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Muchos de los líderes sociales de Chocó, Catatumbo y sur de Bolívar ya no quieren contestar su teléfono. Algunos prefieren no exponer sus denuncias y pasar desapercibidos en medio de la multitud que recoge unas pocas prendas de ropa en cajas o maletas y sale de sus territorios sin rumbo alguno. Dejan atrás casas, animales, historias y su legado.
Hace un mes el país vio escenas como la ocurrida en Catatumbo, que revivieron los peores momentos de la guerra en Colombia. En esa zona de Norte de Santander ya hay 52.286 desplazados, y la crisis ha sido tildada por las autoridades como la más grave desde hace 28 años.
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Más reciente, la semana pasada, circuló la imagen de cientos de personas en el Medio San Juan (Chocó) intentando abordar una canoa para huir por el río de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Quienes no pudieron hacerlo fueron usados como escudos humanos por los grupos armados para defenderse de los otros combatientes.
De acuerdo con todos los diagnósticos, en esa olvidada zona del país podría ocurrir algo parecido a lo de Catatumbo. Los combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo ya suman 3.600 personas desplazadas y más de 12.000 confinadas en lo que va de 2025, según el Ejército Nacional. Y por si eso fuera poco, el sábado el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en la región del San Juan, en Chocó, que comenzará mañana 18 de febrero y se extenderá hasta las 00:00 horas del 21 de febrero (ver balcón). Igual que en Chocó, este año las comunidades han sido víctimas de desplazamiento forzado masivo en al menos seis regiones del país.
La Defensoría del Pueblo señala que más de 1.928 personas se han visto afectadas entre enero y febrero, pero la cifra podría ser mayor, pues un seguimiento hecho al desplazamiento forzado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) da cuenta de que al menos 2.900 personas han tenido que abandonar sus territorios por el conflicto armado.
Entre los municipios más afectados por este flagelo, según la Defensoría, están Briceño (Antioquia), Santa Rosa del Sur (Bolívar), El Plateado (Cauca), Tierra Alta (Córdoba) y Nóvita (Chocó).
Expertos afirman que el desplazamiento es el efecto más vivo de las disputas por el control territorial de los grupos armados. Bien sea porque quieren llegar a las mesas de negociación mostrando que son grupos sólidos o porque están peleando con otras estructuras por corredores estratégicos, hoy la dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado: ya no se trata de grupos armados contra el Estado, sino de estructuras combatiendo entre sí para lograr el mayor dominio posible.
Chocó y Catatumbo, en medio de los grupos armados
Este diario habló hace una semana con una lideresa social del Medio San Juan, en el sur de Chocó, quien denunció el incremento de los enfrentamientos entre grupos armados que ya deja serias afectaciones humanitarias.
“Hoy la subregión del San Juan, el Baudó y la costa Pacífica en el Chocó son las más afectadas por el conflicto. Durante el 2024 se presentaron más de cinco paros armados y más de 68.000 personas quedaron confinadas. Nosotros estábamos preocupados porque no sabíamos a qué hora iban a empezar las confrontaciones, pero ayer ya comenzó la presencia fuerte de los grupos armados en zonas rurales y cabeceras municipales”, dijo la lideresa, quien pidió no revelar su identidad.
Desde hace unas semanas, el conflicto armado en Chocó se ha recrudecido por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
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La gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, ha advertido sobre la escalada violenta del ELN, que, además de ejercer violencia a través del desplazamiento y el confinamiento, también ejerce tortura psicológica con el anuncio de un paro armado y la instalación de cargas explosivas.
Córdoba denunció este fin de semana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la crisis humanitaria en Chocó, señalando que desde hace 72 horas no han cesado los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La gobernadora también dijo que el 80 % del departamento está minado, lo que representa un riesgo inminente para militares y civiles.
“La subregión de San Juan lleva meses en crisis humanitaria. Señor presidente Gustavo Petro, el estado excepcional que busque atender los estragos de esta situación debe incluir al departamento del Chocó. El territorio está asediado, minado y diezmado”, dijo en su cuenta de X la gobernadora el 25 de enero.
Johana Botia, jefa de análisis y comunicaciones de OCHA, aseguró a Colombia +20 que el confinamiento también es una problemática victimizante para las comunidades, pues puede traer riesgos inminentes contra su vida y su seguridad.
“Lamentablemente, vemos cómo cada vez los grupos armados están utilizando más el confinamiento para controlar a la población y tener control social y territorial sobre los lugares donde viven. Normalmente, sucede en lugares que son estratégicos para el desarrollo de economías ilícitas, la trata de personas o el movimiento de armas”, aseguró Botia.
La crisis humanitaria en Catatumbo también ha dejado una de las cifras de desplazamiento más altas en las últimas décadas en Colombia y ha sido el detonante para que se enciendan las alarmas en el país sobre este flagelo que golpea con mucha fuerza a la sociedad.
Colombia+20 fue testigo del éxodo de personas que llegaron hasta el estadio General Santander, en Cúcuta, huyendo de la guerra que tocó los portones de sus veredas. Muchos llegaron solo con la ropa que tenían puesta, pues el miedo los obligó a salir corriendo y dejar todo atrás.
“Nos sacaron de Tibú por las amenazas directas. Fuimos declarados objetivo militar por el ELN. Con mucha tristeza nos fuimos y ahora nos han movido por todo lado por seguridad”, dijo un líder a este medio, mientras recibía ayuda humanitaria.
El desplazamiento en Catatumbo llegó con todas las formas de violencia posibles. Durante el inicio de la crisis, los albergues en Cúcuta, Tibú y Ocaña llegaron a su máxima capacidad y entre los pasillos se perdían las historias de miles y miles de desplazados que, con dolor y desconcierto, aún procesaban que lo habían perdido todo.
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Muchos de ellos aún siguen a la deriva y no han podido regresar a sus viviendas por el miedo a caer en medio de las minas antipersonales que fueron instaladas en sus viviendas, en una macabra estrategia de las guerrillas para despojar a los campesinos de sus propiedades.
El aumento de las cifras en 2025
La región del sur de Bolívar es otro de los puntos con más casos de desplazamiento en Colombia, pues, según la OCHA, este año más de 900 personas han salido por los enfrentamientos entre grupos armados.
En esa zona del país están el Clan del Golfo, la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y el ELN, quienes sostienen desde hace varios meses una disputa por el control territorial de la parte alta de la Serranía de San Lucas, punto estratégico para el manejo de las rentas criminales que quedan de la minería ilegal.
Las confrontaciones en esa zona han dejado, desde hace varios meses, serias afectaciones humanitarias a la población de municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Cantagallo, Arenal, Morales y El Bagre (Antioquia).
Francisco Méndez, investigador de la Universidad de Cartagena, explicó a este diario que la violenta arremetida de los grupos armados en este cinturón minero se debe al intento de recuperar territorios que perdieron en los últimos años y representan un enclave importante para el manejo de las economías ilegales de esa región. De hecho, se habla de alianzas entre el ELN y la disidencia de las FARC para enfrentar la avanzada paramilitar del Clan del Golfo en ese departamento.
“Esos combates se han intensificado desde el 28 de diciembre y se han ido moviendo a diferentes puntos de la Serranía de San Lucas y del sur de Bolívar, lo que causa el desplazamiento masivo”, dijo el investigador.
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Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido por lo menos 12 alertas estructurales y de inminencia para el sur de Bolívar, en las que se ha advertido del fortalecimiento del Clan del Golfo en la región y el escenario de riesgo que esto representa para las poblaciones de por lo menos 15 municipios.
La OCHA también emitió una alerta el 12 de febrero por los desplazamientos masivos y el confinamiento en 12 veredas de los municipios de Montecristo y Santa Rosa del Sur, donde más de 307 familias se han visto afectadas.
“En el sur de Bolívar la cifra puede ser mayor porque hay gente que no registra su desplazamiento. Los grupos armados están entrando casa por casa en las zonas donde se dan los combates y están decomisando los teléfonos de las personas para que no se dé a conocer la magnitud de la emergencia, entonces puede haber subregistros de una emergencia humanitaria que puede ser mucho mayor”, dijo Méndez.
Esta práctica no se está haciendo solo en el sur de Bolívar, sino que también en otras regiones como Chocó y Catatumbo, como lo han denunciado líderes sociales a Colombia+20.
El desarraigo del tejido social
Cientos de personas en Cauca y Nariño también han tenido que salir de sus territorios por la amenaza latente de los grupos armados. Esta región se caracteriza porque muchas de las poblaciones desplazadas son comunidades étnicas, como el awá, en Nariño, y los nasas y emberás en Cauca.
“El desplazamiento es una situación que impacta también a las comunidades indígenas porque se pierden la relación y las cosmovisiones ligadas al territorio, sobre todo por el abandono de estos espacios. Eso también representa una sobreafectación para los niños y adolescentes porque se ven inmersos en una dinámica del conflicto en la que sus familias deben buscar formas para llevar la vida adelante en ciudades intermedias”, explicó a Colombia+20 Francisco Daza, coordinador de paz, seguridad y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
El experto también mencionó que con las dinámicas de desplazamiento se pierden muchas garantías para volver al territorio, por lo que muchas familias víctimas de este flagelo prefieren iniciar sus vidas en un lugar desconocido, para no volver a vivir en medio de la zozobra.
“El desarraigo afecta profundamente a comunidades, muchas veces por generaciones. Perder todo lo que uno ha construido, de la noche a la mañana, es un trauma difícil de describir. Uno pierde hasta su autoestima y su confianza en el futuro. De ahí que es muy importante atender con solidaridad inmediata a situaciones de desplazamiento y empezar desde el inicio a construir soluciones duraderas para poner fin al desplazamiento”, agregó Mireille Girard, representante de la Agencia de la ONU para los refugiados en Colombia (ACNUR).
Una problemática que se repite
Está claro que el desplazamiento forzado es una práctica que nunca se ha podido eliminar en la historia del conflicto armado colombiano, pero informes entregados por la OCHA y otras organizaciones defensoras de derechos humanos muestran que es una forma de violencia que va en aumento y parece no tener freno.
La situación se da al mismo tiempo en el que el Gobierno nacional tiene abiertos nueve tableros de negociaciones con los grupos armados —al menos uno de ellos suspendido: el del ELN—, en lo que ha denominado su apuesta de paz total.
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No obstante, los territorios en Colombia están volviendo a vivir la crudeza del conflicto que no se veía con tanta intensidad desde 2014, cuando más de 312.000 personas salieron de sus fincas y parcelas por miedo a las confrontaciones armadas.
El desplazamiento forzado también es un flagelo que ha tomado fuerza tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, en un intento de los grupos armados por copar los territorios que dejaron las extintas FARC.
“Colombia, por su larga historia de conflicto armado, es uno de los países con mayores índices de desplazamiento del mundo, con un acumulado de 8,8 millones de víctimas de desplazamiento interno. Solo desde el Acuerdo de Paz de 2016, más de 1,5 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse”, dijo Girard.
Por su parte, Botia aseguró que Colombia es el cuarto país del mundo con mayor número de desplazamiento interno, después de Sudán, Siria y República Democrática del Congo.
La comunidad emberá, las mujeres del Chocó, los campesinos del Catatumbo, los niños de Sur de Bolívar y los más de 55.000 desplazados en Colombia están volvieron a sufrir una de las consecuencias más duras del conflicto armado. Durante 2025 muchas vidas han tenido que empezar de cero en lugares desconocidos, dejando en poder de los grupos armados los territorios en donde han construido su identidad. Cifras y testimonios muestran que el fantasma del desplazamiento forzado volvió con fuerza al país.
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