La decisión de la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco se impone como un castigo para las comunidades.
Este 18 de marzo, esa estructura denominada Estado Mayor Central (EMC) anunció que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a los territorios donde opera.
Según el comunicado, estas restricciones se justifican porque “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”.
La afirmación, realizada sin pruebas, cuestiona la legitimidad de estos mecanismos en terreno y abre un escenario de incertidumbre sobre la protección de las comunidades golpeadas de frente por la guerra.
En territorios con limitada presencia estatal, las misiones de verificación han sido esenciales para documentar violaciones de derechos humanos, mediar en situaciones de riesgo y facilitar operaciones de asistencia humanitaria.
Las preocupaciones sobre señalamientos a la Defensoría
Entre los puntos del comunicado de la disidencia de Mordisco que generaron alarma están las acusaciones contra la Defensoría, que señalan que la entidad habría emitido “alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial” y contribuido a “la justificación de operativos militares”.
Este jueves 19 de marzo, la Defensoría se pronunció. Según advirtió, los intentos de deslegitimar su trabajo obstaculizan la labor de funcionarias, funcionarios y colaboradores, quienes incluso en contextos adversos realizan un trabajo técnico y humano riguroso orientado a velar por los derechos humanos.
Señaló –además– que sus gestiones “son imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza”.
En su comunicado también lamentó la decisión del EMC y advirtió sobre su impacto directo en la población civil. “Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad. Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento”, escribió.
Según la Defensoría, restringir el acceso de sus funcionarios va mucho más allá de afectar su labor: es un castigo para las comunidades.
Las alertas sobre restricción en el ingreso de los organismos
La a MAPP/OEA también rechazó el anuncio y defendió la gestión que ha tenido en los territorios durante 22 años.
“Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, señaló la organización en un comunicado emitido este 19 de marzo.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también rechazó el anuncio. “En los territorios donde hay control y disputa armada, la presencia de organismos humanitarios y de verificación no es un problema: es una necesidad. Son estos mecanismos los que permiten visibilizar lo que ocurre, acompañar a las comunidades y activar respuestas frente a riesgos que, de otra manera, quedarían en silencio”, se lee en un comunicado.
Bloquear el ingreso de estos organismo que permiten acompañar a la población civil y activar alertas tempranas frente a emergencias aumentaría, entonces, el aislamiento y el control armado.
“No solo afecta la transparencia sobre lo que pasa en los territorios, sino que termina fortaleciendo dinámicas de control social armado, donde se regula quién entra, qué se dice y qué se conoce. Eso, en la práctica, deja a las comunidades más expuestas y con menos garantías”, escribieron desde Indepaz.
El panorama es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que esta disidencia no está en una mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2024, cuando el Ejecutivo decidió levantar el cese al fuego por los ataques de la estructura conta la población civil; en uno de esas acciones violentas murió Carmelina Yule Paví, lideresa indígena del pueblo Nasa del Cauca.
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Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de DD. HH. del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), expresó su a través de X: “Esto no es nada bueno y debe abordarse de urgencia, los impactos humanitarios en la región son desbordantes, esta limitación implicará un vacío en la atención a las víctimas y la protección. La acción defensorial son vitales no se pueden limitar o impedir”.
¿Dónde opera la disidencia de Mordisco y qué departamentos quedarían afectados?
Las afectaciones podrían extenderse a decenas de municipios en diferentes regiones del país. Según Insight Crime, a pesar de las fracturas internas que ha tenido esa estructura armada, el “EMC sigue siendo la estructura de las disidencias de las extintas FARC con mayor alcance territorial, número de combatientes y control sobre un amplio portafolio criminal”.
Las zonas donde hace presencia esa disidencia son el sur, oriente y occidente del país. Sus bastiones principales se encuentran en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, desde donde se han expandido a Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima y Huila. Además, operan en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en la costa del Pacífico.
Este escenario evidencia la gravedad del bloqueo y plantea un desafío inmediato para la labor de los organismos encargados de velar por los derechos de la población civil en territorios con limitada presencia estatal.
Lo que está en juego es la capacidad misma de monitorear lo que ocurre en territorios donde el conflicto armado golpea de frente a las comunidades.
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