Más de 5.000 nuevos integrantes se sumaron a los grupos armados ilegales en solo un año.
Así lo alerta un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advierte que el Estado no ha podido contener el crecimiento de esas estructuras en el país. En 2025, el número de integrantes aumentó un 23,5 % frente al año anterior. Esto se traduce en 13.794 hombres en armas y 13.327 personas en redes de apoyo.
“Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas”, advierte la FIP.
El aumento de estas estructuras se dio incluso en medio de un mayor despliegue de la Fuerza Pública, que aumentó acciones en un 34 %. Sin embargo -dice el informe de la FIP- eso “no se tradujo en una mejora clara de las condiciones de seguridad, en especial en los territorios donde se desplegaron grandes operaciones para recuperar el control”. La respuesta del Estado, añade el documento, sigue siendo, en gran medida, reactiva.
Incluso los grupos armados que adelantan procesos en el marco de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro registraron crecimiento. El grupo que más aumentó fue el Clan del Golfo, con un incremento del 30 %. Eso equivale a casi 2.300 personas nuevas en sus filas.
“Hay al menos tres razones que explican por qué los grupos armados siguen creciendo: las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local; la presión derivada de nuevas disputas, producto de fracturas internas y de una mayor ofensiva de la Fuerza Pública; y, finalmente, la adopción de nuevas formas de reclutamiento, como el ofrecimiento de salarios y otros incentivos, entre ellos bonos y vacaciones”, se lee en el informe.
A estas preocupaciones se suma el incremento de las disputas entre los grupos armados que, según la FIP, en 2025 alcanzaron su nivel más alto, con un incremento del 34 % frente a 2024: pasaron de 86 a 115.
“Este repunte está relacionado con la ruptura de acuerdos que antes permitían la coexistencia entre estos grupos, como en el Catatumbo, donde desde hace un año se enfrentan el ELN y el Frente 33, y en Vichada, donde el ELN le disputa el control a la Segunda Marquetalia, además de nuevas pugnas surgidas tras la división de las disidencias”, explica el informe.
El desgaste de la paz total
En medio del fortalecimiento de los grupos armados y de los escándalos que han marcado las mesas de negociación —como el de la disidencia de Calarcá Córdoba por los archivos encontrados en sus computadores—, la política de paz total del Gobierno Petro parece estar desgastada.
“Las mesas de negociación siguen activas, pero avanzan acumulando compromisos que difícilmente se podrán cumplir. Aun así, el Gobierno sigue abriendo nuevos espacios de diálogo, como el de Tuluá, pese a que ya se evidenció que faltan capacidades para conducir estos procesos de paz urbana de manera responsable”, escribe la FIP.
Para la Fundación Ideas para la Paz, este panorama marcará el pulso de 2026 y de los últimos meses del Gobierno Petro, además de incidir en el inicio del próximo mandato, que tendrá que poner a prueba su capacidad para contener la violencia.
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