La corriente se vuelve más pesada bajo el cargamento de madera. Son tablas sobre tablas, amarradas con flejes azules, que esperan a la orilla en el municipio de Riosucio, en Chocó. Al fondo, el río Atrato también aguarda. Ha sido obligado no solo a prestar sus aguas para transportar esa carga que pronto invadirá su cauce, sino a convertirse en la ruta de salida de una mercancía ilícita que terminaría en los mercados de Europa.
La escena de 2019, pero que se ha repetido incontables veces en esta zona del Pacífico colombiano, muestra la región del Bajo Atrato chocoano en un día cualquiera; uno de tantos marcados por la tala ilegal, que se ha convertido en uno de los principales ingresos en Chocó del Clan del Golfo, la estructura armada que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que hoy está en una mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro.
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Esa economía de guerra cruza el Atlántico y prende las alertas en varios países del Viejo Continente, donde madera extraída de manera ilegal estaría llegando camuflada como si fuera legal.
Lejos del destino final de esa mercancía, el departamento de Chocó pierde su selva. Las cifras dan cuenta de la magnitud del daño y del riesgo que enfrenta además uno de los pulmones del mundo, mientras las comunidades —sobre todo indígenas y afrodescendientes— siguen sumidas en un conflicto socioambiental.
Según el más reciente informe de monitoreo de bosque y deforestación del IDEAM, Chocó es uno de los cinco departamentos que concentraron el 73 % de la deforestación nacional en 2024. En ese periodo, la pérdida de bosque fue de 6.338 hectáreas, un aumento de 364 hectáreas frente a 2023, cuando se perdieron 5.974 hectáreas. “Entre las principales causas identificadas se encuentran la praderización, la ganadería extensiva y la extracción ilegal de madera”, dice a Colombia+20 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El registro que dejó una cartografía realizada por las comunidades es más alarmante. Según se expuso en un informe del año 2024 del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep), más de 65.000 hectáreas fueron deforestadas a corte de 2023. Este número, advierte el documento, equivale a dos veces la ciudad de Medellín. Sin embargo podría ser incluso mayor, pues el área analizada no cubre la totalidad del territorio chocoano.
Esa alerta fue la que llegó al Parlamento Europeo el pasado marzo. Las eurodiputadas Cristina Guarda, de Italia, y Rima Hassan, de Francia, elevaron dos preguntas formales ante la Comisión Europea, donde se busca saber qué cadenas comerciales están recibiendo esa madera, cuyo origen marca aún más el conflicto armado en Colombia.
Sus peticiones se dieron tras un encuentro en el que miembros del programa franco-colombiano Vamos por la Paz y del Cinep expusieron los resultados del informe “Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano”, en el que muestra las afectaciones al departamento de Chocó por la deforestación.
La primera de las preguntas de las eurodiputadas indaga sobre el riesgo de que las cadenas comerciales europeas vinculadas a Colombia estén conectadas con violaciones de derechos humanos o ambientales en Chocó, y sobre los mecanismos de monitoreo para prevenir estos impactos. La segunda aborda los proyectos financiados por la Unión Europea (UE) en Colombia, en el marco de la Global Gateway, y pregunta por las salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos, así como si la financiación a proyectos depende del respeto de los derechos territoriales de las comunidades involucradas.
La Global Gateway es una iniciativa de la UE de inversión mundial que, según la página de la Comisión Europea, pretende lograr un impacto transformador en diferentes aspectos, como el climático.
Una cadena en la que se pierde la trazabilidad
La madera obtenida de forma irregular no suele quedarse en la región. La ruta que recorre para ser exportada no solo evidencia las dificultades del Estado colombiano para frenar las estructuras ilegales y proteger los bosques, sino fallas en los sistemas de control y verificación.
Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep, dice a este diario que en el país recae responsabilidad sobre entidades como el Ministerio de Ambiente, autoridades ambientales regionales como Codechocó, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y también autoridades portuarias y aduaneras. Es una cadena de responsabilidades compartidas en la que se pierde la trazabilidad.
“La madera ilegal que sale del Chocó no sigue una sola ruta, sino una cadena fragmentada”, explica Guerrero. El recurso se extrae en municipios del Bajo Atrato y otras zonas con controles débiles —como Riosucio, Unguía, Carmen del Darién, Quibdó o Bojayá. “Es un fenómeno disperso, pero territorialmente concentrado en zonas donde confluyen presión económica, débil control institucional y dinámicas de conflicto”, agrega.
Desde esos puntos, la madera se transporta por ríos hasta puntos de salida donde sigue dos rutas principales: por Urabá (Turbo y Necoclí) que conecta con Medellín, donde puede ser “legalizada” mediante documentación irregular. Otra ruta es por el Pacífico hacia Buenaventura. “Luego se exporta por puertos como Cartagena y Barraquilla hacia mercados en Estados Unidos y Europa. En Europa, suele ingresar por puertos como Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) o Valencia-Barcelona (España), desde donde se distribuye a otros países (Alemania, Francia, Italia, España) para su uso en construcción, muebles o comercialización”, advierte Guerrero.
La Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para responder a las preguntas de las eurodiputadas. Sin embargo, el comunicado emitido el 26 de marzo por Vamos por la Paz ya da pistas sobre la forma en la que se obtiene la madera que llega a ese continente: entre 2020 y 2023 —dice el documento— más del 94 % de las exportaciones de madera procesada de Colombia no contaba con certificación legal de origen, y cerca del 20 % tuvo como destino mercados europeos. “Eso plantea riesgos de que las cadenas de suministro europeas estén vinculadas a prácticas ilegales”, se lee en el comunicado.
Sara Bolaños, encargada de comunicaciones e incidencia de Vamos por la Paz y quien estuvo en la reunión con las eurodiputadas, señala que las alarmas ante la UE buscan llamar la atención internacional sobre un problema poco visibilizado. “Siempre se habla de la deforestación del Amazonas, pero nunca de la del Chocó biogeográfico, que está en peligro”, afirma.
Otro de los objetivos de elevar las preguntas tiene que ver con la responsabilidad de la Comisión Europea y del servicio de comercio exterior de la Unión Europea. “Nosotros nos reunimos con ellos prendiéndoles un poco esas alarmas, pero son ellos los que deberían tener este análisis de si hay alguna empresa intermediaria que está allá. Porque tenemos no solo este tema de la madera, sino también el de los bonos de carbono”.
También —añade Bolaños— buscan que los proyectos financiados por la UE en la región sean más transparentes, cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos y garanticen los recursos naturales.
Frente a esa cadena de irregularidades y a las alertas que llegaron hasta el Parlamento europeo, el Ministerio de Ambiente indica que ha reforzado los controles. “El 10 de marzo de 2026 lideró, en articulación con 37 autoridades ambientales y la Fuerza Pública, una intervención nacional que permitió la incautación de más de 294 m³ de madera ilegal, avaluados en aproximadamente $484 millones. Esta operación incluyó la instalación de 125 puestos de control en vías estratégicas y la verificación de 179 empresas forestales, con la participación de 608 funcionarios”, dice a Colombia+20 un vocero de esa cartera.
El papel del Clan del Golfo en la deforestación, un golpe a las comunidades
Detrás de la pérdida en el Bajo Atrato de árboles como el chontaduro, pino amarillo, guayaquil, cativo, bálsamo o choibá —que ya casi no se ven en el Bajo Atrato o han desaparecido, según señala el informe del Cinep—, está la sombra del Clan del Golfo, que, indica Bolaños, tiene cerca del 90 % del control de esa economía ilegal en la región, aunque el grupo lo ha negado.
Guerrero señala que la forma de los miembros de vincularse con esa práctica es sobre todo de control: “Cobran extorsiones, regulan quién puede explotar la madera y bajo qué condiciones, y se benefician de la economía forestal en varios territorios. Por ejemplo: en algunas zonas se reportan pagos cercanos a 30.000 pesos por cada 1.000 pies cúbicos, y en otras entre 100.000 y 150.000 pesos por volúmenes mayores. En una hectárea de bosque primario del Chocó, los cobros extorsivos pueden alcanzar entre 10 y 12 millones de pesos, mientras que en plantaciones como teca o melina oscilan entre 3,5 y 11 millones”.
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Así, la participación de las comunidades, cuando ocurre, suele estar mediada por presiones económicas, falta de alternativas y control territorial. “Muchas veces participan en eslabones iniciales y de baja rentabilidad”, dice el subdirector del Cinep.
En ese contexto, algunas comunidades —especialmente afrodescendientes, históricamente guardianas del bosque— terminan siendo cooptadas. La cooperación de estas organizaciones se convierte en una cuestión de vida o muerte. “Hay organizaciones afrodescendientes que han tenido que transar directamente con los grupos armados algunas hectáreas de sus propios territorios. El resultado es la fragmentación del tejido social”, señala Bolaños.
La deforestación ilegal no es solo entonces un golpe al equilibrio ambiental, sino a las comunidades. El impacto —advierte Guerrero— es a la “seguridad alimentaria, el acceso a recursos, las prácticas culturales y la autonomía sobre sus territorios colectivos”.
Un punto en la mesa de negociación
Cuando culminó el primer ciclo de diálogos con el Clan del Golfo en Doha (Catar), el pasado septiembre, la mesa dio a conocer que uno de los acuerdos era justamente para temas ambientales. El documento señalaba que se constituiría un grupo de trabajo bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente para abordar problemáticas de “protección de cuencas, explotación de madera, fauna, impactos en la minería y expansión de la frontera agrícola”.
“Según la información que tenemos, este tema no ha tenido avances concretos ni un desarrollo visible, pese a su relevancia en territorios como el Chocó. Esto también responde a que no necesariamente es un asunto que el actor armado tenga interés en priorizar, ya que la explotación de madera hace parte de sus fuentes de financiamiento”, afirma Guerrero.
El tema es aún más complejo —añade— si se tiene en cuenta que en medio de la tala desmedida en Chocó, quedan en evidencia fallas en el control ambiental y territorial del Estado, incluidas a entidades públicas. “Su abordaje no depende solo de la voluntad del actor armado, sino también de la capacidad del Estado para enfrentar fallas estructurales en la regulación y trazabilidad de estas economías”, dice el subdirector del Cinep.
Esas fallas quedaron expuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado, cuando el Cinep y miembros de organizaciones sociales presentaron denuncias de las comunidades del Atrato que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al poder armado del Clan del Golfo.
“Tuvieron que ir hasta Miami para poder tener respuesta del Gobierno Nacional, porque tengo entendido que a nivel nacional no se pudo concertar las medidas de protección hacia las hectáreas. No hubo respuestas oportunas. Por esa misma razón, nosotros también fuimos ante la Unión Europea”, dice Bolaños.
¿Qué se está haciendo frente a la deforestación en el Bajo Atrato?
La velocidad con la que desaparece la cobertura boscosa en Chocó no da espera y requiere de acciones urgentes. Los efectos de la explotación de los bosques –alerta el informe del Cinep– son “desecación y sedimentación de fuentes hídricas, pérdida de fauna y flora, y aumento de las temperaturas”.
Por eso –señala Bolaños– buscan que al haber expuesto el problema de deforestación ante el Parlamento Europeo, el Estado adopte medidas más firmes para frenar la tala ilegal. “Queremos que, a través del Ministerio de Ambiente, haya un estudio institucional de si esas hectáreas se puede recuperar”, explica.
MinAmbiente dice que en articulación con el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), y ante las alertas que han recibido desde el Bajo Atrato por parte de comunidades étnicas y autoridades locales, “han venido implementando medidas orientadas a frenar la deforestación y avanzar en la recuperación de áreas degradadas”.
Entre esas acciones, según indica, se encuentran la coordinación entre entidades para priorizar y hacer seguimiento a casos estructurales. También el fortalecimiento de los controles territoriales junto con el Ministerio de Defensa.
Otras de las medidas que menciona son el impulso de estrategias de gobernanza con enfoque étnico que reconocen el papel de las comunidades como autoridades ambientales y “la promoción de modelos de uso sostenible del territorio que contribuyan a reducir las presiones sobre los bosques”.
Pero los procesos no vienen solo desde la institucionalidad. Las comunidades también se han organizado para hacer trabajos de reforestación en el bosque. “Hay iniciativas muy bonitas que apoyamos en la región. Las comunidades alrededor de esta situación también hacen un proceso de resistencia”, expresa Bolaños. Una de ellas de las que apoya Vamos por la Paz es la asociación agroambiental AGRAMAR.
Son los esfuerzos de comunidades que han visto cómo ese pulmón del mundo se desgasta frente a sus ojos. Y aunque resistan, no alcanzarán a ver su recuperación: según el informe del Cinep, expertos advierten que restaurarlo podría tardar entre 300 y 350 años.
Mientras tanto, en algún lugar de Europa, alguien seguirá usando una mesa, una silla o un mueble sin saber que detrás de ello tal vez hubo un arma, una amenaza, el uso de un poder férreo ante el que algún poblador del Chocó no tuvo más opción que someterse.
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