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¿Cómo ve la situación de derechos humanos en Colombia en relación con la región, incluyendo casos como el de Venezuela o Nicaragua?
En esa comparación hay una distinción muy grande. Colombia es una democracia y un Estado de derecho y eso lo diferencia de Venezuela y Nicaragua. Además, aquí hay un reconocimiento de parte del Gobierno de que la situación no es la deseable, de que hay que mejorarla. Los derechos humanos no se pueden ver aisladamente, son parte de ese tríptico que lo complementan la democracia y el Estado de derecho, y ninguno puede existir sin el otro. En Colombia hay democracia, Estado de derecho y problemas en derechos humanos, pero hay un reconocimiento de que es necesario hacer más para mejorar la situación.
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Una de las preocupaciones centrales en materia de derechos humanos son las garantías de seguridad para los líderes sociales. ¿Cuál es su impresión sobre esta situación en particular?
Es una situación preocupante. Ha sido muy significativo el aumento de asesinatos de líderes sociales desde 2016, cuando se firmó la paz. Es uno de los indicadores más preocupantes y no solo los asesinatos, también las amenazas, la estigmatización. Hay mucho por hacer en términos de proteger a los líderes sociales. Hay partes del territorio donde la situación es más crítica, sobre todo en las zonas más aisladas del centro y hay una incidencia mayor en líderes indígenas, afrodescendientes, sindicales y de restitución de tierras. Para eso el Gobierno creó el Plan de Acción Oportuna.
El acuerdo tiene mecanismos para frenar esa oleada violenta, pero el Gobierno puso en marcha justamente ese Plan de Acción Oportuna que menciona. ¿Es suficiente?
Lo que es necesario en lo referente a derechos humanos son respuestas integrales. No debe ser una política solamente de derechos humanos, no puede ser solamente el Plan de Acción Oportuna, lo importante son respuestas integrales que ataquen determinados temas. Desde luego, el tema de la institucionalidad, de la presencia del Estado en los territorios, que tiene que ir de la mano con el desarrollo económico, con combatir la exclusión y los derechos humanos son un componente, una dimensión, de toda esta respuesta integral que tiene que existir, incluyendo la implementación del Acuerdo de Paz.
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¿ Y la voluntad del Gobierno para la implementación del Acuerdo de Paz cómo la percibe?
Hay un compromiso de parte del Gobierno de seguir implementándolo, creo que en este momento es una política de Estado. Hay fallos de la Corte Constitucional que confirman que los acuerdos deben ser implementados por tres mandatos y el presidente ha dado muestras de estar comprometido con esta agenda, incluso ha visitado algunos espacios de reincorporación con embajadores internacionales de la Unión Europea y creo que eso es una muestra importante de su voluntad. Ese es nuestro llamado hacia el Gobierno, para que siga con este compromiso. Desde la Unión Europea vemos el Acuerdo de Paz en Colombia como un modelo que puede incluso servir de inspiración para otras regiones del mundo y es importante que esa implementación prosiga.
Otro de los puntos que trató durante su visita al país fue la equidad de género y los derechos de las mujeres. ¿Qué encontró sobre este tema?
En este punto hay elementos positivos y hay otros que hay que trabajar. En los positivos, creo que el tema de la paridad del Gobierno hay que resaltarlo, es uno de los pocos en la región que tiene esa composición paritaria y es importante enviar esa señal desde arriba, desde el Gobierno, de que hay ese compromiso con la equidad. Hay una vicepresidenta que es una mujer, que tiene esta agenda de género y eso es positivo. En lo que hay por mejorar, por ejemplo, vemos un aumento de los asesinatos a lideresas sociales y otra cuestión a la que hay que dar mayor atención es el tema de la equidad en el pago, todavía hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. Hay varios puntos donde hay que seguir trabajando, pero es una agenda incompleta por definición, tanto el tema de género como el de derechos humanos.
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¿Cómo ve el sistema de justicia transicional teniendo en cuenta la incertidumbre por la postura del presidente respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz?
Es una cuestión sensible, pero la justicia transicional es uno de los elementos centrales del Acuerdo de Paz y nosotros defendemos la implementación del Acuerdo de Paz. Sabemos que hay ahora esas dudas, esas objeciones presentadas por el presidente, pero no interferimos en el debate doméstico que tiene que existir sobre el tema, lo que consideramos importante es que se pueda decidir rápidamente para eliminar cualquier incertidumbre, no solo sobre la JEP, sino sobre las víctimas o las personas que se han mostrado interesadas en participar en la JEP. Es necesario garantizar, digamos, una seguridad jurídica para todos esos participantes de la implementación del proceso, por eso nos parece importante que todo esto se pueda decidir rápidamente.