Conflicto

7 May 2022 - 3:03 p. m.

El silencioso desplazamiento masivo de los líderes sociales de Arauca

En los últimos dos meses más de 15 líderes y lideresas sociales han sido desplazados de sus municipios y otros han preferido abandonar el departamento por la nueva ola de violencia que viven desde comienzos de este año. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denuncia que ninguna de las personas que han solicitado medidas de protección a la UNP este año han obtenido respuesta y piden que la Mesa Territorial de Garantías cumpla su función.
El frente Domingo Laín del Eln controla parte del piedemonte araucano. / Jose Vargas
El frente Domingo Laín del Eln controla parte del piedemonte araucano. / Jose Vargas
Foto: Jose Vargas Esguerra

Después del atentado con carrobomba al edificio Héctor Alirio Martínez el 19 de enero en la sede principal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Saravena (Arauca) en enero de este año, al menos 15 líderes y lideresas sociales han salido de sus territorios desplazados como medida para salvaguardar sus vidas del intento de exterminio al movimiento social. Juan Carlos Torregrosa, abogado, dice que los ataques a los defensores de derechos humanos han sido constantes y directos. “Después del atentado se siguieron recibiendo panfletos con amenazas directas a ciertas personas. La estigmatización está rompiendo el tejido social”.

La ola de violencia en el departamento ha ido creciendo. En los primeros 11 días del mes de abril, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que se habían presentado por lo menos siete homicidios selectivos en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame. Apenas una semana después, el 17 de abril, en Tame ocurrió una masacre que se atribuyó la guerrilla del Eln en la que fueron asesinadas cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, cuando se movilizaban en un vehículo por la vereda Las Nubes.

El trabajo de los y las lideresas sociales en los territorios, especialmente desde este año, se volvió más riesgoso y por eso, al menos trece de ellos, tomaron la decisión de salir de sus territorios para continuar con un trabajo de liderazgo a distancia y con medidas de autoprotección, pues coinciden en que el Estado no ha garantizado su integridad. Torregrosa cuenta que apenas siete líderes -de más de 60- de la Fundación tienen esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fue asignado desde 2021. Sin embargo, asegura que, aunque en los últimos dos meses por lo menos 20 de ellos han solicitado estudios de riesgo a esta entidad, ninguno ha recibido algún tipo de medida o alternativa de seguridad estatal.

(Vea: Reincorporados de Arauca, confinados y bajo el asedio de grupos ilegales)

Esta realidad no es ajena a la institucionalidad. El defensor del Pueblo Carlos Camargo, el pasado 21 de abril aseguró que, en lo que va del año, al menos 38 personas se han desplazado cada día y otras 146 han sido asesinadas solo en este departamento. Esta entidad ha emitido una alerta temprana (preventiva) este año relacionada con los riesgos a los mecanismos de participación democrática por el contexto de conflicto armado que se vive en la región. Y en marzo de 2021, de hecho, ya habían advertido del riesgo contra líderes y lideresas sociales en la alerta de inminencia 006-21, en la que especifican que “los sectores poblacionales más afectados que han sido blanco de los grupos armados no estatales son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las mujeres, la población migrante venezolana, (…) las personas vinculadas a liderazgos sociales y comunales, personas defensoras de derechos humanos”. Sin embargo, no ha habido acciones contundentes del Gobierno para protegerlos.

Una de las afectadas fue una lideresa a quien le guardaremos su nombre por seguridad. Cuenta que salió del municipio de donde es oriunda luego de que llegaran panfletos intimidantes donde aseguraban que la iban a buscar “hasta debajo de las piedras”. Antes de salir del territorio había optado por medidas de autoprotección como fue apoyar la consolidación de la guardia indígena y campesina, conformada por hombres y mujeres que se reúnen para tomar decisiones sobre la seguridad de las poblaciones. “Aunque lo de la guardia ha seguido andando, me encuentro fuera de mi lugar de residencia, del lugar donde viví toda mi vida. Estoy en un territorio que hace parte de la región que trabajo, pero no es lo mismo”, asegura.

Su trabajo social no ha cesado. Salió desplazada con su hijo pequeño y dice que la mayoría de actividades que coordinaba en Arauca las ha tenido que delegar a otras personas o tener viajes “relámpagos” para estar en comunicación con los comités de trabajo. “Es muy difícil tener que estar en un lugar distinto a donde se ha vivido siempre. A veces viajo, pero ya no puedo volver a los territorios del departamento como antes”. La mujer cuenta que fue una de las que interpuso denuncias ante la Fiscalía luego de la amenaza directa y que la UNP aseguró que avanzarían en su estudio de riesgo, pero hasta el momento no le han otorgado ninguna medida.

La abogada Marcela Cruz, también defensora de derechos humanos, explica que a la mayoría de lideres en la región les ha tocado trabajar a distancia, lo que ha interrumpido procesos sociales como asambleas, talleres, reuniones presenciales y acompañamientos a las comunidades confinadas. “Todo está suspendido. No hay condiciones para trabajar, todo toca a la distancia porque los líderes y las lideresas están refugiados en distintas partes del departamento, aunque otros tuvieron que salir”. Esta situación es grave, entre otras cosas, porque Arauca es uno de los departamentos más azotados por la guerra que se libra ahora entre la guerrilla del Eln y las disidencias del Frente 10 de las Farc. Una guerra en una zona fronteriza con Venezuela a la que se suman todas las problemáticas de la migración en dos países que rompieron relaciones diplomáticas hace más de cinco años.

(Vea: Arauca sigue en guerra y al movimiento social lo quieren exterminar)

Otra lideresa que residía en Saravena también cuenta que recibió intimidaciones directas que la llevaron a abandonar el municipio en marzo de este año. “Pensamos que teníamos garantías para quedarnos, pero muchos compañeros comenzaron a abandonar el departamento y otros se fueron de sus municipios. Nunca habíamos tenido un desplazamiento masivo como este”, cuenta desde otro departamento desde donde ha intentado continuar con el trabajo social y pedagógico que hacía con algunas comunidades capacitándolas en asuntos de salud pública. Sin embargo, dice que el proceso que ya llevaba a través de talleres y capacitaciones quedó en la mitad. “Esperamos volver al territorio porque justo ahora es cuando más se necesitan liderazgos sólidos, pero mientras tanto, trabajamos desde donde se puede”.

La virtualidad también ha sido una de las nuevas formas de trabajar de los líderes sociales desplazados en Arauca. Uno de ellos, que trabajaba directamente con proyectos medioambientales en comunidades de Arauquita explicó que tuvo que salir desplazado en abril de este año por un alto riesgo contra su vida. “He tenido que continuar algunos proyectos virtualmente. A veces la gente tiene internet y podemos trabajar, otras veces toca por teléfono. Se trata de seguir acompañando y no abandonar a quienes quedaron en los territorios”, dice.

(Lea también: Sobrevivir a la guerra y a la pobreza a orillas del río Arauca)

Sonia López, presidenta de la Fundación, sostiene que ni en los años más duros del paramilitarismo en el oriente colombiano se había atacado y desplazado al movimiento social. Es difícil hacer presencia en algunas zonas, desplazarse hacia las veredas o corregimientos es de alto riesgo y las comunicaciones con las poblaciones afectadas son difíciles. “El accionar de estas disidencias de las Farc no dista mucho del actuar paramilitar: hicieron una declaratoria de guerra contra el movimiento, nos estigmatizan y sus comunicados pareciera que fueran escritos por las Águilas Negras, solo que le cambian los logos”.

Por ahora, la petición más urgente es que se cumplan los compromisos de la Mesa Territorial de Garantías, consolidada apenas el 7 de diciembre del 2021. El abogado Juan Carlos Torregrosa explica que aunque el año pasado ganaron una tutela que obligó al Gobierno a consolidar esa Mesa, todavía no se ven los primeros frutos. “Habíamos quedado que se iba consolidar el trabajo a través de la creación de una submesa de garantías de protección para los líderes sociales, por prevención pero también para reaccionar a los casos de riesgo inminente. La Defensoría creó un grupo de WhatsApp para eso, pero pareciera que el Estado no tuviera ningún interés. No hay nada todavía”.

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