Ejército se contradice y no despeja dudas sobre operativo en Putumayo

Cinco días después del operativo, militares todavía custodiaban la vereda. / Mauricio Alvarado Lozada

Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Han pasado 20 días desde que se llevó a cabo el operativo militar en la vereda Alto Remanso (Puerto Leguízamo, Putumayo) y las versiones oficiales sobre lo ocurrido han venido cambiando. Aunque el Ejército se mantiene en que las 11 personas que murieron integraban la estructura armada Comandos de la Frontera, un alto funcionario del Ministerio de Defensa nos confirmó que solo reconocerían haber “dado de baja” a ocho de las víctimas mortales, y no a 11 como lo reportaron en las primeras declaraciones. Las otras tres, dice el alto funcionario, habrían caído por balas del grupo armado ilegal que, según las autoridades, ellos integraban.

Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, y su esposa Ana María Sarrias, una mujer de 24 años, embarazada y madre de dos niños, serían dos de esas tres víctimas por las que el Ejército no se responsabilizaría en su nueva versión: “No tenemos reporte de que estuvieran armados”, señalan desde el Ministerio de Defensa, luego de haber sostenido por dos semanas que habrían sido parte de las personas “neutralizadas” por los militares en medio de un operativo que se presentó como un duro golpe a las disidencias del sur del país.

No obstante, en diálogo con Noticias RCN el pasado 11 de abril y ante la pregunta de qué pruebas existían para incriminar a la mujer embarazada, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, respondió que ella “estaba en combate, en la línea de muerte”. Su afirmación no coincide con la que dio el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, al día siguiente en entrevista con La W. Allí mencionó que “(Ana María) empezó a quitarle el material de guerra al personal (de las disidencias de las Farc) que estaba muerto y luego lo tiró al río.” Una fuente del Ministerio de Defensa nos confirmó que, a pesar de esa afirmación, los buzos que inspeccionaron el río Putumayo en esa zona no encontraron ningún arma.

El operativo militar, ejecutado el 28 de marzo pasado en la vereda Alto Remanso, a unas cuatro horas en lancha desde Puerto Asís, ha tenido varias inconsistencias que este diario, junto a la revista Cambio y Vorágine, han denunciado. Por ejemplo, el hecho de que la población civil asegura que el Ejército se habría presentado como guerrilla en medio de los ataques y que habría atacado a civiles desarmados, como sostienen los testigos y sobrevivientes. La Defensoría del Pueblo, que llegó al lugar seis días después de los hechos y un día luego de que arribaran las organizaciones sociales y los periodistas, confirmó que habrían muerto civiles en medio del ataque: “El presidente de una JAC, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas”.

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Aunque desde el pasado 11 de abril esta alianza informativa ha solicitado, a través de la oficina de prensa, entrevista formal con algún representante del Ejército o Ministerio de Defensa por este caso, ninguno ha accedido a esta petición. No obstante, ante otros medios sí han dado declaraciones el mayor general Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3 Suroccidente; el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, y el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército.

Aunque estos mandos militares han asegurado que la totalidad de las víctimas mortales estarían reseñadas en informes de inteligencia militar como integrantes del grupo residual 48 de las disidencias de las Farc, los prontuarios, que están en manos de alianza periodística son escuetos y no reseñan el rol que presuntamente tendrían las 11 personas en esa estructura armada ilegal. En muchos de estos documentos la vinculación con el grupo armado se habría hecho únicamente por la información suministrada por las tropas militares al momento del operativo.

Sobre el origen del operativo, las versiones del Ejército han apuntado a que el trabajo de inteligencia habría comenzado desde septiembre de 2021, seis meses atrás. La versión oficial desde el Ministerio de Defensa siempre ha sido que se trató de una acción contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno, y otro comandante conocido en la guerra como Managua. Ambos serían, según las autoridades, jefes del frente 48. Una fuente cercana al proceso judicial señaló que “la orden de captura contra Bruno fue emitida en octubre del año pasado”. En la rueda de prensa del 6 de abril, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la operación militar fue legítima. “Sabíamos dónde operaban los cabecillas y la amenaza que representaban para la población”, afirma. Aun así, Bruno, el principal objetivo de la operación, no cayó en el operativo, no quedó herido y tampoco fue capturado .

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Por ahora hay dos versiones de los militares sobre Bruno, el supuesto jefe de finanzas de esa disidencia. La primera fue entregada por algunos militares a los periodistas en el Alto Remanso, y en ella aseguraron que el domingo 27 de marzo, una noche antes de dar el golpe militar, habrían visto al hombre salir de la vereda. Sin embargo, habrían seguido adelante con el operativo por Enuar Ojeda Sánchez, a quien inteligencia militar identifica con el alias de Managua, una de las once personas muertas en el operativo.

Por otro lado, el general Correa, en entrevista con La W aseguró que los militares apenas se habrían dado cuenta de la ausencia de Bruno el lunes por la mañana, luego del ataque armado. “Al momento de la operación, se estima que Bruno estaba en el lugar (…) posteriormente, con inteligencia militar, nos enteramos que él salió desde la noche anterior”. Una fuente del Ministerio de Defensa señala que no hubo claridad de la salida del jefe de finanzas una noche antes del operativo, “los militares vieron que salió una lancha con base de coca, pero el informe no dice que ahí haya salido Bruno”.

¿Quién abrió fuego?

Sobre quién abrió fuego primero, los testimonios de los habitantes del Alto Remanso coinciden en que habría sido el Ejército el que, desde las montañas en la parte trasera del caserío habrían hecho tres disparos. En la rueda de prensa del 6 de abril, los militares explicaron que el día del operativo, después de un trabajo de observación, sobre las 6:40 a.m., “reportan la presencia de una estructura armada, de unos sujetos que estaban vestidos de civil y portando armas largas que estaban en ese sector y comienzan a salir del caserío (...). En ese momento inician los combates, sobre las 7:20 a.m.”.

Esta versión se complementa con la que nos entregó una fuente del Ministerio, en la que se señala que cuando observan a tres hombres armados que intentan montarse a una lancha, las fuerzas especiales piden permiso para “lanzar el operativo y atacan”. Esta versión no coincide con las declaraciones dadas el pasado 12 de abril por el general Correa sobre este mismo asunto en Caracol Radio, cuando negó que el Ejército hubiese comenzado el enfrentamiento. “En el momento del combate empiezan a dispararnos miembros de esta estructura armada. Dispararon de forma indiscriminada hacia todas las direcciones”.

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Esclarecer quién fue el primero en disparar es clave para la investigación, como lo explica el abogado Antonio Varón Mejía, profesor de la Universidad del Rosario y experto en Derecho Internacional Humanitario (DIH): “Allí entra en juego el principio de distinción, que se puede volver difuso, porque acá no está claro si se debió aplicar el DIH, pues este grupo no está reconocido como actor del conflicto armado. Entonces, no es claro si sería legítimo volverlo objetivo militar”, explica.

Sobre este asunto, el general Zapateiro, por ejemplo, aseguró que los militares tuvieron “clarísimo” el principio de distinción de cada “blanco” que resultó muerto en las operaciones. Esa es otra de las grandes contradicciones que hay entre las versiones oficiales y los testimonios de la comunidad. Así lo corroboran más de 30 testimonios que recopilamos los periodistas en el territorio y que coinciden en que a esa hora, sobre las 7:20 a.m., varios de los pobladores estaban fuera de sus casas. Algunos apenas estaban retornando a sus viviendas, otros estaban en estado de embriaguez a las afueras de las casetas, algunas mujeres estaban recibiendo turno en la cocina y otras personas más atravesaban la vereda de lado a lado.

Tuvimos acceso a un audio en el que una de las sobrevivientes, residente del Alto Remanso, pudo grabarse en el momento en que el Ejército los tenía en la mitad de la cancha, como ya reveló este diario a través de una fotografía en la que se observa a unas 50 personas sentadas en la cancha donde aseguran que los tuvieron retenidos, justo después de que terminara el operativo militar. En su relato se alcanza a escuchar el helicóptero militar de fondo y dice: “Hay personas heridas y hay unas personas muertas. Lo hago a escondidas porque no nos permiten nada. Nos tienen sentados aquí desde las 6 a.m. sentados al sol y al agua sin comer. Somos civiles y necesitamos ayuda de la ONG o los derechos humanos. No se identifican, no tienen parches, no tienen el nombre del camuflado ni nada. Llegaron con sacos negros y sudaderas verdes. Sin parches y sin nombres, se identificaron como guerrilla y no son guerrilla, son militares, supuestamente”.

De la población retenida después del operativo la versión oficial que el general Correa le entregó al diario El Tiempo es que los militares habrían “reunido” a la población “porque se presentó una asonada en horas de la tarde por parte de pobladores del lugar, que amenazaron al personal de la Fiscalía y adulteraron la escena”. Sin embargo, todos los habitantes que entrevistamos negaron que se hubiera tratado de algún ataque contra las autoridades y, por el contrario, denuncian que se habría tratado de una especie de secuestro. “Después de varias horas tuvimos que pedirle a los militares que nos dieran agua para los niños. Cuando queríamos ir al baño, por ejemplo, los militares nos decían que teníamos que ir de a dos personas y cogidos de la mano mientras un militar esperaba afuera”, denunció una mujer de 31 años.

A pesar de esto, el general Correa ha negado la presencia de civiles en el momento del operativo militar. En la rueda de prensa aseguró que “había más o menos 15 hombres con armas largas para tratar de asesinar a nuestros soldados”. Seis días después, en la entrevista con Caracol Radio, aseguró que serían seis los hombres armados que identificaron. “El día lunes no había población en el caserío, no estaban en la cancha de fútbol, no estaban por fuera bailando, no estaban en ningún bazar, no estaban en ninguna actividad. Nuestros grupos observan que hay seis miembros de la estructura armada caminando hacia el embarcadero”.

Mientras tanto, fuentes del Ministerio señalaron que el operativo se realizó contra tres hombres armados, aunque en los documentos de inteligencia militar, habrían sido identificados entre 15 y 18 hombres del grupo armado que habrían estado de forma intermitente en los tres días del bazar.

(Lea: “Operativo en Putumayo ¿qué dicen las organizaciones sociales?)

¿Manipulación de cuerpos?

El general Zapateiro, en Noticias RCN, fue contundente al decir que “los muertos en desarrollo de las operaciones quedaron alineados en el río y dos de ellos quedaron en la parte de la retaguardia”. Esta afirmación va en contravía con lo que han denunciado los pobladores del Alto Remanso y con las fotografías de los cadáveres, en poder de El Espectador, la revista Cambio y Vorágine, (y que no serán publicadas por la sensibilidad de las imágenes) en las que se ven los cuerpos de algunas víctimas, como el del gobernador Pablo Panduro, a más de 60 metros de la orilla del río, sobre la cancha de fútbol.

El comandante del Ejército, en esa misma entrevista, asegura que “los soldados no tocaron ni un solo cadáver”, pero hace la excepción de lo que habría sucedido con dos cuerpos, uno de ellos el de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años. “Hubo un desprendimiento de la parte de la ribera izquierda del río que se estaba llevando esos cadáveres, entonces la Armada Nacional los recuperó y los colocó en el lugar donde estaban en ese momento, en la ribera”. Precisamente, por el caso de Brayan Santiago, esta alianza informativa conoció tres fotografías, que están en poder de la Fiscalía, y que probarían que el cuerpo del adolescente habría sido arrastrado del lugar donde cayó. Además, demostraría que le habrían puesto un fusil sobre el cuerpo después de muerto, según el análisis de un médico forense que consultamos sobre este material.

Según esta versión de Zapateiro, apenas habrían sido dos los cuerpos que los militares habrían cambiado de lugar. Sin embargo, tuvimos acceso a las actas de inspección técnica a cadáver, en poder de la Fiscalía, en las que se confirma que el Ejército, junto a los investigadores del CTI en terreno, sí movieron todos los cuerpos. “Estando en el lugar, personal militar en compañía de los funcionarios del CTI, adscritos a la Unidad Especial de Investigación de la ciudad de Bogotá (nombran los funcionarios), trasladaron los cuerpos a una zona segura con el fin de que personal del CTI Puerto Asís - Putumayo realizara la inspección técnica a cadáver”.

Lea: “CIDH pide investigación y claridad sobre 11 muertos en Putumayo”

La información que diligenciaron los funcionarios del CTI tampoco coincide con la que entregó el general Correa en su entrevista en Caracol Radio, en la que afirma que, después de “dos horas de combate nutrido no pudimos insertar los helicópteros (...), por eso coordinamos con la Infantería de Marina para asegurar el sitio. A las 9:40 a.m., cuando el fuego bajó, el área fue asegurada”. Sin embargo, en las actas de inspección técnica, los investigadores de policía judicial negaron haber recibido el lugar asegurado.

(Vea: “Periodistas que investigaron operación en Putumayo denuncian señalamientos”)

De acuerdo con la versión del general, que es similar a la que se entregó en rueda de prensa del 6 de abril, sobre las 11:50 a.m. ingresó a la vereda un helicóptero en el que arribaron los funcionarios del CTI a realizar los actos urgentes. No obstante, en el documento de inspección técnica a cadáver entregado por la Fiscalía, los dos funcionarios de policía judicial reportaron conocimiento de los hechos hasta las 14:20 horas. Los documentos de inspección técnica tienen hora de diligenciamiento a las 15:45, cuatro horas después del reporte que da el Ejército.

Sobre la posible manipulación de cuerpos, las actas judiciales conocidas por este diario y analizadas por un forense, indicarían que todos los cuerpos fueron encontrados en posición “natural”, es decir, que no habrían sido movidos o alterados del lugar donde cayeron. Lo contradictorio es que, según el experto consultado, “por la posición en la que describen los cuerpos (boca arriba, con las palmas de las manos hacia arriba y sin pliegues en las extremidades), pareciera que los cuerpos hubieran sido enfilados en algún lugar para que el CTI luego realizara los actos urgentes”.

“Los 11 muertos pertenecían a las disidencias”

El señalamiento de que las 11 personas muertas en el operativo eran integrantes o combatientes de los Comandos de la Frontera es uno de los asuntos que más ha puesto en riesgo a las familias de las víctimas. Después del operativo, varios de ellos denunciaron estar siendo víctimas de estigmatización, intimidaciones y amenazas por la supuesta pertenencia de sus seres queridos a la disidencia de las Farc.

En los prontuarios de los muertos se especifican los “alias” de cada persona y las razones para su vinculación a la estructura ilegal. En muchos de ellos, la única observación vinculante son testimonios de militares durante ese operativo. Uno de los casos que más llama la atención es el prontuario de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años, cuya única información registrada es “personal comprometido en la operación militar manifesta observar durante el desarrollo de la maniobra a esta persona portando arma larga realizando desplazamiento en posición de combate en dirección hacia la tropa”. No hay registro, en este documento, de ningún otro tipo de antecedente identificado por la inteligencia militar para señalarlo de pertenecer al grupo armado.

Este caso es similar al de Ana María Sarrias, la mujer de 24 años, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal y que ha sido señalada por el Ejército de haber lanzado al río armamento y municiones del grupo armado. Esa es la única información que aparece en su prontuario, en el que además se le relaciona con el alias “Dayana”, con lo que han buscado vincularla al grupo armado, a pesar de que han negado que estuviera en calidad de combatiente.

Otro tema que llama la atención es que en el organigrama del Gaor 48, que presentaron los militares en la rueda de prensa del pasado 6 de abril, de las 11 víctimas del operativo militar solo figura Managua, lo que podría indicar que, en caso de que se logre comprobar que había más integrantes del grupo armado dentro de las víctimas, no habrían ocupado un mando alto, ni siquiera un mando medio dentro de la organización.

La débil prueba del Ejército contra el gobernador indígena Pablo Panduro

En ese listado también aparece Pablo Panduro Coquinche, el gobernador indígena del resguardo kichwa del Bajo Remanso, a quien le llamaban de cariño en la comunidad Pantalón, pero que el Ejército asegura que ese apodo sería su alias. Según el prontuario del gobernador, la única vinculación que tendrían para asegurar que engrosaba las filas de los Comandos de la Frontera sería que, personal militar en el operativo señala haberlo visto “portando arma larga y disparando hacia la tropa. Tenía fusil con mira”.

Lo que llama la atención es que donde se explica la vinculación de la persona con el grupo armado refieren un testimonio de un desmovilizado que lo habría mencionado, pero aclaran: “Mencionada entrevista no se encuentra firmada, por tal motivo hasta el momento no cuenta con validez”.

De hecho, varios testimonios de personas que lo conocieron en la comunidad rechazaron que el líder indígena perteneciera a algún grupo armado y, de hecho, aseguraron que en varios de sus proyectos en el Bajo Remanso habría liderado procesos para mantener a la población civil al margen de los grupos armados. “Si fuera cierto que él integraba el grupo armado como dice el Ejército, por qué no lo capturaron antes, si era la persona más rastreable de las víctimas porque estaba reconocido por la alcaldía y por el Ministerio del Interior como autoridad indígena”, reclama una de sus hijastras desde Puerto Leguízamo.

En eso coincide Aureliano Garreta, otro líder indígena de ese territorio que dice que, aunque no fue cercano al gobernador, conoció su trabajo porque coincidieron en reuniones para planear proyectos con los niños, niñas y adolescentes para fomentar las costumbres étnicas a los más pequeños. “Como comunidades indígenas nosotros nos identificamos unos con otros y Pablo era uno de los líderes firmes para rechazar a los grupos armados al interior de las comunidades, porque defendía la neutralidad de la población civil”, asegura.

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La familia del gobernador asegura que no han podido retonar a la finca en la vereda desde el día de los hechos por las amenazas que han recibido, a pesar de que su familiar fue autoridad indígena durante tres años consecutivos en el cabildo del Bajo Remanso: “Nos dicen que no podemos ir a la finca porque todo está muy caliente todavía, nos han tildado de guerrilleros, sabiendo que todo mundo conocía el trabajo de Pantalón y aunque mi mamá carga con las carpetas en las que se le reconocía como gobernador indígena ante el Gobierno. Su esposa, Fideligna Gaitán, dice resignada que “ahora salieron con que era miliciano, pero era la persona que más se movía en Puerto Leguízamo”. ¿Por qué las autoridades no lo capturaron antes siendo una persona tan pública en el municipio? Siguen las dudas.