“La guerra contra las drogas es una guerra contra los campesinos”: ONG

Organizaciones sociales de diferentes regiones del país elevaron este viernes un nuevo llamado por cambiar el enfoque de la política contra las drogas. Al menos una decena de ellas se reunieron en Bogotá en el encuentro ‘Políticas de Drogas y Alternativas para la Permanencia Digna en los Territorios’, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

“Con la coca nos llenaron de miedos: nos dijeron que la coca y la cocaína eran malas. Pero no se trata de qué está bien o qué está mal; la coca salva del hambre a la gente, si no fuera por ella, durante la pandemia hubieran muerto centenares de campesinos”, sostuvo Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonia A la Orilla del Río.

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Esa visión la respaldó Luis Felipe Cruz, investigador de la línea de Drogas de Dejusticia, quien señaló que “la guerra contra las drogas se ha utilizado para quitarle la calidad de ciudadano a las personas. Se ve al cocalero como criminal y al campesino como deforestador”

Ciro y Cruz coinciden en que las consecuencias de esa visión pueden incluso ligarse al ataque armado que ocurrió a principios de esta semana en Puerto Leguízamo, Putumayo, y que dejó 11 personas muertas en un acto que hasta hoy no se ha aclarado. Las víctimas de ese hecho, según denuncias de la comunidad, fueron líderes indígenas y campesinos, y no disidentes de las Farc ni “narcococaleros”, como ha sostenido el Ministerio de Defensa. “No somos terroristas ni narcotraficantes”, insistió Alexander Sánchez, campesino de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.

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Durante el encuentro también hubo críticas hacia el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Cruz cuestionó que el programa ha sido muy centralizado y ha reproducido los errores de programas de desarrollo alternativo anteriores. “Todo se volcó a los subsidios, pero el desarrollo comunitario se quedó sin recursos”, dijo e insistió en que el nuevo Gobierno debe realizar una reforma al PNIS para que no se convierta en un “fracaso costoso”.

Por su parte, Salomón Majbub, investigador de Indepaz, denunció que los incumplimientos al PNIS han puesto a los líderes sociales que impulsan ese programa en la mira de los actores armados que se han fortalecido en los territorios. Según esa organización, desde la firma de la paz, 103 líderes de sustitución de cultivos han sido asesinados.

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Luz Dary Granda, vicepresidenta de la Asociación Campesina del Río Nechí, del Bajo Cauca, señaló que los beneficiarios del PNIS ya no confían en el programa: “no nos han cumplido ni siquiera lo más mínimo: el Plan de Alimentación Inmediata no ha llegado a todos y el 1′800.000 de seguridad alimentaria que debía llegar en el segundo pago, cinco años después, ha llegado a medias”. Además, añadió que contrario a la promesa del Acuerdo de Paz de disminuir la brecha entre el campo y las ciudades con este tipo de programas, esta se “está abriendo cada vez más”. “El PNIS nos ha traído más pobreza, más violencia, atropellos de la Fuerza Pública y estigmatización cuando queremos defender nuestro territorio. Ya no tenemos esperanza”, sentenció Granda.

Organizaciones sociales de diferentes regiones del país elevaron este viernes un nuevo llamado por cambiar el enfoque de la política contra las drogas. Al menos una decena de ellas se reunieron en Bogotá en el encuentro ‘Políticas de Drogas y Alternativas para la Permanencia Digna en los Territorios’, organizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

“Con la coca nos llenaron de miedos: nos dijeron que la coca y la cocaína eran malas. Pero no se trata de qué está bien o qué está mal; la coca salva del hambre a la gente, si no fuera por ella, durante la pandemia hubieran muerto centenares de campesinos”, sostuvo Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonia A la Orilla del Río.

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Ciro y Cruz coinciden en que las consecuencias de esa visión pueden incluso ligarse al ataque armado que ocurrió a principios de esta semana en Puerto Leguízamo, Putumayo, y que dejó 11 personas muertas en un acto que hasta hoy no se ha aclarado. Las víctimas de ese hecho, según denuncias de la comunidad, fueron líderes indígenas y campesinos, y no disidentes de las Farc ni “narcococaleros”, como ha sostenido el Ministerio de Defensa. “No somos terroristas ni narcotraficantes”, insistió Alexander Sánchez, campesino de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.

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Durante el encuentro también hubo críticas hacia el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Cruz cuestionó que el programa ha sido muy centralizado y ha reproducido los errores de programas de desarrollo alternativo anteriores. “Todo se volcó a los subsidios, pero el desarrollo comunitario se quedó sin recursos”, dijo e insistió en que el nuevo Gobierno debe realizar una reforma al PNIS para que no se convierta en un “fracaso costoso”.

Por su parte, Salomón Majbub, investigador de Indepaz, denunció que los incumplimientos al PNIS han puesto a los líderes sociales que impulsan ese programa en la mira de los actores armados que se han fortalecido en los territorios. Según esa organización, desde la firma de la paz, 103 líderes de sustitución de cultivos han sido asesinados.

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Luz Dary Granda, vicepresidenta de la Asociación Campesina del Río Nechí, del Bajo Cauca, señaló que los beneficiarios del PNIS ya no confían en el programa: “no nos han cumplido ni siquiera lo más mínimo: el Plan de Alimentación Inmediata no ha llegado a todos y el 1′800.000 de seguridad alimentaria que debía llegar en el segundo pago, cinco años después, ha llegado a medias”. Además, añadió que contrario a la promesa del Acuerdo de Paz de disminuir la brecha entre el campo y las ciudades con este tipo de programas, esta se “está abriendo cada vez más”. “El PNIS nos ha traído más pobreza, más violencia, atropellos de la Fuerza Pública y estigmatización cuando queremos defender nuestro territorio. Ya no tenemos esperanza”, sentenció Granda.