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En la madrugada del 13 de julio de 2021 la vida cambió para una decena de familias rurales al sur de Puerto Concordia (Meta). Aquel día, 11 hombres habitantes de la zona fueron capturados por la Sijín del Guaviare, con el respaldo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía General de la Nación.
Con orden de allanamiento en mano y pocas palabras por parte de las autoridades, como quedó registrado en videos grabados por los vecinos, a los capturados se los llevaron a un centro policial en San José del Guaviare, acusados de talar de forma ilegal más de 2.000 hectáreas de bosque nativo en el sur del Meta, en la frontera entre ambos departamentos.
A este grupo, la Fiscalía los presentó como “Los Taladores”, una red delincuencial. De hecho, en un documento emitido tras la legalización de las capturas, el ente investigativo aseguró que ellos “mantenían contactos con las disidencias de las Farc y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019” y que al parecer transportaban la madera obtenida en sus talas “por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas”. Un perfilamiento completo que los puso entre la espada y la pared ante un juez de control de garantías en la capital del Guaviare.
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Dos días después, el 15 de julio, en la audiencia de imputación colectiva, los 11 campesinos fueron inculpados por los delitos de concierto para delinquir agravado, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y daño a los recursos naturales renovables. A siete de estos hombres se les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en residencia (casa por cárcel), mientras que los cuatro restantes fueron privados de su libertad de forma intramural en San José del Guaviare, sindicados de ser los líderes de la organización y un peligro latente para la sociedad. Ellos son: Félix Hernando Jiménez León, Fernando Cuervo Díaz, Alfredo Jiménez León y Andrés Romero Abril.
Por vencimiento de términos, todos los sindicados salieron de sus respectivas medidas de aseguramiento el pasado 3 de agosto. Ahora, claman su inocencia con pruebas testimoniales y documentales de lo que, según ellos, fue el más reciente caso de “falsos positivos judiciales” que dejó una de las últimas fases de la Operación Artemisa para dar resultados de captura. Una pena que para ellos les quitó casi 13 meses de vida.
Versiones encontradas
En el organigrama que manejó la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Félix Hernando Jiménez y Fernando Cuervo aparecen como los dos cabecillas de la organización de tala de madera y puente entre las personas dentro de ese negocio y estructuras guerrilleras en La Macarena. José Alfredo Jiménez figura como administrador de un depósito en la vereda Aguas Claras (Puerto Concordia), lugar que supuestamente recibía las cargas de madera que luego eran transportadas por vía fluvial. Y Andrés Romero aparece como el responsable de vender la madera talada ilegalmente en Bogotá y en los municipios metenses de Acacías y Guamal.
Sin embargo, la actividad maderera de los señalados estaría regulada por completo y al día con las autoridades ambientales del departamento. Colombia+20 obtuvo documentos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), en los que queda certificado que la compañía Aserrío El Samán, propiedad de Félix Hernando Jiménez, se encuentra al día con los trámites frente a la máxima autoridad ambiental del Meta.
Explícitamente, hay constancia de que Aserrío El Samán es una empresa con depósito que “se encuentra debidamente registrada ante Cormacarena como empresa forestal para la comercialización de madera y ha cumplido con los informes exigidos por el Régimen de Aprovechamiento Forestal, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente n.° 1076 de 2015”, como se lee en el texto emitido en 2020.
Lo dicho en este documento es compatible con un certificado de matrícula mercantil de persona natural, con el que la Cámara de Comercio de Villavicencio certificó a Félix Hernando Jiménez, quien aparece con número de matrícula 316007, con fecha de renovación del 18 de marzo de 2020.
Mientras el proceso continúa, los acusados se defenderán en libertad. Sin embargo, dicen que pese a no ser condenados, la vida se les “ha vuelto una pesadilla”. “A los cuatro que nos encerraron en Guaviare no nos bajaron de guerrilleros y criminales. A mí me pusieron el alias de Eli y así figuro en los documentos de la Fiscalía. A Fernando Cuervo lo denominaron Pichirilo y le inventaron una cantidad de delitos que no ha cometido. Por más de que tuviéramos documentos en regla, no nos escucharon y no cumplieron con la normativa de vencimiento de términos”, le dijo a este diario Félix Hernando Jiménez.
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“Nos metieron un año a la cárcel para dar resultados falsos. No solo nos vinculan con grupos armados de los que hemos sido víctimas, sino que esas investigaciones faltas de rigor dijeron que amenazábamos a nuestra propia comunidad y que entre los cuatro nos lucrábamos a punta de matar nuestros bosques. Es más, Andrés Camilo Romero nunca formó parte de las empresas de madera, sino que era nuestro cliente”, narró el trabajador de la madera.
Este diario consultó a los voceros de la comunidad de la vereda en Puerto Concordia, para valorar las acusaciones de la Fiscalía, en las que advirtieron en julio de 2021 que “Los Taladores” “habrían amenazado a las comunidades vecinas para que no los denunciaran”. Según la comunidad de la zona, los señalados son víctimas de la disidencia que opera en la zona, a la que han tenido que pagarle extorsiones, como todos los que ejercen actividades comerciales en la región.
“Ni Félix ni ningún otro muchacho que se llevaron ese día cometía delitos. Es más, ellos pagaban extorsiones a la guerrilla para que los dejaran vender su madera por el Ariari. Los conocemos de toda la vida y ahora lo que nos duele es que están quebrados por tanto pago de abogados… son gente humilde y los señalaron arbitrariamente quién sabe por qué”, compartieron opiniones dos vecinos en la vereda Guarapayas, que pidieron reserva de identidad por su seguridad.
A su turno, la personera de Puerto Concordia, Yeimmy Moreno, le reconoció a este diario que desconoce muchas cosas del proceso judicial de estas personas, “pues si bien son vecinos del municipio, cuando suceden este tipo de cosas, la gente suele ir más a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, aprovechando su cercanía y capacidades institucionales”, sostuvo.
En lo referente a las actividades de los sindicados, la personera Moreno sólo identificó a Alfredo Jiménez León, de quien dijo que es un “comerciante independiente, bien conocido por las personas del pueblo desde hace muchos años y de quien no se tiene malas referencias”.
El vencimiento de términos no es el final del lío jurídico en el que están metidas estas 11 personas. Seguirán vinculadas al caso, en línea con los procesos judiciales que se avecinen.
La versión de la Fiscalía
De acuerdo con la entidad judicial, “la juez 3 penal del Circuito Especializado de Villavicencio, dejó vencer los términos para terminar audiencia de sustentación escrito de acusación. El fiscal requirió a la juez sobre este vencimiento próximo y que se agilizará el desarrollo de la audiencia de sustentación del escrito de acusación. La juez le dijo que esa era su agenda y que no tenía campo de como agilizar las audiencias y llevan un año sustentando el escrito de acusación. El fiscal tiene los correos y ha asistido a las 5 sesiones realizadas”.
Respecto al caso particular de los cuatro hombres que fueron enviados a la cárcel, la Fiscalía acotó que con ellos “se hizo preacuerdo por concierto para delinquir e ilícito aprovechamiento de recursos naturales y esta para aprobación y traslado del 347 con juez 2 Especializado de Villavicencio”.
Por último, el ente investigativo desestimó las versiones de los sindicados, las cuales afirmaban que esto formó parte de la última fase de la Operación Artemisa: “No es ningún operativo de Artemisa. Es tráfico de madera y para la época Cormacarena tenía suspendidos los permisos de aprovechamiento forestal y las guías de transporte”, le dijeron a este diario.