Chocó: una crisis que hace recordar las peores épocas

La semana pasada se conoció la muerte de ocho de niños en Carmen del Darién (Chocó), debido al confinamiento en el que viven comunidades indígenas y negras en esa región del país por cuenta de la guerra entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). A pesar de que ese hecho elevó las alertas a nivel nacional, los chocoanos llevan padeciendo una crisis humanitaria desde que empezó la confrontación entre esos grupos armados. Los confinamientos, la violencia contra las mujeres, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes vienen de tiempo atrás.

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En Chocó recibieron con entusiasmo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Casi el 80% de quienes salieron a votar en el plebiscito de octubre de 2016 lo hicieron por el Sí, en total esa opción sumó 75.257 votos. Sin embargo, la esperanza de la paz se fue disolviendo con la incapacidad del Estado de llegar adonde esa guerrilla ejercía control. “La falta de respuesta generó una crisis al interior de los territorios porque la presencia del Eln y de las Agc generó una disputa, al no haber un Estado que llegara a hacer su labor de manera integral,” afirma un vocero de Acuerdo Humanitario Ya, iniciativa que congrega a 124 resguardos indígenas, 64 consejos comunitarios, a la Mesa Ambiental de Carmen del Atrato y a seis organizaciones de mujeres y población Lgbti del departamento.

Para este informe, conversamos con cinco líderes de la zona que, por temor a sus vidas, hicieron las denuncias a este diario, con el compromiso de no ser citados por sus nombres."Estamos a punto de un desplazamiento masivo”, dijo uno de los líderes de Acuerdo Humanitario Ya.

Ellos afirmaron que han vivido en medio de esa confrontación durante más de dos años. Y denunciaron que existe connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. “Donde se ve más abiertamente eso es en el Bajo Atrato porque la Armada está en las bocas de los ríos y por ahí entran los paramilitares. Usted los ve juntos tomando tinto”, dice uno de los voceros a nombre de Acuerdo Humanitario Ya. Una acusación que ha desmentido el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército.

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El presidente Iván Duque lideró un consejo de seguridad en Quibdó el pasado 31 de enero, y al término de la reunión el primer mandatario habló de golpes que le dieron al Eln y ofreció recompensas de 4 mil millones de pesos por los comandantes de esa guerrilla Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’, Gustavo Giraldo ,‘Pablito’, y Eliécer Chamorro, ‘Antonio García’, mientras que por el comandante de las Agc Darío Antonio Usuga, ‘Otoniel’, ofreció mil millones menos. “Nos quieren militarizar el territorio y crear redes de informantes, pero eso no es lo que nosotros queremos”, agregó un líder de la región.

Para ellos es inevitable recordar la Operación Génesis que se desarrolló en 1997 en Urabá. Dicha acción militar se hizo en coordinación con los paramilitares pertenecientes al Bloque Chocó, el Grupo la 70, el frente Arlex Hurtado y el Bloque Bananero, según quedó consignado en una sentencia del juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, (octubre 2014) en contra de 13 personas, entre ellas, Sor Teresa Gómez.

El resultado fue el éxodo de miles de habitantes de la región, tras lo cual desarrollaron megaproyectos empresariales. Un ejemplo es la implementación del proyecto de la casa Castaño llamado Urapalma que sembró miles de hectáreas de palma africana. “Si los grandes empresarios piensan hacer la misma operación saben que les va a salir bien. Hace 20 años lo hicieron, las comunidades negras e indígenas no han recuperado sus territorios y en la zona todavía están esos empresarios”, aseguran.

El aumento en los cultivos de coca es otro factor de violencia. El Urabá es un corredor estratégico para la economía del narcotráfico por tener frontera con Panamá y albergar un golfo. Pero los voceros de Acuerdo Humanitario Ya creen que los megaproyectos legales son los más interesados en sacar a los negros y los indígenas de sus territorios. Mencionan la iniciativa de construir un canal interoceánico para el tránsito de grandes embarcaciones o la vía panamericana que pretende unir a Colombia con Panamá. “Esta gente no es fácil sacarla, entonces la sacan con el plomo”, concluye uno de los líderes.

La semana pasada se conoció la muerte de ocho de niños en Carmen del Darién (Chocó), debido al confinamiento en el que viven comunidades indígenas y negras en esa región del país por cuenta de la guerra entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). A pesar de que ese hecho elevó las alertas a nivel nacional, los chocoanos llevan padeciendo una crisis humanitaria desde que empezó la confrontación entre esos grupos armados. Los confinamientos, la violencia contra las mujeres, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes vienen de tiempo atrás.

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En Chocó recibieron con entusiasmo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Casi el 80% de quienes salieron a votar en el plebiscito de octubre de 2016 lo hicieron por el Sí, en total esa opción sumó 75.257 votos. Sin embargo, la esperanza de la paz se fue disolviendo con la incapacidad del Estado de llegar adonde esa guerrilla ejercía control. “La falta de respuesta generó una crisis al interior de los territorios porque la presencia del Eln y de las Agc generó una disputa, al no haber un Estado que llegara a hacer su labor de manera integral,” afirma un vocero de Acuerdo Humanitario Ya, iniciativa que congrega a 124 resguardos indígenas, 64 consejos comunitarios, a la Mesa Ambiental de Carmen del Atrato y a seis organizaciones de mujeres y población Lgbti del departamento.

Para este informe, conversamos con cinco líderes de la zona que, por temor a sus vidas, hicieron las denuncias a este diario, con el compromiso de no ser citados por sus nombres."Estamos a punto de un desplazamiento masivo”, dijo uno de los líderes de Acuerdo Humanitario Ya.

Ellos afirmaron que han vivido en medio de esa confrontación durante más de dos años. Y denunciaron que existe connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. “Donde se ve más abiertamente eso es en el Bajo Atrato porque la Armada está en las bocas de los ríos y por ahí entran los paramilitares. Usted los ve juntos tomando tinto”, dice uno de los voceros a nombre de Acuerdo Humanitario Ya. Una acusación que ha desmentido el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército.

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Para ellos es inevitable recordar la Operación Génesis que se desarrolló en 1997 en Urabá. Dicha acción militar se hizo en coordinación con los paramilitares pertenecientes al Bloque Chocó, el Grupo la 70, el frente Arlex Hurtado y el Bloque Bananero, según quedó consignado en una sentencia del juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, (octubre 2014) en contra de 13 personas, entre ellas, Sor Teresa Gómez.

El resultado fue el éxodo de miles de habitantes de la región, tras lo cual desarrollaron megaproyectos empresariales. Un ejemplo es la implementación del proyecto de la casa Castaño llamado Urapalma que sembró miles de hectáreas de palma africana. “Si los grandes empresarios piensan hacer la misma operación saben que les va a salir bien. Hace 20 años lo hicieron, las comunidades negras e indígenas no han recuperado sus territorios y en la zona todavía están esos empresarios”, aseguran.

El aumento en los cultivos de coca es otro factor de violencia. El Urabá es un corredor estratégico para la economía del narcotráfico por tener frontera con Panamá y albergar un golfo. Pero los voceros de Acuerdo Humanitario Ya creen que los megaproyectos legales son los más interesados en sacar a los negros y los indígenas de sus territorios. Mencionan la iniciativa de construir un canal interoceánico para el tránsito de grandes embarcaciones o la vía panamericana que pretende unir a Colombia con Panamá. “Esta gente no es fácil sacarla, entonces la sacan con el plomo”, concluye uno de los líderes.