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Desconfianza por la Jurisdicción Especial para la Paz y por el cumplimiento de las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas, posibles ambigüedades en la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno, abusos y violaciones contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, sobre todo en zonas de interés para los sectores agroindustriales y mineros, crímenes contra defensores de derechos humanos y, por supuesto, la amenaza de los grupos paramilitares. Aunque existen avances importantes en la disminución de la violencia relacionada con el conflicto armado —que en épocas anteriores afectaba fuertemente a la población civil—, en Colombia persisten otras situaciones, contextos y fenómenos que amenazan o inciden directamente en los derechos humanos.
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Así lo documenta el último informe anual de Amnistía Internacional, que se revela hoy en México y da cuenta de las violaciones y avances más relevantes en materia de derechos humanos que tuvieron lugar el año pasado en el mundo, y que para el caso de las Américas muestra una grave regresión en la materia con implicaciones directas en la población. “A pesar del discurso público sobre democracia y progreso económico, y de la esperanza de que por fin terminara en Colombia el último conflicto armado del continente, las Américas continuaron siendo una de las regiones más violentas y desiguales del mundo”, reza el inicio del aparte dedicado a la región, en el que se señala que 2016 estuvo marcado por un discurso racista y discriminatorio que los medios de comunicación, además, asumieron y normalizaron. “En Estados Unidos, Donald Trump fue elegido presidente en noviembre tras una campaña electoral en la que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo, y suscitó honda preocupación por el futuro compromiso de Estados Unidos para con los derechos humanos tanto a nivel nacional como global”, puntualiza el informe.
Para el caso puntual de Colombia, las preocupaciones de Amnistía Internacional son varias, sobre todo en momentos en que se intenta consolidar el proceso de paz. Si bien el organismo resalta la importancia del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y las Farc y el inicio de conversaciones con la guerrilla del Eln, existen temas puntuales de lo pactado en La Habana que son motivo de análisis. Por ejemplo, el informe hace referencia al espinoso tema de la justicia y particularmente al papel y alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para investigar, esclarecer juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en razón del conflicto armado. Sin embargo, de acuerdo con Amnistía Internacional, el acuerdo no cumple el derecho y las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas, pues “incluía castigos que parecían no ajustarse a la gravedad de determinados crímenes, y una definición de la responsabilidad de la cadena de mando que podría dificultar la rendición de cuentas de los jefes de las Farc y de los de las fuerzas de seguridad por los delitos cometidos por sus subordinados”.
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Similar reparo plantea sobre la denominada Ley de Amnistía e Indulto, aprobada por el Congreso el 28 de diciembre pasado, de la que señala contiene muchas ambigüedades que podrían derivar en que responsables de abusos contra derechos humanos eludan la justicia.
En el aparte de seis páginas que dedica al caso colombiano, el organismo destaca que, si bien ha habido una fuerte disminución de la violencia relacionada con el conflicto, persisten ataques y abusos contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente aquellas que viven en zonas de interés para los sectores agroindustriales y mineros. “En agosto, cuatro miembros del pueblo indígena awá murieron por disparos de hombres armados no identificados en tres ataques distintos en el departamento de Nariño. (...) En marzo, más de 6.000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron desplazadas a la fuerza de tres zonas fluviales en el departamento del Chocó a causa de los enfrentamientos entre grupos armados”, argumenta el documento.
Se trata de hechos relacionados a un fenómeno que también preocupa: el accionar de grupos paramilitares en el país. Según Amnistía Internacional, dichas estructuras siguen operando en varias regiones y el año pasado fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y amenazas de muerte. Para ejemplificar la situación, el organismo pone sobre la mesa las múltiples denuncias por incursión —en abril de 2016— de un grupo de 150 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la comunidad afrodescendiente de Teguerré, en Chocó. Un panorama al que se suma la impunidad en casos contra exparamilitares. “Hasta el 30 se septiembre de 2016, sólo 180 de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente habían abandonado las armas durante el proceso de desmovilización promovido por el Gobierno habían recibido sentencias condenatorias en virtud de la Ley de Justicia y Paz de 2005 por crímenes relacionados con la violación de derechos humanos; la mayoría de ellos habían recurrido las sentencias. La mayor parte de los paramilitares no se sometieron al proceso de Justicia y Paz, y recibieron amnistías de facto”, recalca el informe.