Las versiones sobre lo que ocurrió aquella madrugada son varias. Se ha dicho, por ejemplo, que a las 4:00 a.m. Henry Pérez salió de la finca de su vecino, en la vereda Trocha Ganadera -del corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander- rumbo a la de su hermana, en donde tenía pensado pasar la mañana trabajando en una plantación de limón. Se dice también que en algún momento de la jornada Pérez argumentaba que tenía que cumplir una cita con el dueño de otro predio cercano. Lo cierto es que ese fue el último día en que alguien vio a Henry Pérez. Fue hace exactamente un año, el 26 de enero de 2016, y desde entonces nada se sabe de la suerte del líder comunitario reconocido por su trabajo en la región del Catatumbo. Ningún grupo armado ha dicho tenerlo en su poder, su familia no ha recibido pruebas de supervivencia como tampoco llamadas para pedir recompensa. Su caso, con el paso del tiempo, se convirtió en uno más de los ya varios líderes desaparecidos en el país.
Pérez venía adelantando en la región múltiples proyectos productivos y ganaderos, y había sido certificado como conciliador en equidad e impulsor al proceso de reparación colectiva de La Gabarra. Incluso la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) venía trabajando con él en el proceso de reparación colectiva de La Gabarra, en el diagnóstico de afectaciones de su comunidad, iniciativas de proyección comunitaria y resistencia pacífica, como el Festival por la Vida.
Por eso la MAPP-OEA ha hecho seguimiento del caso, preocupada también ante el difícil panorama que enfrentan los líderes sociales en el país. “Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la junta de acción comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las Farc y vislumbran otro con el Eln”, manifiesta Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, quien insiste en que la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente y que hay demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes en los territorios.
El monitoreo permanente que realiza la MAPP-OEA a las condiciones de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y la criminalidad le ha permitido realizar varios hallazgos basados en las percepciones recogidas durante el proceso. Por ejemplo, en 2016, la misión conoció más de 100 casos de agresiones contra líderes sociales, principalmente amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos. El perfil de las víctimas no es homogéneo (hay campesinos, comunales, indígenas, afros y reclamantes de tierras), aunque es evidente que en todos los casos se trataba de personas que realizaban una labor de denuncia.
Para la MAPP-OEA se trata de un fenómeno complejo cuyas causales varían dependiendo de los factores que se conjugan en el territorio: salida de las Farc de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales; tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso.
La misión encontró, además, que la responsabilidad de las agresiones también varía. Por ejemplo, en territorios como el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño se identifica como responsables a las bacrim o grupos armados organizados, como el clan del Golfo.
Para Menéndez, se trata de casos que tienen patrones similares y por ello no hay que abordarlos como hechos separados. “Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos períodos y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones (...). Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda”, concluye.
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