El llamado de Pondores para proteger su hogar y la vida de los firmantes de paz

Imagen de 2017. Guerrilleros del Bloque Caribe de las Farc, llegando a la vereda Pondores, en Fonseca "La Guajira".

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los exguerrilleros de las FARC que viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodríguez de Pondores, zona rural en Fonseca -La Guajira-, temen por su seguridad tras sentirse amenazados por la actividad de compañías transnacionales de carbón y cobre que operan en la región. Esta población aún no olvida un flagelo que padecieron a mediados de 2022, cuando hubo distintas amenazas contra sus formas de vida, un hostigamiento por un allanamiento irregular del Ejército y una respuesta estatal lenta.

El 7 de mayo de 2023, Colombia+20 recibió una llamada anónima de dos personas que se identificaron como firmantes de paz que habían sido amenazados y hostigados en Fonseca. Según ellos, esa situación los obligó a moverse hacia el municipio de Maicao, en el mismo departamento.

“Entre junio y septiembre de 2022 tuvimos estudios de riesgo para nuestra seguridad individual y colectiva. Nos persiguieron y varios grupos armados -guerrilleros y paramilitares- quisieron matarnos. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden a la Unidad Nacional de Protección y a otras autoridades para que nos cuidaran. Hoy vivimos lo mismo, ninguna medida ha servido y estamos desesperados. La violencia en La Guajira está retomando con fuerza y sin ganas de irse. Vamos siempre con la paz, es la ruta de nuestra vida, pero ¿firmar una paz para ser blanco de otra? Suena y a veces se siente absurdo”. Este lamento es un extracto de la llamada que estas personas tuvieron con Colombia+20.

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De acuerdo con uno de los sujetos que se identificaron como firmantes de paz, que por seguridad no dieron su nombre, residentes del antiguo espacio territorial de Pondores habrían recibido amenazas específicas de “estructuras paramilitares” en la región Caribe, motivo por el cual “recibieron un acompañamiento en territorio de la Defensoría del Pueblo”, que instó al Estado colombiano a hacer un monitoreo constante para velar por la integridad de quienes viven allí.

“Nuestro caso es una persecución de grupos armados que si mencionamos con nombre propio, nos buscan y nos matan. En Pondores eligieron blancos puntuales para atacar, para asustar a la gente y sin éxito alejarlos de las intenciones de paz”, afirmó.

La parte mencionada de la Defensoría fue mencionada desde Pondores por Carlos Camargo Assís. Así lo consta el siguiente video:

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De hecho, pasado 26 de abril el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asistió al espacio de reincorporación para hacer un diagnóstico de esas denuncias que reportaron y propuso rutas de política pública para garantizar la vida de los habitantes de la zona.

Según supo este medio, una de las peticiones de la comunidad al Defensor fue la de monitorear y defender la integridad de los firmantes de paz, que se hicieran acciones para garantizar el cumplimiento actividades de liderazgo social y promoción de la reincorporación en el Caribe colombiano. La misión es clara: cuidar a estas comunidades de escenarios que los pongan en riesgo (como la actividad de una o más compañía multinacional que pueda extralimitar sus funciones), evitar desplazamientos forzados o asesinatos (que desde la firma del Acuerdo de paz ha habido 662 episodios de este tipo).

“El gobierno no puede bajar la guardia en la defensa de los excombatientes. No podemos permitir que más personas de esta población sean desplazadas como en el Meta, amenazadas o asesinadas. Seguiremos de cerca las peticiones de la comunidad y adelantaremos diálogos con Policía, Gaula y otras instancias para trabajar en conjunto por la paz”, afirmó en un comunicado el defensor Carlos Camargo.

“Que nos ayuden, por favor. Que no nos dejen solos. Casi 400 compañeros y compañeras nuestros han sido asesinados por gente que no cree en la paz. Los camaradas en Mesetas vivieron de cerca la muerte hace poco y en Pondores quieren hacer lo mismo si no nos salvaguardan. En estas últimas semanas quedó más que demostrado que en La Guajira además del hambre que acecha a muchas familias, hay inasistencia humanitaria en todos los sentidos. Es como si no existiéramos. Como si a veces Colombia en el norte acabara en el Cesar y nosotros fuéramos apátridas. Compasión, que le mostremos al mundo que la paz si es una opción de vida”, decía otra de las denuncias anónimas que conoció este medio.

Información contrastada

Colombia+20 dialogó con Milton de Jesús Toncel, miembro del antiguo Secretariado de las FARC y quien en la guerra era conocido como Joaquín Gómez, para conocer su versión sobre las denuncias que le llegaron a este medio.

El excomandante guerrillero y ahora impulsor de proyectos de reincorporación en el Caribe colombiano desestimó actuares de grupos armados para atentar contra firmantes de paz en Pondores, dijo que no existían desplazamientos en esa comunidad y que las personas que le hicieron llegar esa información a este diario “actuaron de mala fe, con “mala leche ” y queriendo asaltar la buena fe del diario El Espectador”.

“Específicamente, las amenazas que siempre hemos hecho acá en La Guajira son relacionadas con las transnacionales como Max Resources Corp., pero estas no han sido en un sentido físico. Han sido amenazas con peligro de desalojo o amenazas a caer en el desempleo, inclusive. Si bien hay casos donde por la actividad de las transnacionales llegan grupos paramilitares a las regiones para que puedan estas trabajar bien, no es el caso de acá”, narró Toncel desde el municipio de Barrancas.

Respecto a las declaraciones del Defensor del Pueblo (ver video), Milton de Jesús Toncel expresó que Carlos Camargo “es una persona seria que seguramente habló de amenazas de forma general, porque eso pasa en todas partes”. Agregando que además de que Pondores es reconocido nacional e internacionalmente por ser un lugar donde las cosas funcionan, “La Guajira es un lugar donde no se estigmatiza al exguerrillero”.

Para cerrar su intervención el excomandante del extinto Bloque Sur de las FARC dijo que a pesar de no conocer la procedencia de las denuncias que le llegaron a este periódico, “no hay que ser adivino para saber que hay gente que quiere usar las tácticas de simulación como se hacían en el gobierno Duque. Estas denuncias quisieron que El Espectador cayera en una trampa, porque la profesión de ustedes tiene temas de confidencialidad. Sabemos que este medio no tuvo intencionalidad de causar daño”.

En las últimas dos semanas y media, distintas dependencias de la Organización de Naciones Unidas han acompañado de cerca distintos procesos en Fonseca para evaluar los riesgos que están viviendo. Benedicto Gonzáles -conocido como Alirio en los años de guerra- un firmante de paz que vive allí desde 2017, dice que la conclusión que han sacado es que la Defensoría del Pueblo y la UNP deben instar al Estado a tomar acciones rápidas que no permitan una crisis humanitaria masiva y de difícil solución.

“No me han informado acerca de episodios de desplazamientos o amenazas de un grupo armado en concreto, pero la gente está asustada por este tipo de denuncias. Vamos juntos a encontrar salidas”, reiteró.

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Eso sí, cabe dejar constancia de que en este antiguo ETCR sí se han vivido momentos de tensión en los últimos años.

En julio de 2022 cuando el Batallón Rondón del Ejército realizó allanamiento en esa zona de Fonseca. En un documento que llegó hasta la Defensoría del Pueblo, voceros de Pondores denunciaron que uniformados acompañados de unidades especializadas de Fiscalía y de Policía les raptaron ropa, víveres y demás utensilios de uso cotidiano a raíz de información de inteligencia que, según los denunciantes, no tenía “nada de rigurosidad”.

Esta acción incluso llegó a oídos del Ministerio Público sin mayor investigación de lo sucedido.

A su vez, en lo que va de 2023 se han presentando amenazas a espacios territoriales de reincorporación, donde se encuentran firmantes de paz. En marzo pasado, la comunidad del antiguo ETCR de Mariana Páez en Mesetas, Meta, denunció hostigamientos por parte de disidencias de las FARC que les dieron un plazo de 30 días para irse del lugar.

El hecho provocó rechazo por parte de comunidad internacional y del mismo Gobierno pues la disidencia que hizo la amenaza era la autodenominada Estado Mayor Central con la que actualmente se adelanta una proceso de negociación con miras a un sometimiento a la justicia.

El presidente Gustavo Petro viajó a Mesetas con una comitiva de entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz como gesto de respaldo para los excombatientes y para evitar lo que ellos denominaron un desplazamiento forzado. La reunión terminó con un acuerdo para que los firmantes se quedaran en Mesetas por tres meses mientras se compraba un predio donde puedan establecerse definitivamente.

Las amenazas de las multinacionales

“En Pondores no solo ha habido a lo largo de estos años intenciones de actores armados de hacer daño, sino también factores que juegan en nuestra contra, como priorizar actividades económicas externas por encima de los modos de vida locales o temas varios de implementación”, reclama Benedicto Gonzáles, quien funge como como líder de reincorporación en Pondores y vocero político ante el Gobierno.

Hace un par de días, él y otros voceros se reunieron con Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, a quien le pidieron que no solo la seguridad humana debe primar para cuidar a los exguerrilleros que viven en Fonseca.

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“Comentamos que en la granja San Luis, donde tenemos proyectos productivos, la comunidad ha tenido amenazas de varios tipos, pero que por favor no se centraran solo en ese tipo de temas. Necesitamos que la implementación avance y la seguridad humana es tan solo un elemento de ese gran universo. Luchamos por la paz, pero ante la quietud de algunas instancias para estar de nuestro lado remando hacia la paz, creo que persisten los retrocesos de procesos desde la confianza y la reconciliación”, agregó Gonzáles.

Desde Pondores no se han callado y sus voces críticas con preocupación se centran en otro elemento que para la comunidad no es menos importante: las actividades de las multinacionales carboníferas y de cobre que operan en su región.

“Hablemos de otras amenazas. Hay amenazas a la colectividad en Pondores como proyectos mineros de la compañía Max Resource Corp. que han estado introduciéndose al territorio sin estar en regla o invadiendo espacios que incluso llegan hasta nuestra granja San Luis. Nadie les dice nada desde el Gobierno o las autoridades del departamento. Aquellas personas que se han querido oponer a esas actividades, firmantes y no firmantes de paz dentro de nuestra comunidad en Fonseca, han sido amedrentados por su intención de defender al territorio. Necesitamos garantías”, concluyó Gonzáles.

Por lo pronto, la UNP anunció desde su Secretaría Técnica que harán llegar a Pondores esquemas de protección individuales y colectivos. Desde la Defensoría afirman que rastrearán los casos de desplazamiento forzado para ofrecer rutas de atención que salvaguarden la integridad de estas personas y sus familias, que suman 400 personas, de las cuales un centenar son niños y niñas que nacieron luego de la firma del Acuerdo del Teatro Colón.

*Cambio en el nombre de la fuente

** Este diario consultó vía telefónica la versión de Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’ en los años de guerra, respecto a la situación humanitaria en Pondores, como actualización del artículo y aclaración respecto a las denuncias anónimas que recibió El Espectador que fueron publicadas desde el pasado 10 de mayo de 2023.