Asesinato de líder social de Bogotá lleva dos años en la impunidad

El 19 de enero de 2015 fue la última vez que se tuvo noticias del líder social bogotano Carlos Alberto Pedraza. El defensor de derechos humanos, miembro del Congreso de los Pueblos, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y cercano al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) apareció asesinado tres días después en zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), a 50 kilómetros de Bogotá. Pedraza, quien meses atrás había sido amenazado por las Águilas Negras junto con sus compañeros, tenía 31 años cuando una bala calibre 38 en su cabeza acabó con su vida.

El líder social, quien se desempeñaba como profesor de quinto de primaria, en sus últimos meses de vida se dedicó a realizar pedagogía en los barrios capitalinos sobre el proceso de paz. Además inició un proyecto de economía solidaria para beneficiar a un grupo de campesinos de Cundinamarca. El día que desapareció, Pedraza se dirigía a una reunión en el barrio Teusaquillo (Bogotá) en donde se encontraría con miembros de una comercializadora agropecuaria relacionada con la iniciativa del líder social. Nunca llegó a la cita.

El Espectador contactó al hermano de Carlos Pedraza, Gustavo Pedraza, quien aseguró que en este caso, al igual que los asesinatos contra líderes sociales en Colombia, no hay interés por la verdad.

¿En qué va la investigación de la Fiscalía?

No ha avanzado. Desde que comenzó, ni la Policía ni la Fiscalía se enfocaron en analizar los hechos que ocurrieron alrededor del asesinato de mi hermano, sino en encontrar elementos para dañar su imagen. Por ejemplo, vincularlo a la subversión o que su muerte se relacionaba con un tema de drogas. Cuando llegué al lugar donde encontraron el cuerpo, varios agentes de la Policía me bombardearon con preguntas y francamente me sentí hostigado. Luego iban a mi casa a realizar interrogatorios. Incluso, en una oportunidad, uno de los agentes no se quiso identificar.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de su hermano?

Casi una semana después del asesinato de mi hermano, Carlos Valdés, director de Medicina Legal, aseguró que su muerte fue por “un proyectil de arma de fuego, la cual produjo una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) realizada con un arma de baja velocidad”. Valdés me dijo que el asesinato de Carlos lo hizo “gente profesional”. Lo increíble es que las dos primeras versiones que nos dio la Sijín están muy alejadas del dictamen de Medicina Legal: primero dijeron que su muerte se dio por un accidente a bordo de una motocicleta, cuando él nunca aprendió a montar bicicleta. Después, una agente me volvió a llamar y me dijo que la causal de la muerte habría sido un golpe contundente en la cabeza. Incluso cuando fui a reclamar su cuerpo a Zipaquirá, me dijeron que sólo lo entregarían al día siguiente porque el informe policial no coincidía con la necropsia.

Usted ha denunciado que se alteró la escena del crimen. ¿En qué se basa?

Cuando llegué a la escena del crimen, sus gafas y cédula estaban a dos metros del cuerpo y, además, no fueron tomadas como material probatorio. Es importante aclarar que mi hermano no tenía ninguna relación laboral o sentimental en Gachancipá. Él no tenía ningún motivo para estar en ese municipio.

Usted asegura que a su familia la han revictimizado. ¿Cómo?

Aparte de los interrogatorios, el fiscal del caso insiste en que lo que a mi hermano le pasó no fue una desaparición forzada. Este mismo fiscal paraliza las investigaciones que pueden determinar quiénes son los responsables del asesinato. Días después del asesinato de Carlos, ellos hicieron una inspección en mi casa y tomaron fotos de cualquier cosa que pudiera dañar su imagen.

En su momento se habló de apoyo del FBI para esclarecer los hechos. ¿Qué pasó?

La única pista que se tiene del asesinato de Carlos es un carro Renault 9 color beige. Presuntamente, en ese vehículo movilizaron su cuerpo hasta Gachancipá. Sin embargo, las cámaras no identifican la placa. Es ahí donde aparece la idea de pedir ayuda a inteligencia estadounidense. Sin embargo, esto nunca prosperó. Siento que nos querían vender falsas expectativas. Pensándolo bien, me pareció algo totalmente absurdo. Supuestamente, el Estado dice que tenemos una de las policías mejor capacitadas en el mundo, y ahora les quedó grande identificar una placa.

¿Cómo han pasado su familia y usted los últimos dos años?

No hemos parado de denunciar. Los primeros meses después de la muerte de Carlos fuimos a las embajadas de Estados Unidos, Suecia, Francia, a denunciar su muerte. Durante estas acciones tuve el acompañamiento de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). Por el latente peligro que corría aquí y las reiteradas denuncias que hicimos, tuve que salir del país en junio de 2015. Yo no quería hacerlo, pero también ponía en riego a mi familia. Afortunadamente fui acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, en Gijón (España), al cual han llegado 105 personas, dos de las cuales fueron asesinadas a su regreso: Henry Ramírez Daza y Luciano Romero Molina.

¿Qué hizo durante el tiempo que pasó en el programa asturiano?

Mantuve las denuncias. Lo hice en compañía del europarlamentario Javier Couso (hermano del reportero José Couso, asesinado en 2003 durante la invasión a Irak), ante el Europarlamento y Amnistía Internacional.

¿Han vuelto a recibir amenazas?

Cada vez que se hace una denuncia fuerte o, por ejemplo, cuando hacemos los actos de memoria de mi hermano, las amenazas reaparecen: carros extraños parqueados en frente de la casa, me intervienen el celular, llamadas extrañas a altas horas de la noche en las que nadie habla. Uno resulta acostumbrándose y naturalizando estos hechos, lamentablemente. Estamos solos. La Fiscalía como ente encargado es el responsable de investigar. ¿Cómo es posible que Néstor Humberto Martínez niegue la sistematicidad de los crímenes contra nosotros? A los líderes sociales nos están matando en medio de un proceso de paz y nadie está haciendo nada para esclarecer y evitar los asesinatos.

¿Cuál será el siguiente paso para lograr esclarecer la muerte de su hermano?

Mi familia y yo somos conscientes de que no somos los únicos en este país que han sufrido la muerte de un familiar por motivos políticos. En cierto punto incluso nos sentimos afortunados porque pudimos enterrar a mi hermano. Hemos aprendido de las experiencias en el Movice, en donde se entregan cuerpos degollados o sólo una parte de ellos. Esto nos ha ayudado a sobrellevar mejor la ausencia de Carlos. Sin embargo, no descansaremos hasta que se esclarezca su muerte. Si quieren que nos detengamos, tendrán que asesinarnos.

El 19 de enero de 2015 fue la última vez que se tuvo noticias del líder social bogotano Carlos Alberto Pedraza. El defensor de derechos humanos, miembro del Congreso de los Pueblos, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y cercano al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) apareció asesinado tres días después en zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), a 50 kilómetros de Bogotá. Pedraza, quien meses atrás había sido amenazado por las Águilas Negras junto con sus compañeros, tenía 31 años cuando una bala calibre 38 en su cabeza acabó con su vida.

El líder social, quien se desempeñaba como profesor de quinto de primaria, en sus últimos meses de vida se dedicó a realizar pedagogía en los barrios capitalinos sobre el proceso de paz. Además inició un proyecto de economía solidaria para beneficiar a un grupo de campesinos de Cundinamarca. El día que desapareció, Pedraza se dirigía a una reunión en el barrio Teusaquillo (Bogotá) en donde se encontraría con miembros de una comercializadora agropecuaria relacionada con la iniciativa del líder social. Nunca llegó a la cita.

El Espectador contactó al hermano de Carlos Pedraza, Gustavo Pedraza, quien aseguró que en este caso, al igual que los asesinatos contra líderes sociales en Colombia, no hay interés por la verdad.

¿En qué va la investigación de la Fiscalía?

No ha avanzado. Desde que comenzó, ni la Policía ni la Fiscalía se enfocaron en analizar los hechos que ocurrieron alrededor del asesinato de mi hermano, sino en encontrar elementos para dañar su imagen. Por ejemplo, vincularlo a la subversión o que su muerte se relacionaba con un tema de drogas. Cuando llegué al lugar donde encontraron el cuerpo, varios agentes de la Policía me bombardearon con preguntas y francamente me sentí hostigado. Luego iban a mi casa a realizar interrogatorios. Incluso, en una oportunidad, uno de los agentes no se quiso identificar.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de su hermano?

Casi una semana después del asesinato de mi hermano, Carlos Valdés, director de Medicina Legal, aseguró que su muerte fue por “un proyectil de arma de fuego, la cual produjo una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) realizada con un arma de baja velocidad”. Valdés me dijo que el asesinato de Carlos lo hizo “gente profesional”. Lo increíble es que las dos primeras versiones que nos dio la Sijín están muy alejadas del dictamen de Medicina Legal: primero dijeron que su muerte se dio por un accidente a bordo de una motocicleta, cuando él nunca aprendió a montar bicicleta. Después, una agente me volvió a llamar y me dijo que la causal de la muerte habría sido un golpe contundente en la cabeza. Incluso cuando fui a reclamar su cuerpo a Zipaquirá, me dijeron que sólo lo entregarían al día siguiente porque el informe policial no coincidía con la necropsia.

Usted ha denunciado que se alteró la escena del crimen. ¿En qué se basa?

Cuando llegué a la escena del crimen, sus gafas y cédula estaban a dos metros del cuerpo y, además, no fueron tomadas como material probatorio. Es importante aclarar que mi hermano no tenía ninguna relación laboral o sentimental en Gachancipá. Él no tenía ningún motivo para estar en ese municipio.

Usted asegura que a su familia la han revictimizado. ¿Cómo?

Aparte de los interrogatorios, el fiscal del caso insiste en que lo que a mi hermano le pasó no fue una desaparición forzada. Este mismo fiscal paraliza las investigaciones que pueden determinar quiénes son los responsables del asesinato. Días después del asesinato de Carlos, ellos hicieron una inspección en mi casa y tomaron fotos de cualquier cosa que pudiera dañar su imagen.

En su momento se habló de apoyo del FBI para esclarecer los hechos. ¿Qué pasó?

La única pista que se tiene del asesinato de Carlos es un carro Renault 9 color beige. Presuntamente, en ese vehículo movilizaron su cuerpo hasta Gachancipá. Sin embargo, las cámaras no identifican la placa. Es ahí donde aparece la idea de pedir ayuda a inteligencia estadounidense. Sin embargo, esto nunca prosperó. Siento que nos querían vender falsas expectativas. Pensándolo bien, me pareció algo totalmente absurdo. Supuestamente, el Estado dice que tenemos una de las policías mejor capacitadas en el mundo, y ahora les quedó grande identificar una placa.

¿Cómo han pasado su familia y usted los últimos dos años?

No hemos parado de denunciar. Los primeros meses después de la muerte de Carlos fuimos a las embajadas de Estados Unidos, Suecia, Francia, a denunciar su muerte. Durante estas acciones tuve el acompañamiento de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). Por el latente peligro que corría aquí y las reiteradas denuncias que hicimos, tuve que salir del país en junio de 2015. Yo no quería hacerlo, pero también ponía en riego a mi familia. Afortunadamente fui acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, en Gijón (España), al cual han llegado 105 personas, dos de las cuales fueron asesinadas a su regreso: Henry Ramírez Daza y Luciano Romero Molina.

¿Qué hizo durante el tiempo que pasó en el programa asturiano?

Mantuve las denuncias. Lo hice en compañía del europarlamentario Javier Couso (hermano del reportero José Couso, asesinado en 2003 durante la invasión a Irak), ante el Europarlamento y Amnistía Internacional.

¿Han vuelto a recibir amenazas?

Cada vez que se hace una denuncia fuerte o, por ejemplo, cuando hacemos los actos de memoria de mi hermano, las amenazas reaparecen: carros extraños parqueados en frente de la casa, me intervienen el celular, llamadas extrañas a altas horas de la noche en las que nadie habla. Uno resulta acostumbrándose y naturalizando estos hechos, lamentablemente. Estamos solos. La Fiscalía como ente encargado es el responsable de investigar. ¿Cómo es posible que Néstor Humberto Martínez niegue la sistematicidad de los crímenes contra nosotros? A los líderes sociales nos están matando en medio de un proceso de paz y nadie está haciendo nada para esclarecer y evitar los asesinatos.

¿Cuál será el siguiente paso para lograr esclarecer la muerte de su hermano?

Mi familia y yo somos conscientes de que no somos los únicos en este país que han sufrido la muerte de un familiar por motivos políticos. En cierto punto incluso nos sentimos afortunados porque pudimos enterrar a mi hermano. Hemos aprendido de las experiencias en el Movice, en donde se entregan cuerpos degollados o sólo una parte de ellos. Esto nos ha ayudado a sobrellevar mejor la ausencia de Carlos. Sin embargo, no descansaremos hasta que se esclarezca su muerte. Si quieren que nos detengamos, tendrán que asesinarnos.