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Hacia las 10:00 a.m. de este jueves 30 de julio, dos policías antinarcóticos y un civil erradicador murieron por la detonación de artefactos explosivos improvisados en la vereda Brisas del Picudo, del municipio de Puerto Caicedo (Putumayo). El hecho sucedió mientras los grupos móviles de erradicación de coca, integrados por uniformados y civiles, adelantaban esos operativos contra los cultivos de uso ilícito en la zona.
Según la información de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en el hecho otros tres uniformados resultaron heridos, de los que hasta el momento no se conoce su estado de salud. Según dijo la Policía, fueron evacuados en un helicóptero hacia un centro asistencial.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo, que condenó lo sucedido, explicó que los integrantes de la Fuerza Pública vienen ejecutando operativos de erradicación desde hace varios meses en la inspección de Arizona. Denunció que “comunidades campesinas en distintos lugares del medio y bajo Putumayo han manifestado a la Red su preocupación por la instalación de campos minados y explosivos que colocan en riesgo la integridad física y psicológica de todas las personas”.
Según cifras de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma), adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde que se empezó a utilizar la erradicación manual forzada de coca en Colombia, en 2006, hasta el 31 de marzo de 2020, 457 personas que desarrollaban esas operaciones fueron víctimas de minas antipersonales, de las cuales 417 (el 91%) eran civiles. De esos civiles, 43 murieron.
Justamente este jueves, la Procuraduría General hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Putumayo para que les den alternativas inmediatas a las familias que viven del cultivo de coca, frente al retraso en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), al que están inscritas 20.331 familias en el Putumayo. Dijo la Procuraduría que el Gobierno Nacional y la Gobernación deben responder “a los incumplimientos relacionados con la falta de recursos para la puesta en marcha de proyectos productivos”.
“El ente de control pidió al Gobierno nacional establecer una ruta clara con modelos alternativos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y crear un espacio de trabajo con las familias que no están vinculadas al PNIS, que involucre de manera permanente a los representantes de la Gobernación de Putumayo y de las alcaldías de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo”, dijo la Procuraduría.
El hecho se produce además en el mismo departamento en el que el pasado 3 de julio, el campesino Educardo Alemeza Papamija murió por disparos de la Policía Antinarcóticos, también en medio de operativos de erradicación forzada de coca, esa vez en Puerto Asís.
Distintas organizaciones sociales, centros de pensamiento y autoridades locales y regionales le han insistido al Gobierno Nacional que suspenda los operativos de erradicación forzada de coca durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido enfático en defender que esas operaciones no se detendrán y continuarán con lo pronosticado para 2020, cuya meta de erradicación forzada se fijó en 130.000 hectáreas.