Disidencias de las Farc: ¿simples bandidos?

El secuestro de Herley Pérez por parte de la disidencia del frente 1 de las Farc puso de nuevo sobre la mesa la discusión sobre las trayectorias que siguen los grupos armados después de su desmonte parcial en contextos de transición. Desde hace un tiempo, hemos venido advirtiendo que esto sería algo inevitable y que no se pueden reducir a simples “bandidos”, como de forma obtusa lo ha expresado el ministro de defensa.

Si se mira el contexto general y la forma acelerada en que está cambiando el conflicto armado, estas expresiones armadas en formación, a las que se le suman milicias, crimen organizado, redes de intermediarios del narcotráfico y grupos guerrilleros (Eln y Epl), entre otros, pueden tener un impacto significativo, limitado a entornos regionales y locales, en los que justamente se desarrollan los acuerdos y se vive el día a día de la transición.

La disidencia de las Farc que le dijo no a la paz

Aún desconocemos la suerte de Herley, funcionario de UNODC, quien en el momento de su secuestro se encontraba apoyando una jornada de socialización del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), en la vereda Barranquillita (Miraflores, Guaviare). En todo caso, este no es un hecho aislado, ya que esta disidencia, al igual que las de los frentes 7, 16 y 44 que operan en Guaviare, Guanía y Vaupés, han venido lanzando alertas sobre lo que puede significar la persistencia de estructuras armadas en el actual escenario. Algunas alertas son:

Impacto humanitario, capacidad armada y alto poder criminal

En el último año estas disidencias han llevado a cabo varias acciones: el hostigamiento a un puesto de votación en Miraflores (Guaviare), el día del plebiscito; la activación de un artefacto explosivo en el municipio de El Retorno (Guaviare) que dejó cinco heridos; el sabotaje a los programas de sustitución de cultivos por medio de panfletos en los que prohíben participar a los campesinos; y el hostigamiento a una patrulla del Ejército y la Policía en San José del Guaviare (Guaviare) que dejó tres muertos y un herido, así como el secuestro de cinco extranjeros en Vaupés.

También han prohibido trabajar a los pescadores de la región. Y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que este grupo ha venido utilizando y reclutando menores de edad y confinando poblaciones. Estas disidencias también conservan el control de las economías criminales de la región, en la que se concentran aproximadamente 11.300 hectáreas de cultivos de hoja de coca. También mantienen el control de rutas para el narcotráfico y el contacto con grupos como el Clan del Golfo y el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.

Entorno frágil e incertidumbre

Hay poca claridad sobre el camino que van a seguir estas disidencias en el mediano y corto plazo. De constituirse en un poder armado, formar alianzas o cooptar a otros grupos criminales preexistentes y consolidar las relaciones con agentes internacionales, estaríamos ante un escenario más territorializado que supera la falsa dicotomía crimen–conflicto. Este escenario, por ser limitado, no se puede menospreciar, pues en todo caso seguirá afectando la seguridad física de las personas que habitan en esta región y que esperan ser integrados a las instituciones formales y legales del Estado. Asimismo, esto escenario implica aceptar que estos grupos, más que bandidos, son competidores y saboteadores directos de la acción del Estado en términos de control terrestre y fluvial, gobernabilidad, desarrollo y de la necesidad imperativa del reemplazar un modelo agrónomo-exportador basado en la hoja de coca.

Perplejidad estatal y respuestas reactivas

Es por lo anterior que llama la atención que la respuesta oficial no haya sido la de hacer un balance más riguroso de los cambios internos de estas organizaciones durante la guerra y la negociación. Por el contrario, junto con las Farc, insistieron en que su unidad de mando, cohesión, lealtad y disciplina frente al proceso de paz era un hecho irrefutable. Siendo que esta y otras regiones del país nos muestran que las Farc, como cualquier grupo armado en contextos de guerra, no es homogénea, presenta variaciones internas y pueden continuar con caminos diferenciados que pueden poner en entredicho la estabilidad de la paz. Experiencias anteriores en Colombia y trabajos como los de Paul Staniland y Sarah Zuckerman así lo demuestran.

Como cualquier organización, las Farc no son una “caja negra”, sino que está compuesta por individuos con motivaciones que no se reducen a las económicas, y con aspiraciones y recorridos particulares en la guerra, quienes están en plena capacidad de conformar facciones rebeldes. Estas expresan la evolución organizacional de los grupos armados al vaivén de la guerra, de la acción militar del Estado y de disputas internas que surgen en contextos de negociación. Por ejemplo, un efecto de la estrategia militar contra las Farc en los últimos 15 años fue su pérdida de cohesión interna y la aceleración en el relevo de sus liderazgos.

Hasta ahora la respuesta del Estado se ha concentrado en incautaciones de material de guerra, destrucción de laboratorios, bombardeos, expropiación de bienes, restricciones de beneficios judiciales y mecanismos de vigilancia fronteriza con el gobierno de Brasil. Acciones necesarias sin lugar a duda, pero reactivas y consabidas, al fin y al cabo.

No obstante, no es claro el impacto que estas medidas han tenido y tendrán sobre las disidencias y bajo qué marco están siendo combatidas y, por ende, si es necesario replantear la clasificación que hace el Estado del crimen organizado, a la luz del nexo conflicto armado–crimen que no ha terminado y muestra nuevos rasgos. De igual manera, resulta llamativa la actitud de perplejidad de las partes involucradas con respecto al secuestro de Herley. Mientras que el gobierno se limitó a rechazar el hecho y anticipar su liberación, las Farc dijeron que constituía una complicación para el proceso de paz y la ONU exigió su liberación inmediata.

Esta una oportunidad para pensar en estrategias de prevención –articuladas e institucionalizadas y no dependientes del funcionario de turno– frente a las acciones de los diferentes saboteadores armados que persistirán y surgirán. A la par que se debe celebrar la reducción de la violencia, la victoria que representa para el país el acuerdo de paz y los inmensos logros en estos cinco meses de implementación, es necesario aceptar que estamos aún lejos de la manida “paz completa”. Que admitir los riesgos de la persistencia y reincidencia de la violencia significa reconocer que el camino de la paz está lleno de problemas que deben llamarse por su nombre y sin minimizarlos, lo cual no es sinónimo de fracaso, de dar una mala imagen en el exterior o “dar papaya” a la oposición. Parece que la lección de 2006, luego de la desmovilización parcial de las Auc, no nos hubiera dejado ninguna enseñanza.

El secuestro de Herley Pérez por parte de la disidencia del frente 1 de las Farc puso de nuevo sobre la mesa la discusión sobre las trayectorias que siguen los grupos armados después de su desmonte parcial en contextos de transición. Desde hace un tiempo, hemos venido advirtiendo que esto sería algo inevitable y que no se pueden reducir a simples “bandidos”, como de forma obtusa lo ha expresado el ministro de defensa.

Si se mira el contexto general y la forma acelerada en que está cambiando el conflicto armado, estas expresiones armadas en formación, a las que se le suman milicias, crimen organizado, redes de intermediarios del narcotráfico y grupos guerrilleros (Eln y Epl), entre otros, pueden tener un impacto significativo, limitado a entornos regionales y locales, en los que justamente se desarrollan los acuerdos y se vive el día a día de la transición.

La disidencia de las Farc que le dijo no a la paz

Aún desconocemos la suerte de Herley, funcionario de UNODC, quien en el momento de su secuestro se encontraba apoyando una jornada de socialización del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), en la vereda Barranquillita (Miraflores, Guaviare). En todo caso, este no es un hecho aislado, ya que esta disidencia, al igual que las de los frentes 7, 16 y 44 que operan en Guaviare, Guanía y Vaupés, han venido lanzando alertas sobre lo que puede significar la persistencia de estructuras armadas en el actual escenario. Algunas alertas son:

Impacto humanitario, capacidad armada y alto poder criminal

En el último año estas disidencias han llevado a cabo varias acciones: el hostigamiento a un puesto de votación en Miraflores (Guaviare), el día del plebiscito; la activación de un artefacto explosivo en el municipio de El Retorno (Guaviare) que dejó cinco heridos; el sabotaje a los programas de sustitución de cultivos por medio de panfletos en los que prohíben participar a los campesinos; y el hostigamiento a una patrulla del Ejército y la Policía en San José del Guaviare (Guaviare) que dejó tres muertos y un herido, así como el secuestro de cinco extranjeros en Vaupés.

También han prohibido trabajar a los pescadores de la región. Y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que este grupo ha venido utilizando y reclutando menores de edad y confinando poblaciones. Estas disidencias también conservan el control de las economías criminales de la región, en la que se concentran aproximadamente 11.300 hectáreas de cultivos de hoja de coca. También mantienen el control de rutas para el narcotráfico y el contacto con grupos como el Clan del Golfo y el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.

Entorno frágil e incertidumbre

Hay poca claridad sobre el camino que van a seguir estas disidencias en el mediano y corto plazo. De constituirse en un poder armado, formar alianzas o cooptar a otros grupos criminales preexistentes y consolidar las relaciones con agentes internacionales, estaríamos ante un escenario más territorializado que supera la falsa dicotomía crimen–conflicto. Este escenario, por ser limitado, no se puede menospreciar, pues en todo caso seguirá afectando la seguridad física de las personas que habitan en esta región y que esperan ser integrados a las instituciones formales y legales del Estado. Asimismo, esto escenario implica aceptar que estos grupos, más que bandidos, son competidores y saboteadores directos de la acción del Estado en términos de control terrestre y fluvial, gobernabilidad, desarrollo y de la necesidad imperativa del reemplazar un modelo agrónomo-exportador basado en la hoja de coca.

Perplejidad estatal y respuestas reactivas

Es por lo anterior que llama la atención que la respuesta oficial no haya sido la de hacer un balance más riguroso de los cambios internos de estas organizaciones durante la guerra y la negociación. Por el contrario, junto con las Farc, insistieron en que su unidad de mando, cohesión, lealtad y disciplina frente al proceso de paz era un hecho irrefutable. Siendo que esta y otras regiones del país nos muestran que las Farc, como cualquier grupo armado en contextos de guerra, no es homogénea, presenta variaciones internas y pueden continuar con caminos diferenciados que pueden poner en entredicho la estabilidad de la paz. Experiencias anteriores en Colombia y trabajos como los de Paul Staniland y Sarah Zuckerman así lo demuestran.

Como cualquier organización, las Farc no son una “caja negra”, sino que está compuesta por individuos con motivaciones que no se reducen a las económicas, y con aspiraciones y recorridos particulares en la guerra, quienes están en plena capacidad de conformar facciones rebeldes. Estas expresan la evolución organizacional de los grupos armados al vaivén de la guerra, de la acción militar del Estado y de disputas internas que surgen en contextos de negociación. Por ejemplo, un efecto de la estrategia militar contra las Farc en los últimos 15 años fue su pérdida de cohesión interna y la aceleración en el relevo de sus liderazgos.

Hasta ahora la respuesta del Estado se ha concentrado en incautaciones de material de guerra, destrucción de laboratorios, bombardeos, expropiación de bienes, restricciones de beneficios judiciales y mecanismos de vigilancia fronteriza con el gobierno de Brasil. Acciones necesarias sin lugar a duda, pero reactivas y consabidas, al fin y al cabo.

No obstante, no es claro el impacto que estas medidas han tenido y tendrán sobre las disidencias y bajo qué marco están siendo combatidas y, por ende, si es necesario replantear la clasificación que hace el Estado del crimen organizado, a la luz del nexo conflicto armado–crimen que no ha terminado y muestra nuevos rasgos. De igual manera, resulta llamativa la actitud de perplejidad de las partes involucradas con respecto al secuestro de Herley. Mientras que el gobierno se limitó a rechazar el hecho y anticipar su liberación, las Farc dijeron que constituía una complicación para el proceso de paz y la ONU exigió su liberación inmediata.

Esta una oportunidad para pensar en estrategias de prevención –articuladas e institucionalizadas y no dependientes del funcionario de turno– frente a las acciones de los diferentes saboteadores armados que persistirán y surgirán. A la par que se debe celebrar la reducción de la violencia, la victoria que representa para el país el acuerdo de paz y los inmensos logros en estos cinco meses de implementación, es necesario aceptar que estamos aún lejos de la manida “paz completa”. Que admitir los riesgos de la persistencia y reincidencia de la violencia significa reconocer que el camino de la paz está lleno de problemas que deben llamarse por su nombre y sin minimizarlos, lo cual no es sinónimo de fracaso, de dar una mala imagen en el exterior o “dar papaya” a la oposición. Parece que la lección de 2006, luego de la desmovilización parcial de las Auc, no nos hubiera dejado ninguna enseñanza.