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En 1962, cuatro años después de la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (primera en Colombia), la estudiante María Arango fue investigada y expulsada de la institución tras ser catalogada por el periódico El Tiempo de “extremista” y “violenta” a raíz de una serie de protestas en el centro de Bogotá en solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Atlántico y la Universidad Tecnológica de Tunja agredidos por la fuerza publica tras un ingreso violento en mayo de este mismo año.
Tomadas estas medidas, Camilo Torres, profesor del departamento, solicitó una reconsideración de las sanciones mediante pruebas objetivas que validaran dichas acusaciones, hecho que fue tomado nuevamente por El Tiempo como argumento para su retiro de la UNAL en junio de 1962, desconociendo de antemano que dicha decisión fue tomada realmente tras una orden del cardenal Luis Concha Córdoba, su superior eclesiástico.
Ya en 1979 los sociólogos Orlando Fals Borda, Eduardo Pizarro Leongómez y las sociólogas María Cristina Salazar y María Antonia Velasco en el marco del Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay Ayala, fueron acusados de participar en el robo de armas del M-19 al Cantón Norte de Usaquén (Bogotá), hechos por los cuales fueron capturados y recluidos en centros penitenciarios entre finales de enero y comienzos de febrero de 1979. Fals Borda, Pizarro y Velasco fueron liberados días después, pero el proceso contra María Cristina Salazar continuó por haber arrendado su casa a personas involucradas con el robo de armas, hecho que fue explicado por la misma María Cristina a través de documentación que evidenciaba un asalto a su buena fe y desconocimiento total de lo acontecido. Aún explicada la situación, a Maria Cristina Salazar se le recluyó injustamente durante 14 meses en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Durante su paso por esta prisión no tuvo posibilidad alguna de defensa y sufrió amenazas reiteradas debido a que dentro del lugar enseñaba a otras reclusas a leer y escribir.
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Durante los años posteriores, profesores y estudiantes de sociología en Colombia fueron blanco de estigmatización y violencia. En el período 2015 y 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, fueron los años donde más casos de Amenazas y Persecuciones Judiciales se registraron contra sociólogos y sociólogas en Colombia en gran parte debido al liderazgo que este departamento tuvo en las movilizaciones contra el PND, la reforma a la educación y la defensa al proceso de paz. Igualmente, bajo los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe se evidenciaron altos casos de persecución y estigma liderados incluso por el mismo exmandatario que llegó a acuñar expresiones como las de “Profesor del crimen” refiriéndose al profesor Miguel Ángel Beltrán y a las supuestas actividades subversivas que se llevaban a cabo en los centros académicos donde se enseñaba esta disciplina.
Amenazas y asesinatos, violencias más recurrentes.
Entre 1982 y 2022, el 71.5% de los 84 casos totales estudiados corresponden a violencias por amenazas y asesinatos. En el caso de las amenazas, estas ocurren de múltiples formas: a través de un correo electrónico como en el caso de los nueve estudiantes de sociología de la Universidad Nacional amenazados de muerte por el Bloque Capital/Águilas Negras en 2015; llamadas anónimas intimidantes, como en el caso de los cuatro estudiantes de sociología de la Nacional amenazados de muerte por parte de un integrante del Bloque Capital en 2014 o el atentado contra Orlando Castillo, sociólogo de la Universidad del Pacifico y coordinador general del Espacio Humanitario Puente Nayero, quien fue interceptado en Buenaventura el 23 de febrero de 2020 por sujetos desconocidos en moto que le dispararon a su vehículo, asignado por la UNP. Esta situación fue denunciada ante la policía por el propio Castillo y respaldada públicamente por organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CODHES.
Sobre los asesinatos, estos se presentan recurrentemente mediados por la participación en muchos casos de tres actores: Ejército, Policía Nacional y paramilitares. El caso de Jaime Nevado, sociólogo de la Nacional, asesinado en 1982 por el sargento del Ejército Nacional José Edimburgo Díaz, en alianza con las Autodefensas de Puerto Boyacá, la asociación de ganaderos Acdegam, el Batallón Bárbula No. 3 y la XIV Brigada del Ejército.
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El asesinato, el 7 de octubre de 1994, del estudiante de último semestre de sociología de la Univalle, César Adolfo García, evidenció un uso indiscriminado por parte de los agentes de policía de sus armas de dotación cuando irrumpieron en medio de la conmemoración del mes del asesinato de Norma Galeano lanzando disparos directos contra los estudiantes. García fue la víctima mortal.
Finalmente, el asesinato del profesor de sociología Alfredo Correa de Andréis demostró la complicidad entre sectores de las fuerzas militares quienes recopilaron información del profesor y se la suministraron a grupos paramilitares liderados por “don Antonio” para su posterior asesinato. Allí estuvieron involucrados dirigentes políticos de la Costa Norte que estaban incómodos con las investigaciones sociales del profesor y directivos del DAS, como Jorge Noguera y Javier Alfredo Valle.
Las universidades públicas, principalmente la Universidad Nacional, la Universidad de Nariño y la Universidad del Atlántico, son las que concentran el mayor número de casos de violencias contra sociólogos y sociólogas. La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, presenta 35 casos ubicados mayormente en la última década (2012-2022), lo cual coincide con el trabajo que grupos estudiantiles desde el departamento de sociología lideraron en procesos nacionales como la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil); con el apoyo al Paro Nacional Agrario del 2013, al Paro Nacional Universitario de finales del 2018 y el Paro Nacional contra el gobierno de Iván Duque entre 2019 y 2021.
Por otro lado, en el caso de la Universidad de Nariño, seis de los siete casos de los que fueron víctimas se ubicaron entre el año 2000 y 2004. Durante estos años, las llamadas Brigadas Campesinas Antonio Nariño en complicidad con militares adscritos a la Vigésima Tercera Brigada del ejército en Pasto y el DAS “tenían infiltrados la Universidad de Nariño y el Ejército entregó una lista con nombres concretos para asesinar algunos jóvenes que fueron señalados de apoyar a las guerrillas”, según se conoció en un acto de pedido de perdón por estos hechos por parte de exjefes paramilitares.
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Una situación similar ocurrió en la Universidad del Atlántico, entre 1998 y 2010. La investigación determinó que en seis de los siete casos investigados los autores eran los paramilitares en complicidad con agentes del DAS que propiciaron “al menos cincuenta desplazamientos de miembros de la comunidad universitaria, más de una decena de exilios, 22 asesinatos de estudiantes y docentes y la muerte de seis personas en medio de explosiones”, según documentó la propia universidad en un libro de construcción de memoria, titulado Las fracturas del Alma Máter, memorias de la violencia en la Universidad del Atlántico 1998 – 2010.
Algunos casos
El profesor de sociología Miguel Ángel Beltrán fue capturado y deportado en 2009 mientras cursaba estudios postdoctorales en México, bajo los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo, investigación derivada de los llamados “computadores de Raúl Reyes”. Sin embargo, en julio de 2011 fue dejado en libertad tras concluirse que su captura fue ilegal junto con los informes de policía judicial y las pruebas que se adjuntaron en dicha diligencia.
Sin embargo, en 2014, bajo las mismas circunstancias jurídicas, fue capturado y condenado a siete años y medio de prisión. Nuevamente, otra instancia judicial, esta vez la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la libertad del profesor, esta vez de manera definitiva. Estas capturas a su vez fueron soportadas por antecedentes llenos de estigma y violencia proferidos tanto como por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en medio de un consejo comunal en Leticia lo denomino “profesor del crimen” y la Procuraduría General dirigida por Alejandro Ordoñez, al señalar que Beltrán “difundió con sus escritos el pensamiento revolucionario de las Farc, divulgó las ideas del grupo armado ilegal en foros internacionales; organizó eventos en la Universidad Nacional con sentido político invitando a los estudiantes a que se unieran a las filas de las Farc y pretendió crear un centro de investigación de esa guerrilla” .
Actualmente, el profesor Miguel Ángel Beltrán sigue dictando sus cursos en el departamento de sociología de la Universidad Nacional de Colombia y liderando grupos de investigación en la misma institución. “Yo exijo una reparación simbólica que le devuelva a la comunidad sociológica un reconocimiento legitimo a raíz de los procesos de estigmatización. Es algo a lo que no voy a renunciar. Si uno ve la Comisión de la verdad, la JEP, las declaraciones que hizo el general Naranjo en ellas no reconocen siquiera en detalle las acciones que hizo, sus señalamientos. Ve uno a Santos en la Universidad cuando fue uno de los promotores de los montajes judiciales cuando fue Ministro de Defensa y después como presidente. Las reparaciones no las espero desde arriba. Esa es una lucha que aún tenemos que librar. Yo nunca me he asumido como víctima, sino como alguien que ha ejercido el pensamiento crítico y que ha tenido que asumir los costos en este país de ejercerlo”, señaló el profesor en entrevista para esta investigación.
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El 10 de diciembre de 2014 a las 7:00 pm, el estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Santiago Garcés, quien fungía para ese entonces como dirigente estudiantil adscrito a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), fue amenazado vía telefónica junto con tres compañeros de carrera por sujetos que se identificaron como integrantes del grupo paramilitar Bloque Capital. Estas amenazas respondían al acompañamiento que estos estudiantes habían realizado al profesor Miguel Ángel Beltrán en medio de su proceso judicial. La defensa que desde el departamento se hacía a los diálogos de paz en La Habana y la movilización contra el polémico Acuerdo por lo Superior 2034, Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz, propuesto por la entonces ministra de educación, Maria Fernanda Campo.
En la actualidad, Santiago Garcés Correa es investigador del Cinep/Programa por la Paz dentro del equipo de movimientos sociales. Sin embargo, reconoce que aún después de ocho años de ocurridas las amenazas contra su integridad, los efectos siguen. “La violencia en forma de amenazas, incluso sino llega al homicidio o la desaparición, generan una herida, que uno empiece a desconfiar de los compañeros. Yo mismo me arrepiento de haber pensado que un compañero que estaba en un curso era el que nos había amenazado. Las amenazas generan cosas terribles, aparte de la zozobra y el miedo de que a uno lo maten, que mis amigos del colegio me preguntaran si yo la debía. Parientes conservadores me preguntaban si yo la debía. Las amenazas disgregan movimientos, generan desconfianza, erosionan confianzas entre organizaciones estudiantiles”, comentó en entrevista para esta investigación.
El estudiante de sociología de 20 años, Arturo Bravo, sufrió un allanamiento y posterior captura en su residencia, ubicada en Bogotá el 28 de abril del 2021, fue trasladado a la URI de Puente Aranda en el marco de su presunta vinculación con los desmanes del paro nacional. Una vez allí, Arturo fue reseñado como “terrorista”, lo acusaron de desmanes en las protestas del 9 y el 10 de septiembre del 2020 a raíz del asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía.
Igualmente, a Bravo se le incautó ilegalmente un computador y un celular personal como parte del acervo probatorio en su contra. Un día después de su captura, el 29 de abril, la jueza a cargo de la imputación de cargos falló a favor del estudiante, al declarar ilegales tanto el allanamiento como su captura, y ordenando su inmediata libertad. Esta última decisión se refrendó en audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 22 de febrero de 2022.
Actualmente, Arturo cursa su semestre final en el departamento de sociología de la Universidad Nacional y sigue vinculado al proceso pues debido a la dilación en las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento por parte de las autoridades, no se ha podido cerrar definitivamente su expediente. Sobre los impactos de estos procesos judiciales y la solidaridad alrededor de su caso, Bravo mencionó para esta investigación. “uno en realidad queda con delirio de persecución. Por ejemplo, el día que me liberan, un día después por la madrugada, en Engativá, a unas cuadras de mi casa hubo una confrontación y hubo Policía, Esmad, helicópteros y yo sabía que probablemente me estaban vigilando. Sobre mi caso, agradezco principalmente a los profesores Miguel Ángel Beltran y Carlos Iván Pacheco, pues siempre me apoyaron y estuvieron pendientes de mí. Igualmente, a mis compañeros de sociología que solidariamente se organizaron y me ayudaron a conseguir abogada”.