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El departamento del Cauca está atravesando unos días convulsos por efectos de la violencia. El reciente asesinato de Élmer Abonía, alcalde de Guachené, se suma a las acusaciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, a la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de presuntamente perpetrar una masacre el pasado viernes en la que fueron asesinadas cinco personas en Santander de Quilichao; y la consecuente instalación de un consejo de seguridad ordenado por el presidente Gustavo Petro.
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En Santander de Quilichao, consecuencia de la masacre a cinco civiles, la primera decisión fue la de militarizar el municipio; primero en la lista de comisión de masacres en el Cauca desde hace cuatro años, según cifras de Somos Defensores.
“La gente no va a estar sola. Vamos a realizar una militarización en la zona para enfrentar a estos grupos que tanto daño le hacen al país”, comentó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
En el norte caucano y en el departamento en general no hay espacio para hablar de casos aislados. Días previos a la comisión de la masacre en Santander de Quilichao, la alcaldesa de ese municipio, Lucy Amparo Gómez, le dijo a El Espectador palabras que hoy tienen más sentido que nunca: “hablar de seguridad en estos territorios no es materia exclusiva de los policías. Es asunto de todos y si como no se escuchen necesidades de sociedad civil, prevenciones o cuidados colectivos, estaremos en riesgo”.
Violencia reciente en medio de ‘paz total’
El ministro Velásquez dijo este sábado que existe una “alta probabilidad” que la masacre en Santander de Quilichao haya sido responsabilidad de la disidencia de las FARC autodenominada como Estado Mayor Central (EMC).
Situación que de confirmarse en plenitud sería grave, entendiendo que con esa estructura armada hay un cese al fuego bilateral temporal vigente.
Lo sucedido en un Cabildo indígena de Santander de Quilichao, documentado como la masacre número 93 de 2023 -según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- es el hecho de violencia criminal más reciente en Colombia.
Este mismo centro de estudios indicó que desde el pasado 16 de diciembre este es el décimo hecho en el que hay asesinatos selectivos o masacres en el Cauca. A su vez, se marcó que en la zona hay presencia de diferentes grupos armados como el Frente Jaime Martínez, Frente Dagoberto Ramos Ortiz, del Bloque occidental de las disidencias de las FARC, incursiones del ELN y bandas de carácter local. La Defensoría del Pueblo ya emitió una alerta temprana en la que advierte que los enfrentamientos entre los grupos previamente mencionados, por el control territorial de la zona y los recursos naturales, afectan a la población civil y así como ponen en riesgo la vida.
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En Toribío, Corinto, Guachené, Buenos Aires, Piendamó, Silvia, Caloto y Santander de Quilichao se han concentrado estos hechos. En cada uno con un asesinato, excepto Santander de Quilichao donde se presentó el crimen de una mujer el 18 de diciembre y la masacre de este viernes.
El común denominador de estos casos es la falta de esclarecimiento pleno sobre los responsables. Si bien hay especulaciones sobre la autoría por parte de estructuras armadas presentes en el departamento, como el ELN o el EMC de Iván Mordisco, la Fiscalía General de la Nación no ha dictaminado ninguna resolución final sobre estos casos.
Según la congresista Aida Quilcué, “ya es hora de dejar al Cauca en paz. No resistimos un muerto más y la gente siempre es el blanco de esos vejámenes. Siempre contra los mismos… siempre llenos de dolor”.
Testimonio al que se suma la voz del líder social Héctor Carabalí, quien en diálogo con este medio manifestó que “es inaudito el control que siguen teniendo los armados. No respetan y no nos cuidan como pueblos vulnerables. Lo decimos aquí en el norte y lo puede preguntar en todo el Cañón del Micay”.