierradentro (en Inzá y Páez) y los 13 municipios del norte del departamento.
Le puede interesar: Onda Pacífica: El perdón de una víctima de secuestro a sus captores en el Tolima
En la mañana del pasado 19 de septiembre ocurrió uno de los hechos que evidencian los niveles de violencia a los que se enfrentan los maestros y las comunidades del Cauca, por cuenta del asesinato del profesor Nilson Albeiro Rojas Mamián, de apenas 23 años, mientras se movilizaba en moto a la altura del sector de Altamira, en El Tambo.
“El caso del compañero Nilson está en total impunidad, pese a que se hicieron las denuncias y exigimos de las autoridades competentes celeridad en las investigaciones. Hoy, la familia sigue a la espera de que se den resultados, pero seguramente en este caso, como en los más de 1.000 asesinatos a maestros en los últimos años, seguirá siendo una cifra más y no pasará nada”, comenta el dirigente sindical Aureliano Guzmán, quien ha recibido amenazas desde el 2013.
En El Tambo, lo poco que se dice sobre el homicidio es que, presuntamente, al profesor Sierra lo asesinaron por no atender a la orden de no portar casco, una medida de control territorial que han impuesto los grupos ilegales para identificar a quienes transitan por sus zonas de dominio.
¿Qué dice la Secretaría de Educación del Cauca?
Amarildo Correa, secretario de Educación del Cauca, aseguró que existe una ruta de atención que involucra a entidades como la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, pero que dada la gravedad de los hechos, “la actuación de la Secretaría no siempre espera el reporte de estas situaciones para tomar medidas, como la reubicación de los docentes”.
Sin embargo, Correa explicó que la presencia de varios grupos al margen de la ley en distintas zonas del departamento complejiza los traslados de los docentes, pues difícilmente se puede asegurar que en la institución educativa de destino no operen esas estructuras ilegales que atentan contra la vida de los profesores.
Le recomendamos: Onda Pacífica: víctimas y excombatientes quieren cambiar la cara a Algeciras
A eso se suma otra dificultad, que tiene que ver con el nombramiento de nuevos maestros en las plazas abandonadas por denuncias de amenaza. “Reemplazar a los docentes desplazados de los territorios no es fácil. En este momento, el Sistema Maestro nos tiene retenidos 45 docentes, que no los quieren nombrar ni subir a la plataforma para que sean escogidos, argumentando que en el departamento sobran 1.300 profesores. Eso se da porque el centralismo bogotano desconoce las particularidades de un departamento como el Cauca, que es rural, pero que además es completamente disperso”, explicó el secretario.
Sindicato pide celeridad de las entidades
Pese a las acciones mencionadas por el jefe de la cartera de Educación, desde Asoinca aseguran que hay “negligencia administrativa” y demoras en la atención de los docentes en riesgo. Aureliano Guzmán sostuvo, por ejemplo, que a pesar de que las organizaciones sindicales hacen parte de un comité de docentes amenazados, “realmente poco se le convoca para analizar todas estas problemáticas, y hoy, incluso, hay docentes que llevan años a la espera de que la Secretaría de Educación les resuelva su situación administrativa”.
El directivo sindical aseguró que los miembros de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca reciben amenazas constantemente, y pese a las denuncias “las entidades no han actuado eficazmente para garantizar seguridad”.
Al impacto de los docentes y líderes de los maestros se le suma la afectación de los estudiantes.
“Cuando un docente es amenazado, desplazado de su región, los principales afectados -y quienes se convierten en las primeras víctimas- son nuestros estudiantes. La situación es prácticamente de crisis humanitaria en el ejercicio de la profesión docente. Los maestros no podemos seguir siendo objetivos militares”, dice Guzmán. Y agrega una frase que se ha convertido en lema y exigencia de los maestros del departamento: “Que ser docentes no nos cueste la vida”.
*Esta nota hizo parte de ‘Onda Pacífica’, una serie de programas radiales donde Colombia+20 de El Espectador y la red de emisoras de paz de la Radio Nacional de Colombia se unen para narrar las historias de reconciliación de estos territorios.
**Ricardo Flor es periodista de la Radio Nacional de Colombia en El Tambo, Cauca