"El plan para proteger a líderes es totalmente militarista": plataformas de DD.HH.

La estrategia defendida por el Gobierno Nacional para frenar la ola de violencia contra líderes sociales en el país no ha llenado las expectativas de las plataformas de derechos humanos y distintas organizaciones sociales. Son varios los reclamos elevados al Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), entre los cuales resalta la vinculación con dicho programa del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien en principio fue designado como director del PAO, pero luego fue asignado como un ‘enlace’ con la Fuerza Pública.

El cambio de rol del general Barrero, como lo contó Colombia2020, lo aclaró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, luego de que dichas plataformas anunciaran que no lo reconocerían como interlocutor al considerarlo moralmente impedido para el cargo por sus antecedentes que lo involucran con investigaciones de falsos positivos y casos de estigmatización a líderes sociales.

Contexto: El general Leonardo Barrero ya no es el director del plan para proteger a líderes sociales

Sin embargo, que el general Barrero siga vinculado al PAO no genera tranquilidad entre las organizaciones sociales que cuestionan los criterios para seleccionar a quienes están al frente de la protección de líderes, teniendo en cuenta que entre enero de 2016 y diciembre de 2018 han sido asesinados 431 líderes y defensores de derechos humanos en el país, según la Defensoría del Pueblo.

En diálogo con Colombia2020, Franklin Castañeda, delegado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que hace parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, señaló que además de las objeciones al general Barrero, difieren del enfoque del PAO pues este presenta un excesivo énfasis militarista y se aleja de un abordaje integral al problema.

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el general Leonardo Barrero no preside el Plan de Acción Oportuna pero que está vinculado a él como un enlace con la Fuerza Pública. ¿Cuál es la preocupación frente a la permanencia del general en el programa?

Lo primero que hay que señalar es que la información que hasta el momento ha entregado el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, es confusa. Primero, daba cuenta de que esta persona efectivamente sí era el director del Plan de Acción Oportuna. Luego, cuando las plataformas de derechos humanos y movimientos sociales y de víctimas reaccionamos sobre esta designación, entonces el Gobierno cambia un poco la versión, plantea que él no es el director pero que sí va a estar vinculado al equipo de trabajo que hace parte del PAO estableciendo una especie de relacionamiento con la Fuerza Pública. 

A nosotros nos continúa preocupando porque básicamente si hablamos de la necesidad de brindar protección a líderes sociales en Colombia, lo mínimo que esperamos es que haya una verificación, no solo de antecedentes sino también de los perfiles que se escogen para desde el Estado trabajar en pro de la labor de la protección y la garantías a los líderes.

Lea también: Los cuestionamientos al general Barrero, el designado para proteger a líderes sociales

¿La insistencia en que el general Barrero permanezca en el PAO muestra que en el programa hay un enfoque militarista?

Más que la presencia del militar Barrero, lo que hasta el momento se conoce del PAO nos hace pensar que tiene un enfoque que va más encaminado a que prevalezca la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones y en particular la que ataca a los líderes sociales. 

El PAO termina insistiendo mucho en fórmulas que en el país ya hemos vivido: mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa. En los municipios donde se están asesinado a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. El PAO va muy de la mano con la reedición que estamos viendo de la política de seguridad democrática. 

 ¿Hacia dónde debería estar enfocada la política para protección de líderes en el país?

Hay una serie de decretos que vienen del gobierno anterior y que nacen producto de la implementación del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, el decreto 660 de abril de 2018 de protección a comunidades, que plantea la necesidad de una concertación de medidas que van más allá de lo policial y de lo militar para la prevención de agresiones a comunidades y por supuesto a sus líderes.  Ese decreto está olvidado. No se está impulsando por parte del Gobierno Nacional.

Similar ocurre con el decreto 2124, del que nacen las alertas tempranas. El Estado tiene el deber de organizar la respuesta rápida a las alertas tempranas. Si bien hay que reconocer que tras más de 90 alertas que ha dispuesto la Defensoría del Pueblo, el Estado ha venido reuniéndose en cabeza de la ministra del interior, para intentar examinarlas, lo cierto es que de momento no hay un plan de respuesta rápida en ninguno de los municipios sobre los cuales hay una alerta temprana.

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Desde el Gobierno anterior se venía trabajando en planes piloto para la protección de líderes. ¿Cuáles son y en qué estado se encuentran?

Se dispuso generar un proyecto piloto en San José de Ure, en Córdoba; Alto Mira y Frontera, en Tumaco; en El Tarra, Norte de Santander; y en Guapi, Cauca. Si bien se desarrollaron las reuniones con las comunidades, se desarrolló el proceso de concertación, se llegó a unos acuerdos sobre medidas a implementar, esas medidas no se han implementado. Tenemos, por ejemplo, que en San José de Uré, ya hay una presencia de actores armados consolidada, incluso en el casco urbano. Estamos hablando en este caso de Los Caparrapos.

Otro de los organismos que debería haber sido creado a raíz del Acuerdo de La Habana es el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep). ¿Qué paso con esta instancia?

El Sisep no está funcionando. Lo primero que debe crear el Sisep es una alta instancia que está en cabeza del presidente de la República, en la que participan varios altos cargos del Estado.  Y si la cabeza no está funcionando, todas las funciones que le quedan al Sisep no tienen quién las impulse. Lo que vemos es que es un Gobierno que no dice que va a hacer trizas el Acuerdo, pero en la práctica lo que se ve con la falta de implementación, con la agenda legislativa que ha impulsado el Gobierno, es que de manera silenciosa sí está planteando desconocer el Acuerdo de Paz y matarlo por la vía de la no implementación. 

¿Es decir que en materia de protección a líderes el Gobierno no está cumpliendo lo pactado en La Habana?

La intención es desconocer lo que nace del Acuerdo de La Habana por la vía de reemplazarlo por una política de Gobierno. Reemplazar los compromisos del Estado que nacen del Acuerdo de La Habana y quitarse la presión internacional que tiene encima sobre la necesidad de dar respuesta por el homicidio de los líderes sociales pero no siguiendo la ruta acordada en La Habana, que se ha concertado con los líderes sociales, sino siguiendo una ruta propia de este gobierno y que lleva en medio, a nuestro juicio, un exceso de militarización de la ruta o de la concepción de seguridad en cabeza de la Policía y de las Fuerzas Militares y no una intervención integral del Estado. 

¿En la definición de la política pública para la protección de líderes, es decir el PAO, no se tuvo en cuenta la participación de las plataformas de derechos humanos ni sus recomendaciones?

Hasta el momento no. Pero esa concertación no se ha acabado. Hay que recordar que el gobierno se ha dado un plazo hasta junio 30 para la concertación de la política, entonces de momento lo que vemos es que hace falta una concertación. Hace falta un diálogo con las organizaciones y sobre todo vemos que el gobierno ha reemplazado o quiere reemplazar los espacios naturales para ejercer ese diálogo. No puedo decir que no se ha dado totalmente la concertación porque en los tiempos todavía hay un plazo para que esa concertación se pueda dar.

Frente a este panorama, ¿cuál es su percepción sobre el compromiso real del Gobierno con la protección a líderes y defensores de derechos humanos en el país?

Este Gobierno tiene claro que la presión social, la presión internacional, la presión de los medios de comunicación sobre este asunto, lo convierte en un tema central que obliga a que el Estado colombiano en conjunto brinde respuesta al tema. 

La discusión es por medio de qué estrategia el gobierno va a intentar darle solución a esta problemática: si es por la ruta que ya está concertada, que nace de los acuerdos de La Habana y que ha sido socializada con líderes sociales, o es a partir de una ruta que el gobierno quiere imponer con deficiencias enormes hasta el momento, con un énfasis totalmente militarista como lo es lo que hasta el momento hemos visto del llamado PAO. Lo que esperamos es que el Gobierno pueda darse cuenta que el rumbo que hasta el momento ha tomado no es el adecuado y que se necesita una intervención integral del Estado y que vamos a necesitar muy seguramente partir de lo ya construido, que es lo que nació del Acuerdo de La Habana y que el Gobierno tiene la obligación de cumplir.

La estrategia defendida por el Gobierno Nacional para frenar la ola de violencia contra líderes sociales en el país no ha llenado las expectativas de las plataformas de derechos humanos y distintas organizaciones sociales. Son varios los reclamos elevados al Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), entre los cuales resalta la vinculación con dicho programa del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien en principio fue designado como director del PAO, pero luego fue asignado como un ‘enlace’ con la Fuerza Pública.

El cambio de rol del general Barrero, como lo contó Colombia2020, lo aclaró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, luego de que dichas plataformas anunciaran que no lo reconocerían como interlocutor al considerarlo moralmente impedido para el cargo por sus antecedentes que lo involucran con investigaciones de falsos positivos y casos de estigmatización a líderes sociales.

Contexto: El general Leonardo Barrero ya no es el director del plan para proteger a líderes sociales

Sin embargo, que el general Barrero siga vinculado al PAO no genera tranquilidad entre las organizaciones sociales que cuestionan los criterios para seleccionar a quienes están al frente de la protección de líderes, teniendo en cuenta que entre enero de 2016 y diciembre de 2018 han sido asesinados 431 líderes y defensores de derechos humanos en el país, según la Defensoría del Pueblo.

En diálogo con Colombia2020, Franklin Castañeda, delegado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), organización que hace parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, señaló que además de las objeciones al general Barrero, difieren del enfoque del PAO pues este presenta un excesivo énfasis militarista y se aleja de un abordaje integral al problema.

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el general Leonardo Barrero no preside el Plan de Acción Oportuna pero que está vinculado a él como un enlace con la Fuerza Pública. ¿Cuál es la preocupación frente a la permanencia del general en el programa?

Lo primero que hay que señalar es que la información que hasta el momento ha entregado el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, es confusa. Primero, daba cuenta de que esta persona efectivamente sí era el director del Plan de Acción Oportuna. Luego, cuando las plataformas de derechos humanos y movimientos sociales y de víctimas reaccionamos sobre esta designación, entonces el Gobierno cambia un poco la versión, plantea que él no es el director pero que sí va a estar vinculado al equipo de trabajo que hace parte del PAO estableciendo una especie de relacionamiento con la Fuerza Pública. 

A nosotros nos continúa preocupando porque básicamente si hablamos de la necesidad de brindar protección a líderes sociales en Colombia, lo mínimo que esperamos es que haya una verificación, no solo de antecedentes sino también de los perfiles que se escogen para desde el Estado trabajar en pro de la labor de la protección y la garantías a los líderes.

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¿La insistencia en que el general Barrero permanezca en el PAO muestra que en el programa hay un enfoque militarista?

Más que la presencia del militar Barrero, lo que hasta el momento se conoce del PAO nos hace pensar que tiene un enfoque que va más encaminado a que prevalezca la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones y en particular la que ataca a los líderes sociales. 

El PAO termina insistiendo mucho en fórmulas que en el país ya hemos vivido: mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa. En los municipios donde se están asesinado a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. El PAO va muy de la mano con la reedición que estamos viendo de la política de seguridad democrática. 

 ¿Hacia dónde debería estar enfocada la política para protección de líderes en el país?

Hay una serie de decretos que vienen del gobierno anterior y que nacen producto de la implementación del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, el decreto 660 de abril de 2018 de protección a comunidades, que plantea la necesidad de una concertación de medidas que van más allá de lo policial y de lo militar para la prevención de agresiones a comunidades y por supuesto a sus líderes.  Ese decreto está olvidado. No se está impulsando por parte del Gobierno Nacional.

Similar ocurre con el decreto 2124, del que nacen las alertas tempranas. El Estado tiene el deber de organizar la respuesta rápida a las alertas tempranas. Si bien hay que reconocer que tras más de 90 alertas que ha dispuesto la Defensoría del Pueblo, el Estado ha venido reuniéndose en cabeza de la ministra del interior, para intentar examinarlas, lo cierto es que de momento no hay un plan de respuesta rápida en ninguno de los municipios sobre los cuales hay una alerta temprana.

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Desde el Gobierno anterior se venía trabajando en planes piloto para la protección de líderes. ¿Cuáles son y en qué estado se encuentran?

Se dispuso generar un proyecto piloto en San José de Ure, en Córdoba; Alto Mira y Frontera, en Tumaco; en El Tarra, Norte de Santander; y en Guapi, Cauca. Si bien se desarrollaron las reuniones con las comunidades, se desarrolló el proceso de concertación, se llegó a unos acuerdos sobre medidas a implementar, esas medidas no se han implementado. Tenemos, por ejemplo, que en San José de Uré, ya hay una presencia de actores armados consolidada, incluso en el casco urbano. Estamos hablando en este caso de Los Caparrapos.

Otro de los organismos que debería haber sido creado a raíz del Acuerdo de La Habana es el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep). ¿Qué paso con esta instancia?

El Sisep no está funcionando. Lo primero que debe crear el Sisep es una alta instancia que está en cabeza del presidente de la República, en la que participan varios altos cargos del Estado.  Y si la cabeza no está funcionando, todas las funciones que le quedan al Sisep no tienen quién las impulse. Lo que vemos es que es un Gobierno que no dice que va a hacer trizas el Acuerdo, pero en la práctica lo que se ve con la falta de implementación, con la agenda legislativa que ha impulsado el Gobierno, es que de manera silenciosa sí está planteando desconocer el Acuerdo de Paz y matarlo por la vía de la no implementación. 

¿Es decir que en materia de protección a líderes el Gobierno no está cumpliendo lo pactado en La Habana?

La intención es desconocer lo que nace del Acuerdo de La Habana por la vía de reemplazarlo por una política de Gobierno. Reemplazar los compromisos del Estado que nacen del Acuerdo de La Habana y quitarse la presión internacional que tiene encima sobre la necesidad de dar respuesta por el homicidio de los líderes sociales pero no siguiendo la ruta acordada en La Habana, que se ha concertado con los líderes sociales, sino siguiendo una ruta propia de este gobierno y que lleva en medio, a nuestro juicio, un exceso de militarización de la ruta o de la concepción de seguridad en cabeza de la Policía y de las Fuerzas Militares y no una intervención integral del Estado. 

¿En la definición de la política pública para la protección de líderes, es decir el PAO, no se tuvo en cuenta la participación de las plataformas de derechos humanos ni sus recomendaciones?

Hasta el momento no. Pero esa concertación no se ha acabado. Hay que recordar que el gobierno se ha dado un plazo hasta junio 30 para la concertación de la política, entonces de momento lo que vemos es que hace falta una concertación. Hace falta un diálogo con las organizaciones y sobre todo vemos que el gobierno ha reemplazado o quiere reemplazar los espacios naturales para ejercer ese diálogo. No puedo decir que no se ha dado totalmente la concertación porque en los tiempos todavía hay un plazo para que esa concertación se pueda dar.

Frente a este panorama, ¿cuál es su percepción sobre el compromiso real del Gobierno con la protección a líderes y defensores de derechos humanos en el país?

Este Gobierno tiene claro que la presión social, la presión internacional, la presión de los medios de comunicación sobre este asunto, lo convierte en un tema central que obliga a que el Estado colombiano en conjunto brinde respuesta al tema. 

La discusión es por medio de qué estrategia el gobierno va a intentar darle solución a esta problemática: si es por la ruta que ya está concertada, que nace de los acuerdos de La Habana y que ha sido socializada con líderes sociales, o es a partir de una ruta que el gobierno quiere imponer con deficiencias enormes hasta el momento, con un énfasis totalmente militarista como lo es lo que hasta el momento hemos visto del llamado PAO. Lo que esperamos es que el Gobierno pueda darse cuenta que el rumbo que hasta el momento ha tomado no es el adecuado y que se necesita una intervención integral del Estado y que vamos a necesitar muy seguramente partir de lo ya construido, que es lo que nació del Acuerdo de La Habana y que el Gobierno tiene la obligación de cumplir.